Sorpresivamente el Presidente Boric anunció que desde su perspectiva, en caso de que en plebiscito de salida del 4 de septiembre gane el Rechazo lo que él planteará al país será promover una nueva Convención Constitucional para que pueda elaborar una nueva proposición de un nuevo texto constitucional a ser planteada a la ciudadanía.

Esto sorprendió transversalmente al mundo político ya que el Gobierno se resistía a conversar sobre un plan B en caso de que ganara el Rechazo.

Al anticipar un plan de acción en caso del triunfo del Rechazo hubo sectores políticos que han leído esta propuesta como un reconocimiento temprano de una posible derrota en las urnas del apruebo (“sepulta al apruebo”, “en un error político apresurarse” se repitió en las filas gubernamentales) y anticipan que realiza esta propuesta política para conservar algún margen de acción en el escenario post plebiscito de salida.

Hay otros -fans del gobierno- que destacan la maniobra como una genialidad del Presidente de la República que incrementa y visibiliza “los costos de transacción” en juego en el plebiscito, anticipa un largo y pedregoso camino en caso de ganar el Rechazo; por esa vía busca persuadir a los electores de que busquen una vía más rápida (hagámosla corta) para avanzar en el tema constitucional y con este plan B lo que busca -en el fondo- es fortalecer el Apruebo en un electorado dominado por una cierta “fatiga Constitucional”.

Pero los estudios de opinión pública ubican esa incipiente fatiga constitucional en la élite política que siguió el proceso de la Convención, que originó esta fuerte división de la sociedad chilena de cara al plebiscito en torno a las 2 opciones en juego.

En medio de estas especulaciones sobre cual es el sentido final de adelantar este plan B), queda claro que no sólo las encuestas de la plaza (Cadem. Pulso Ciudadano, Criteria. Tu influyes, Feed Back por nombrar algunas) estaban dando un triunfo importante al Rechazo, sino también al parecer las encuestas privadas que realiza la Moneda y se hizo necesario plantear públicamente -vía el matinal más visto- un plan B en torno a esa posibilidad que abren las encuestas.

Aunque les duela a algunos ex convencionales que reaccionaron criticando la propuesta del gobierno hoy día hay una mayoría que se inclina por el Rechazo básicamente como crítica al mal trabajo realizado por los ex convencionales que generaron un texto constitucional maximalista que no sintoniza con esas mayorías.

Es claro que este posible resultado revela que el plebiscito de salida se ha transformado en un momento en que se evalúa la gestión del gobierno y la opinión de estos 4 meses es que estamos frente a un gobierno que no es capaz de enfrentar los problemas de delincuencia, inseguridad, alta inflación, bajo crecimiento con lo cual la ciudadanía expresaría “un voto castigo” a la gestión gubernamental en el plebiscito del 4 de septiembre.

Es una dosis de realismo importante la que muestra el presidente Boric al ponerse en ese hipotético escenario, buscando preservar que el mandato ciudadano del plebiscito de entrada de octubre 2020 se mantenga vigente “que es el nuevo texto constitucional sea escrito por una Convención Constitucional” elegida para tal efecto. Por tanto, si el texto de esta Convención es rechazado lo que corresponde en línea a este mandato ciudadano es elegir una nueva Convención que redacte una nueva propuesta constitucional.

Ese criterio democrático de que se elija una nueva Convención para redactar una nueva propuesta constitucional ha sido -de manera preocupante- cuestionada por diversos sectores del Rechazo.

Ello muestra una arrogancia de los sectores de derecha que pareciera anticipar una posición refractaria a los cambios de triunfar el rechazo y probablemente esos sectores cuestionaran esta interpretación sobre lo que debe realizarse en un escenario post plebiscito en caso de triunfo del rechazo.

En octubre 2020 la ciudadanía -en un 79%- señaló que quería un nuevo texto constitucional y no seguir con la Constitución del 80’ reformada; el rechazo a la fórmula propuesta por esta Convención invalida ese texto; por tanto, debe elaborarse una nueva propuesta por una nueva Convención. Pero estos sectores del rechazo señalan que la decisión del órgano que debiera redactar nueva propuesta constitucional debe ser decidido en un plebiscito y no por el Presidente de la República ni por un acuerdo político que origine una necesaria reforma constitucional para continuar proceso constituyente.

En ese sentido algunos de estos sectores del rechazo reivindican en desmedro de una nueva Convención que la redacción sea realizada por un Comité de Expertos o por el actual Congreso. Este debate sobre como sigue proceso constituyente empezará a tomarse la agenda pública y dejará en segundo plano los contenidos de la nueva Constitución propuesta lo que consolidará el resultado que anticipan las encuestas.

A seis semanas del plebiscito de salida se ingresa a un complejo escenario político donde los actores en disputa deberán mostrar las cartas de corto y mediano plazo y donde no debe olvidarse de que el país quiere y necesita una nueva Constitución, pero ella debe construirse buscando un texto que efectivamente permita adherir a las mayorías y construya los sentidos comunes que permitan sacar al país del estancamiento social y político en que está hace ya varios años.