En Chile, cada vez que emerge un caso de corrupción o tráfico de influencias de gran envergadura, el nombre de Julio Ponce Lerou, controlador de Pampa Group y SQM, vuelve a aparecer en los titulares. Estos episodios han revelado una conexión preocupante entre actores del poder económico y miembros del sistema judicial, exponiendo una red de influencias que mina la confianza en nuestras instituciones.

Uno de los casos más emblemáticos es el "Caso Cascadas", donde Julio Ponce y su empresa Pampa fueron sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con una de las multas más altas de la época. No obstante, en 2019, la Tercera Sala de la Corte Suprema, con un voto decisivo de la entonces ministra Ángela Vivanco, redujo la multa de 1,7 millones de UF a tan solo 75 mil UF. Esta rebaja drástica, aunque debatida, fue asumida en un marco de respeto a las instituciones y certeza de la independencia y transparencia del poder judicial.

Sin embargo, el “caso audios” ha generado dudas sobre la independencia del fallo y una posible intervención a favor de Ponce Lerou, al vincular a Vivanco con el entorno del empresario. Vivanco fue destituida por irregularidades, incluyendo intervención indebida en causas de SQM y coordinación con Luis Hermosilla para designar jueces. Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra estarían involucrados en un entramado de corrupción. Un informe reveló que Guerra emitió boletas por $15 millones a sociedades del abogado Samuel Donoso tras dejar la Fiscalía, relacionadas con una causa de extradición. Estas relaciones han sido objeto de escrutinio, ya que Donoso participó en causas investigadas por Guerra, como la absolución de Aldo Motta en el caso Cascadas. Además, el análisis patrimonial de Guerra muestra un aumento significativo en sus ingresos, intensificando las sospechas de conflictos de interés.

Este patrón de influencia de Julio Ponce y sus redes de poder sigue siendo alarmante, especialmente en un momento en que SQM y sus controladores ya han firmado el contrato más relevante para el futuro de Chile: el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del Salar de Atacama hasta el año 2060. Este acuerdo, que se pondrá en ejecución en enero de 2025, convertirá a Ponce Lerou en el principal socio del Estado chileno en la explotación de uno de sus recursos naturales más estratégicos.

Si no se garantiza la desvinculación total de Julio Ponce y su entorno del control de SQM y del acuerdo con Codelco antes de su entrada en vigor, Chile se arriesga a entregar su futuro a actores que han demostrado actuar al margen de la ley y en su propio beneficio. Por lo mismo, llama la atención que el acuerdo apunte precisamente en el sentido contrario, al facilitarle a Ponce Lerou el control total de SQM y marginar a los demás accionistas de participar del acuerdo.

Esto no se trata solo del Litio, sino de asegurar como país una de las condiciones claves para atraer inversiones, crecimiento y desarrollo, y que no es más ni menos, que certeza jurídica y fortaleza institucional.

De consolidarse el acuerdo en los términos conocidos, el país habrá optado por dejar el Litio en manos de quienes han estado involucrados en reiterados casos de corrupción y tráfico de influencias y estaremos dando las peores señales respecto de la seriedad y transparencia que tanto costó construir y que tan orgullosos exigimos por décadas.