En política pública, hay reformas que perfeccionan lo que funciona y otras que, en nombre de una supuesta justicia, desarman soluciones eficaces y razonables para reemplazarlas por promesas insostenibles. Eso es exactamente lo que ocurre con el proyecto del Gobierno que busca crear el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES), reemplazando al actual Crédito con Aval del Estado (CAE), y condonando masivamente deudas con cargo al fisco.

Contrario a la caricatura instalada por años, el CAE —con las reformas aplicadas en 2012 y 2016— ya no es el “crédito usurero” que algunos denuncian. Actualmente, tiene una tasa de interés subsidiada del 2% anual, un tope de pago del 10% del ingreso mensual y cobro contingente al ingreso, es decir, si el deudor no tiene ingresos, no paga, y la deuda se extingue al cabo de 20 años. Este diseño no sólo es justo y solidario, sino también fiscalmente sostenible y alineado con modelos exitosos en otros países, como Australia.

Por eso resulta incomprensible —y hasta peligroso— que el Gobierno busque desmantelar un sistema funcional para reemplazarlo por uno que multiplica el gasto fiscal, sin mecanismos claros de sostenibilidad, responsabilidad individual ni incentivos correctos. Como ha señalado el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, el proyecto de ley del FES es “inadecuado”, no solo por sus debilidades técnicas, sino porque responde más a consignas ideológicas que a un análisis serio del sistema educativo y financiero.

Más grave aún es que se propone esta reforma en medio de un estancamiento económico, un déficit estructural sin corregir y una presión fiscal creciente. Lejos de priorizar la calidad de la educación, el foco está puesto en condonar sin distinguir entre quienes pueden pagar y quienes realmente necesitan apoyo, y en levantar una bandera política más que una solución real.

Este tipo de populismo educativo no sólo debilita la cultura del mérito y la responsabilidad, sino que pone en riesgo los recursos que podrían ir a becas, infraestructura universitaria, formación técnica o innovación, afectando justamente a quienes más lo necesitan.

La verdadera reforma educativa no es la condonación masiva, sino la mejora continua de los instrumentos existentes. El CAE reformado funciona, y cualquier perfeccionamiento adicional, como una mejor tasa o incentivos por pronto pago u otros, debe orientarse a mayor eficiencia y equidad, no a desfondar las arcas fiscales por un rédito electoral momentáneo.

Chile necesita una política de educación superior seria, sostenible y centrada en las oportunidades. El FES, tal como está propuesto, es lo contrario: un espejismo ideológico disfrazado de justicia, que puede terminar perjudicando a todos, especialmente a los estudiantes del futuro.