Macarena Lobos, abogada, doctora en derecho, ex Subsecretaria de Hacienda, transversalmente reconocida en el Congreso y en la Academia por sus capacidades técnicas y manejo en la construcción legislativa de las políticas públicas está apostando a postular a la Convención Constituyente por el distrito 10.
Es una “hija de la educación pública” ya que estudió y tituló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pero también su enseñanza básica la cursó en la escuela República de México E 71 de la comuna de Santiago, para luego, egresar del emblemático Liceo N°7 de Niñas de Providencia, comuna en la que reside hace más de 15 años, dejando atrás una infancia y adolescencia vinculada a la comuna de Ñuñoa
Después del plebiscito del 25 de octubre decidió sumarse a la posibilidad de postular a la Convención basada en su larga trayectoria de compromiso con la actividad pública, ha decidido postularse como precandidata a la convención constitucional por el codiciado Distrito 10: Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul, al alero de Independientes No Neutrales, ya que si bien, siempre ha estado vinculada a la actividad público/política, nunca ha militado en partido alguno.
En medio de las actividades de promoción de su candidatura conversó con Cambio21 sobre cómo ve el proceso constituyente:
¿Qué te motiva a formar parte de la Convención Constitucional?
“Creo que la oportunidad que se abrió a partir del resultado del plebiscito del 25 de octubre es única. En ese contexto, siento que todas y todos estamos convocados a sumarnos desde distintas dimensiones a ser parte de este histórico proceso que nos permitirá, en conjunto y de manera paritaria, sentar las bases del Chile que queremos para las próximas décadas”.
“En una sociedad caracterizada por una profunda desconfianza y marcada por un gran individualismo, la posibilidad que abre la convención constitucional de generar una carta fundamental más inclusiva que propicie sentido de pertenencia, permitirá superar el problema de legitimidad del actual texto constitucional y generar, en consecuencia, una mayor cohesión social”.
Hablando de legitimidad. ¿Se respetará la voluntad popular de exigir caras nuevas o será más de lo mismo?
Sería un error garrafal desaprovechar esta tremenda oportunidad y que finalmente la Convención, a pesar de la clara voluntad ciudadana expresada a favor de que ésta sea integrada en un 100% por ciudadanas y ciudadanos elegidos, termine en manos de las mismas personas de siempre. En eso, los independientes a pesar de la reciente flexibilización de requisitos, no estamos en igualdad de condiciones y, por ende, es clave, por un lado, que la ciudadanía se movilice en apoyar a quienes hemos asumido este desafío, patrocinando candidaturas independientes (https://patrocinantes.servel.cl).
También creo, que los partidos políticos, los que sin duda son claves en una sociedad democrática, asuman la necesidad de una profunda reformulación y den inicio a ese proceso actuando con generosidad, dando cabida a candidatos independientes, para así no frustrar las expectativas ciudadanas en orden a contar con caras nuevas, miradas diversas, que representen las distintas sensibilidades y visiones que permitan enriquecer la deliberación en torno a nuestra carta fundamental.
¿Existe la posibilidad que el proceso constituyente pierda el rumbo?
“A mi juicio para que ello no ocurra es clave que no le temamos a la diversidad, a la divergencia y a una real participación.
El gran desafío de la convención será, por un lado, que tengamos la capacidad de escucharnos, respetarnos y procesar nuestras diferencias y, a partir de ahí, construir los consensos necesarios para concretar el espíritu compartido de crear un Chile más justo, paritario, inclusivo y sostenible, del que todas y todos nos sintamos parte y responsables. En suma, debemos superar la lógica de la constitución del 80’ que fue escrita para representar una visión parcial y excluyente, por una que represente a toda la ciudadanía, sin exclusión.
Por otra parte, es indispensable que se garanticen adecuadamente los espacios de participación ciudadana en el proceso constituyente. Sólo en la medida que existan las instancias que permitan a la ciudadanía tener incidencia en las decisiones que se adopten, podremos superar la actual crisis de desconfianza, generando adhesión y legitimidad en el nuevo texto constitucional, elementos claves para garantizar su estabilidad en el tiempo.
Para que la participación ciudadana sea eficiente, eficaz e incidente, debe contar con múltiples herramientas: audiencias públicas, consultas ciudadanas, cabildos, trabajo en el territorio, entre otras medidas, que han de implementarse de manera clara, transparente y oportuna. Por ello es clave que su regulación quede debidamente recogida en el reglamento de la convención y que el Ejecutivo, que es el que tiene que proporcionar los recursos materiales para que la convención opere, destine el presupuesto necesario para que esta exigencia sea una realidad y no una mera formalidad”.
¿Qué te motiva a formar parte de la Convención Constitucional?
“Como mujer y abogada que he dedicado mi vida profesional al tema de las políticas públicas, quiero ser parte de este desafío. Pongo a disposición mis conocimientos y experiencia para construir, a través de diálogos francos, transparentes, diversos y técnicamente sustentados, los acuerdos necesarios para sentar las bases que permitan de manera progresiva, responsable y sostenible transitar a un país más justo, inclusivo y paritario.
Para ello es clave que el nuevo texto constitucional se construya sobre la base de principios básicos que han de permear no sólo toda la normativa, sino que el quehacer del Estado. Lo principal es garantizar el respeto irrestricto de la dignidad humana como condición necesaria para la construcción de nuestra comunidad socio política”.
¿Si hablamos de dignidad, qué ocurre con el reconocimiento de derechos sociales, económicos y culturales en la nueva constitución?
“Sin duda a partir de las principales demandas expuestas por la ciudadanía con ocasión del estallido social, el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales ocupará un lugar central en el debate constitucional.
A estas alturas del partido, es posible afirmar que, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, resulta artificioso contraponer los derechos civiles y políticos a los derechos sociales, económicos y culturales, y su reconocimiento constituye una condición necesaria para la preconfiguración de una democracia más inclusiva, concepto en el que me gustaría profundizar enseguida.
En este contexto, creo que independiente de su categorización todos los derechos humanos, como manifestación del reconocimiento de la dignidad humana, imponen un deber de reconocimiento en la nueva constitución. Así el derecho a educación, salud, seguridad social, vivienda, cultura, y una vida libre de violencia especialmente para niñas, adolescente y mujeres, entre otros, deberían quedar reconocidos en nuestro nuevo texto fundamental.
Al centro de este debate estará la efectividad del reconocimiento de estos derechos, contraponiéndose el poder de los tribunales de justicia versus el poder político, el que, producto de las trabas impuestas por la actual constitución (rol subsidiario del Estado, los quórum supra mayoritarios y el Tribunal Constitucional, falta de representatividad del poder político, y excesiva focalización), ha demostrado incapacidad de satisfacer adecuadamente las demandas ciudadanas en esta materia, especialmente en el ámbito de la salud y las pensiones.
En consecuencia, en la medida que seamos capaces de remover estos obstáculos en nuestra nueva constitución, podremos satisfacer el resguardo de estos derechos a través de su concreción mediante la acción del poder político por sobre la acción de los tribunales, minimizando el riesgo de hiper judicialización, por un lado, y asegurando, por el otro, la satisfacción de carácter global, con visión sistémica y no con el foco en lo individual como ocurre en el caso de que esto quede en mano de los jueces, lo que puede finalmente configurar una importante discriminación respecto a quienes no pueden acceder a la justicia”.
¿Existe capacidad real para garantizar estos derechos?
La coyuntura económica en la que nos encontramos, agravada por la pandemia, ponen de relieve la gran presión fiscal que existirá para satisfacer los requerimientos ciudadanos en materia de derechos sociales, económicos y culturales, lo que me lleva a considerar que la sostenibilidad fiscal, entendida como la capacidad del Estado de contar con los recursos permanentes para garantizar de manera indefinida los requerimientos en materia de cobertura y suficiencia de estos derechos, como una condición necesaria para su efectiva garantía.
Ello, hace necesario que pongamos el foco en otro aspecto que deberemos abordar en paralelo al cambio constitucional, como parte del desafío más amplio de un nuevo pacto social, cual es, un nuevo pacto fiscal que garantice mayores ingresos permanentes y una estructura tributaria lo más eficiente y justa posible”.
Retomando los principios a que aludía anteriormente ¿Qué otro considera que debe plasmarse en la constitución?
“Creo que es vital que sentemos las bases de una democracia más inclusiva. Esto pasa no sólo por buscar una adecuada distribución de poder, tanto entre el Ejecutivo y el Parlamento, lo que supone revisar nuestro actual sistema político; sino también a nivel territorial para garantizar una real descentralización.
Igualmente, es fundamental, como decía previamente, generar de manera permanente, más allá de la convención constitucional, instancias que permitan que la ciudadanía tenga una mayor incidencia en la toma de decisiones. Si bien soy partidaria de una democracia representativa, esta no puede agotarse en que concurramos a votar cada cuatro años. Hay que regular espacios de real participación ciudadana y de democracia directa como las consultas públicas, iniciativa popular de ley, referéndums y plebiscitos, que permitan reconectar la interacción entre representantes y representados, estableciendo los canales para propiciar una continua retroalimentación bidireccional, garantizando, por cierto, que estos espacios no sean finalmente capturados por grupos de interés.
Para fortalecer el sistema democrático se requiere también avanzar en una mayor transparencia y rendición de cuentas, sólo así podremos aumentar los niveles de confianza ciudadana y, por cierto, minimizar, a través de un adecuado control social, los riesgos de corrupción.
Otro principio fundamental es el desarrollo sostenible. Debemos recuperar el crecimiento, gravemente azotado por la pandemia, pero no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Debemos ser capaces de repensar nuestra estrategia de desarrollo productivo, equilibrando la sostenibilidad económica, social y ambiental, permitiendo satisfacer nuestras necesidades presentes con visión de largo plazo sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones.
Adicionalmente, el crecimiento económico no puede seguir siendo medido exclusivamente en función del aumento del Producto Interno Bruto (PIB), sino que tiene que incluir variables que apunten a que el avance de la riqueza del país se oriente al bienestar general de la población, mejorando el nivel y calidad de vida de la ciudadanía”.
Aterrizando en la coyuntura, ¿qué opina del reciente fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la moción parlamentaria sobre el retiro de fondos previsionales?
A mi juicio el fallo, que aún no conocemos, por ende, no entraré en el detalle del mismo, pone de manifiesto que nuestro tribunal constitucional más que efectuar un control jurídico actúa de manera politizada. Convirtiéndose, en los hechos, en una tercera cámara, que sustituye la voluntad del parlamento que, de acuerdo a la actual constitución, tiene en su calidad de constituyente derivado, la potestad de efectuar reformas constitucionales (respecto de ellas no existe iniciativa exclusiva), potestad que, a través de este fallo inédito, se vería seriamente restringida.
Esto no hace más que realzar la necesidad, de cara al debate de la nueva constitución, de repensar de manera profunda el rol, integración, facultades y responsabilidad del Tribunal Constitucional. Esto va indisolublemente unido al tema de los quórums supra mayoritarios y el control preventivo que hoy ejerce el Tribunal Constitucional, cuestiones ambas que han operado como un verdadero dique de contención para la concreción de importantes transformaciones que como sociedad han sido ampliamente demandadas, como contar con un verdadero Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) con capacidad de fiscalizar y sancionar los abusos, que los sindicatos tengan titularidad sindical, o la cuestionable restricción de acceso a la interrupción del embarazo por tres causales al establecer la improcedente posibilidad de objeción de conciencia institucional.
En este contexto, creo que es clave que nuestra nueva constitución elimine los quórums supra mayoritarios, que han impedido a lo largo de estos años el real juego de las mayorías y minorías, perpetuando el statu quo. A mi juicio, sólo debiera mantenerse un quórum reforzado para la modificación de la constitución que, como carta fundamental, requiere de estabilidad en el tiempo.
Consecuencialmente a la eliminación de los quórums supra mayoritarios debe desaparecer el control preventivo, es decir, aquel que se efectúa antes que la ley entre en vigencia impidiendo su nacimiento. Ello no significa que considere fundamental que existan los controles necesarios (ex post) para garantizar la supremacía de la constitución.
Ahí podremos debatir si este control lo realiza la Corte Suprema o bien se mantiene el Tribunal Constitucional pero debidamente reformulado, donde se garantice la idoneidad técnica de sus integrantes, eliminando la injerencia del poder ejecutivo en su nombramiento, cumpliendo altos estándares de transparencia en el proceso, sustituyendo sus integrantes por un número impar para evitar la sobre representación que hoy tiene el presidente en su rol dirimente, entre otros aspectos”.
¿Cómo mujer qué importancia le atribuye a la convención paritaria?
“Sin duda que una de las innovaciones más relevantes de este proceso eleccionario será la paridad de género, que constituye una garantía que permite que las visiones e intereses de las mujeres estén presentes, soslayando así la subrepresentación y las importantes discriminaciones que a lo largo de la historia hemos experimentado.
Pero esta participación es solo el inicio para que avancemos hacia una carta fundamental que garantice igualdad de género sustantiva, esto es, equitativa participación en los distintos espacios de poder, erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres y una distribución más igualitaria de las cargas de cuidado que tradicionalmente recaen sobre nosotras y que se traducen en importantes discriminaciones en materias tan sensibles como las pensiones, donde la dimensión de género es clave para soslayar las brechas existentes, que son consecuencia de las diferencias salariales, tipo de empleo al que accedemos las mujeres, nivel de participación en el mercado del trabajo; la falta de regulación del trabajo doméstico, entre otros”.
