El incidente de 2022 entre el USCGC James y un buque de la flota pesquera china frente a Sudamérica fue una señal de alerta: la disputa por los océanos ya no es un asunto lejano entre potencias en el mar de la China Meridional, sino una realidad concreta en el Pacífico sur. Sin embargo, reducir el fenómeno a una competencia geopolítica sería un error estratégico. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es, ante todo, un problema sistémico que exige cooperación, no bloques.

Para Chile —segunda potencia pesquera del Pacífico sur y país con más de 4.000 kilómetros de costa— el desafío es existencial. La pesca es su principal exportación después del cobre; la presión sobre el jurel, el calamar y otras especies migratorias no solo afecta balances comerciales, sino comunidades enteras. Lo mismo ocurre en Ecuador con el atún, en Perú con su anchoveta y en Argentina con el calamar. La flota china de aguas distantes es la más visible por su escala, pero no es la única: Corea del Sur, Taiwán y España también operan intensamente en alta mar. El problema, por tanto, no admite caricaturas.

La oportunidad está precisamente ahí: transformar una zona de fricción en un espacio de gobernanza cooperativa.

Primero, integración satelital regional.

Chile ha avanzado de forma significativa en capacidades de vigilancia marítima, incorporando tecnología satelital, drones y sistemas de análisis de datos. Además, está desarrollando una incipiente industria espacial, con proyectos satelitales propios y alianzas tecnológicas que lo posicionan como actor relevante en observación de la Tierra. Ecuador ya emplea inteligencia artificial para detectar “buques oscuros” que apagan sus sistemas AIS. Perú y Colombia están reforzando sus capacidades navales.

El paso siguiente es obvio: integrar estas capacidades en una red regional interoperable de monitoreo satelital, con intercambio en tiempo real de datos AIS, imágenes SAR y análisis predictivo. Un “anillo digital” del Pacífico sur permitiría identificar patrones de pesca sospechosos antes de que se conviertan en crisis diplomáticas. Estados Unidos —con su experiencia en vigilancia oceánica y recursos tecnológicos— puede aportar capacidades; China, que ha declarado “tolerancia cero” a la pesca ilegal y posee una potente infraestructura espacial, también.

La vigilancia compartida reduce la sospecha y aumenta la trazabilidad. Cuando los datos son multilaterales y verificables, disminuye el margen para interpretaciones políticas.

Segundo, fortalecer la SPRFMO (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation) con base científica común.

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur incluye a Estados Unidos, China y la Unión Europea, junto a los países costeros. Allí está el foro natural para acordar cuotas basadas en evidencia científica, moratorias temporales y estándares laborales obligatorios a bordo. Si China ya ha aceptado regulaciones estrictas en otras OROP del Pacífico, no hay razón estructural para que no avance también aquí. Washington, en vez de limitarse a la denuncia, podría liderar propuestas técnicas consensuadas, evitando vetos cruzados.

Tercero, operaciones multinacionales inclusivas.

Ejercicios como Galapex o Resolute Sentinel demuestran que la cooperación es posible. Ampliarlos para incluir intercambios de oficiales, inspecciones conjuntas en alta mar y entrenamiento compartido —incluso con participación china en fases específicas— enviaría una señal potente: el objetivo no es contener a nadie, sino proteger un bien común.


Existen precedentes. Estados Unidos y China cooperaron contra la piratería en el golfo de Adén; incluso en plena Guerra Fría, Washington y Moscú alcanzaron acuerdos pesqueros pragmáticos. La seguridad marítima puede ser un terreno de distensión.

Para Chile, esta agenda no es meramente táctica. Su condición de país tricontinental —con proyección antártica— y su desarrollo astronómico y espacial le otorgan ventajas comparativas. Integrar monitoreo oceánico con capacidades espaciales propias no solo fortalece la soberanía, sino que posiciona al país como nodo tecnológico del Pacífico sur. Una constelación satelital regional —aunque sea gradual— podría convertirse en el equivalente marítimo de lo que el Sistema de Alerta Temprana fue para la defensa aérea en el siglo XX.

El combate a la pesca INDNR no debe convertirse en un capítulo más de la rivalidad estratégica entre Washington y Pekín. Si se gestiona con inteligencia, puede ser lo contrario: un laboratorio de cooperación funcional entre potencias y países costeros latinoamericanos.

Los océanos no reconocen banderas; las corrientes migratorias de los peces tampoco. La gobernanza del siglo XXI no se jugará solo en tratados comerciales o alianzas militares, sino en la capacidad de construir sistemas integrados de información, fiscalización y confianza. En el Pacífico sur, Chile tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de impulsar esa arquitectura.

Porque proteger el mar no es alinearse con uno u otro polo de poder. Es defender la sustentabilidad, la economía y la estabilidad regional. Y eso, en tiempos de competencia global, puede ser la forma más inteligente de ejercer soberanía.