Los abogados están convocados esta semana a renovar el Consejo del Colegio de Abogados esta semana y se nos pregunta por qué votar por nuestra lista:
Quisiera resumir las razones en el siguiente resumen: Más que nunca se necesita un Colegio que pueda transmitir las convicciones democráticas sobre el derecho a la Convención Constituyente; más que nunca se necesita un Colegio de Abogados dedicado a la inserción de los abogados en la comunidad en que vive y a los problemas que le atañen.
Más que nunca se necesita un Colegio preocupado de los 4500 abogados que se reciben cada año. Más que nunca se necesita volver a creer en un Colegio dedicado a los abogados jóvenes y contratados por sueldos de miseria y por el acceso a la justicia de nuestro ciudadanos.
Chile vive momentos de cambio: Se ha llegado a establecer una Convencion Constituyente destinada a crear, democrática y paritariamente, un modelo de ejercicio de los poderes públicos y de protección de los derechos inédito en nuestro país. Los abogados de Chile y de esta lista en concreto no pueden estar indiferentes frente a esta posibilidad de cambio beneficioso y necesario que conllevara un cambio en las reglas básicas de convivencia desde la Constitucion del 80.
La conquista de un espacio de discusión y de transformación jurídica y social debe ser defendida de riesgos claros de
retroceso e involución. Los abogados y abogadas de Chile debemos contribuir a la defensa de esos espacios y modelos de discusión y afianzar una Carta fundamental hecha por y para la democracia.
Como abogados democráticos debemos aspirar a que el Colegio que reúne al gremio pueda escoger, interpretar y transmitir la conquista de los derechos fundamentales en su ejercicio a toda la población. Actuar como agentes
catalizadores de este ambiente transformador en el mundo de los derechos y las relaciones de poder es un deber ineludible.
Necesitamos un Colegio que coincida con las aspiraciones de los chilenos de modificar las reglas más fundamentales del establecimiento de los derechos y el ejercicio del poder en Chile; que reconozca en la instauración de una Carta Fundamental un hito de cambio interno y externo; que se haga eco de nuevos principios rectores de la convivencia
y del respeto mutuo; que materialice e incida en que los derechos y valores de acceso a la justicia y protección igualitaria de derechos se respeten en su integridad y sin discriminación; que incluya a todas las
visiones en un momento fundante de la Historia de Chile y que reconozca y neutralice los riesgos y amenazas que surgen hoy y surgirán para la promoción y protección igualitaria y amplia de derechos fundamentales.
Necesitamos un Colegio que supere su autarquía del momento ciudadano y cohoneste con las aspiraciones de transformación y progreso jurídico y sirva de freno, justo y oportuno, a los riesgos de retroceso en el avance
de los derechos y reconozca el contexto en que nuestros compatriotas deben ejercer sus derechos relacionados con la justicia y el derecho.
No cabe duda alguna que la profesión de abogado no debe ser analizada con los prismas de hace diez, veinte o treinta años. La precariedad y la competencia han hecho mella en los abogados y abogadas.
Los abogados y abogadas somos el reflejo de una situación social y económica que acentúa el desequilibrio y segregación. Las consecuencias del modelo neoliberal en Chile han acentuado las desigualdades económicas y sociales, lo
cual se expresa en cifras y realidades. En Chile, la mitad de los trabajadores percibe menos de $350.000.- líquidos. Junto a esto, existe una sociedad segregada: barrios para ricos y para pobres, lo cual se repite en la salud y en la
educación.
Hoy en día, debemos superar la mirada respecto de los derechos que inspira una interpretación aséptica, aislada y descontextualizada de los derechos fundamentales y, en concreto, el acceso a la justicia. Para nuestros compatriotas, el Derecho es un arcano reservado a ciertos iniciados y la
Justicia una aspiración inalcanzable y casi utópica. Día a día deben enfrentarse con la muralla del desconocimiento y las barreras que instaura un sistema cerrado, hostil, que los niega, invisibiliiza y rechaza: Mujeres, niños, jóvenes,
migrantes, personas mayores, miembros de pueblos originarios, personas pobres, en situación de discapacidad luchan por superar dobles y triples barreras en la protección de sus derechos y reconocimiento de su valía.
Superar la marcada desigualdad, se ha constituido en el principal desafío del país, pues no solo constituye un imperativo ético, sino que la misma impide alcanzar el desarrollo pleno, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro sistema democrático y abona a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
El descrédito de las instituciones, en parte importante, se debe a que se perciben como un fenómeno ajeno e incomprendido. La Constitución, tanto por su origen ilegítimo, como por su contenido, no cumple su rol político de
convocar a todos y todas a una base valores comunes de legitimidad.
La mirada, como ya dijimos, debe pasar de aquellos visión acomodaticia, neutral y aséptica del mundo de los derefhos abstractos y confrontarla con lasvulnerabilidades que nos rodean y con una posibilidad cierta de ayudar a
superararlas. La asimetría y desigualdad construye bolsones de vulnerabilidad que produce la necesidad de recrear los derechos en una perspectiva concreta:
Hoy día, en lo que nos atañe, el acceso a la justicia provoca una acentuación de esa asimetría. La Justicia de los pobres y vulnerables consiste en ser atendidos por unas Corporaciones de Asistencia Judicial, compuesta por
trabajadores heroicos que no dan abasto porque esta. Inmersos os en una institucionalidad ya superada y arcaica. Los sectores de mejores ingresos pueden peocurar de servicios de justicia de mejor calidad e influencia. Urge,
pues, un Colegio que se ocupe y preocupe del acceso a la justicia.
Pero este movimiento ha pasado inadvertido en el Colegio, salvo por las cuotas de género en su consejo, lo que es insuficiente para un enfoque feminista que permee las estructuras jurídicas. Aún se debe avanzar en
promover una cultura empática a las necesidades de las mujeres, así como en el mayor conocimiento que los y las abogadas tenemos sobre sus derechos y
sobre su acceso a la justicia.
Por el contrario, el Colegio, en las pocas ocasiones que ha decidido incidir públicamente, ha representado solo una visión monolítica de la sociedad, aquella vinculada a las grandes empresas y los sectores privilegiados, sin
cumplir su rol social de velar por la justicia. En efecto, la labor de pedagogía social del Colegio, para difundir el sentido de los derechos humanos y el valor de la democracia, no es parte de su agenda.
Ejemplo de esto, es el aislamiento y el declive en el número de colegas que se colegian y participan activamente de nuestra asociación. Son casi 50 mil los abogados que existen hoy, sin embargo, en la última elección sólo
participaron 1.500, lo cual refleja la profunda crisis del Colegio presente.
En este contexto, debemos situar nuestra profesión: en un Chile actual donde existe cerca de una treintena de Escuelas de Derecho se ha provocado una masificación y precarización de la profesión a la par de abrir campos de trabajo a nuestros colegas. Sin embargo, esos empleados nuevos son inestables y con remuneraciones extremadamente bajas y en ambientes poco auspiciosos.
En esta realidad, precaria y pauperizada, se desenvuelve nuestra profesión sin una guía, sin parámetros frente a una competencia sin límites ni criterios y si que el Colegio de Abogado siquiera la advierta.
Necesitamos que las puertas del Colegio se abran, se encienda la luz y comencemos a transformarlo en un actor para los cambios que nuestro país requiere y también se convierta en factor de cambio reconociendo el contexto de desarrollo de la profesión necesitando de directrices y controles.
