Proyectar la continuidad de un gobierno más allá de su mandato constituye una aspiración legítima. Sin embargo, resulta llamativo que esa pretensión se formule cuando la administración del Presidente José Antonio Kast enfrenta un deterioro considerable de su respaldo ciudadano y dificultades de conducción que se agravan por la ausencia de una coalición política cohesionada. En estas circunstancias, el artículo del subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, sobre el proyecto político 2026-2030 merece una discusión que examine sus fundamentos y las posibilidades reales de convertirlo en una propuesta de alcance nacional.

Conviene distinguir entre las convicciones que identifican a una corriente política y el programa mediante el cual pretende gobernar. Ambas pueden proporcionar una orientación legítima al ejercicio del poder. Un proyecto nacional, en cambio, debe construirse a partir de intereses que trascienden las preferencias del gobierno. Ello exige acuerdos entre sectores políticos diferentes y capacidad efectiva para responder a las necesidades del país. Esta distinción resulta fundamental para examinar la propuesta de Arenas.

Sorprende, por lo mismo, que el subsecretario presente su proyecto como una práctica política ajena a la construcción ideológica. La combinación de neoliberalismo económico y conservadurismo político, acompañada por la reivindicación de la autoridad y la crítica a determinadas formas de protección social, pertenece a una tradición reconocible. David Held, en Modelos de democracia, examinó sus fundamentos al estudiar el modelo de democracia legal asociado a las nuevas derechas de los años ochenta y a los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. En Chile, aquella síntesis encontró una expresión propia en el pensamiento gremialista. Recuperarla constituye una opción doctrinaria legítima, pero su trayectoria histórica impide presentarla como una respuesta puramente pragmática a los problemas nacionales.

Tampoco el denominado gobierno de emergencia proporciona una justificación suficiente para esa pretensión. Se trató fundamentalmente de un encuadre electoral destinado a jerarquizar prioridades y generar expectativas de eficacia ejecutiva. Combatir la delincuencia y recuperar el crecimiento son tareas importantes. Su prioridad política, sin embargo, no constituye una situación de excepcionalidad institucional ni sustituye una concepción integral del desarrollo.

Arenas sostiene que su proyecto reemplaza las excusas por responsabilidad, la ambigüedad por decisión y las promesas por resultados. Son contraposiciones eficaces desde el punto de vista comunicacional, pero insuficientes para definir una concepción democrática del gobierno. La responsabilidad política se demuestra mediante la disposición a rendir cuentas y reconocer errores. Tampoco basta con adoptar decisiones difíciles si sus fundamentos no resisten la deliberación democrática. Después de ocho meses de gestión, la apelación a los resultados exige examinar el desempeño efectivo de la administración, cuestión que Arenas omite.

Pretender la continuidad de un proyecto político exige organizaciones capaces de elaborar compromisos programáticos y sostenerlos en el tiempo. Hoy Kast gobierna sin una coalición partidaria formalmente integrada. Republicanos conserva su propia conducción; Chile Vamos participa mediante una relación de colaboración que sus dirigentes distinguen de una coalición gubernamental, mientras el Partido Nacional Libertario permanece fuera del Ejecutivo. La presencia de dirigentes de diferentes partidos en el gabinete no demuestra que exista un programa compartido. Tampoco resuelve las discrepancias entre organizaciones que compiten por sus propios espacios políticos. La dificultad alcanza así la capacidad del oficialismo para actuar como una coalición y sostener compromisos duraderos.

Esta debilidad adquiere especial relevancia en un sistema de partidos profundamente transformado. Chile presenta una elevada fragmentación y una polarización que ha debilitado los mecanismos tradicionales de coordinación entre organizaciones políticas. Se ha configurado un Sistema de Atomización Polarizado, caracterizado por una competencia centrífuga que también atraviesa a los partidos pertenecientes a un mismo bloque. Las disputas entre las distintas derechas expresan esa dinámica. Gobernar en semejantes condiciones requiere mecanismos estables de negociación y capacidad para procesar desacuerdos. La voluntad presidencial no garantiza por sí sola los respaldos legislativos necesarios.

¿Cómo pretende el oficialismo convocar a una amplia convergencia nacional cuando todavía no logra constituir una coalición política cohesionada entre sus propios partidarios?

Las dificultades de coordinación adquieren mayor significado al considerar la influencia del denominado Segundo Piso de La Moneda. El protagonismo de Alejandro Irarrázaval y de otros colaboradores presidenciales ha generado cuestionamientos incluso entre dirigentes de los partidos que respaldan al gobierno. Contar con asesores de confianza constituye una práctica legítima. El problema surge cuando su intervención puede desdibujar las atribuciones de los ministros, cuya responsabilidad política está institucionalmente establecida. En ausencia de una coalición integrada, concentrar decisiones en un círculo reducido de colaboradores personales puede debilitar la autoridad ministerial. Una concepción republicana exige que el ejercicio efectivo del poder lleve asociadas responsabilidades identificables.

A ello se agregan las dificultades experimentadas en la conformación de los equipos de gobierno. Al 30 de octubre se contabilizaban 59 salidas y movimientos de autoridades, incluidas tres ministras, ocho subsecretarios, 46 secretarios regionales ministeriales y dos delegados presidenciales. El registro reúne situaciones diferentes y algunas obedecen a circunstancias ajenas al desempeño. Sin embargo, también se produjeron nombramientos frustrados por incumplimiento de requisitos legales y conflictos internos. Otros cambios estuvieron vinculados con cuestionamientos a la gestión. La reiteración de estos episodios obliga a examinar cómo se seleccionan las autoridades y quién responde por esas decisiones.

Aquí aparece una contradicción adicional con la reivindicación gubernamental del mérito. Ejercer responsabilidades públicas requiere experiencia y conocimiento del funcionamiento estatal. También exige aptitudes de conducción que difícilmente pueden reducirse a la confianza política o a las credenciales académicas. Una administración que presenta el mérito como principio rector de la sociedad debería mostrar especial rigor al seleccionar sus autoridades. La estabilidad de los equipos tampoco resulta indiferente cuando está comprometida la ejecución oportuna de las políticas.

Más preocupante resulta la evolución del respaldo ciudadano. Las últimas mediciones de Pulso Ciudadano, Criteria y Cadem sitúan la aprobación presidencial entre el 22 % y el 29 %, con niveles de desaprobación cercanos al 68 %. Entre las razones del descontento aparecen las controversias por las rebajas de penas y las expectativas incumplidas en seguridad. También pesan las dificultades económicas que enfrentan las familias. Aunque las encuestas no constituyen una evaluación exhaustiva de la gestión, sus resultados convergentes muestran un deterioro que debería estimular una revisión crítica de las decisiones gubernamentales. Aspirar a proyectar el actual proyecto político después de 2030 contrasta con su debilitamiento presente y puede aumentar las dificultades para mantener cohesionados a los partidos colaboradores.

Sorprende, en estas circunstancias, la ausencia de autocrítica en el artículo de Arenas. Recuperar la tradición republicana exige reconocer las responsabilidades propias en el deterioro institucional. La utilización instrumental de acusaciones constitucionales y las prácticas que han intensificado la polarización involucraron a fuerzas de diferentes sectores. Algunas organizaciones del actual oficialismo participaron activamente de esas dinámicas durante su etapa opositora. Ninguna reconstrucción institucional puede resultar convincente si atribuye las responsabilidades predominantemente a los demás y prescinde de examinar las conductas propias.

Tampoco parece consistente reivindicar la separación de poderes mientras se cuestiona de manera general el ejercicio de atribuciones parlamentarias. Arenas denuncia el denominado parlamentarismo de facto, los retiros previsionales y las acusaciones constitucionales utilizadas para forzar cambios ministeriales. Determinadas prácticas del Congreso merecen críticas fundadas. Pero corresponde distinguir los abusos del ejercicio legítimo de sus competencias constitucionales. El control parlamentario representa una garantía democrática incluso cuando obstaculiza las preferencias del Ejecutivo.

Una iniciativa del propio gobierno permite apreciar esa contradicción. La reforma constitucional de seguridad presentada en agosto contemplaba mantener un nuevo estado de excepción hasta por 240 días sin autorización parlamentaria y ampliaba considerablemente las facultades presidenciales para restringir derechos fundamentales. Las objeciones provenientes de distintos sectores condujeron a su retiro. Posteriormente, una propuesta alternativa promovida por senadores de diferentes posiciones abrió paso a una fórmula con mayores controles institucionales. El episodio demuestra que los contrapesos democráticos pueden contribuir a mejorar las decisiones. También muestra que la búsqueda de acuerdos permite enfrentar problemas graves sin debilitar innecesariamente la distribución constitucional del poder.

Revitalizar la tradición republicana supone reconocer que el cumplimiento de los deberes debe acompañarse del ejercicio de derechos y de la participación democrática. La apelación de Arenas a una historia compartida puede contribuir a la cohesión nacional, siempre que reconozca la diversidad de interpretaciones sobre el pasado. En una sociedad pluralista, la convivencia depende del respeto a las instituciones que permiten procesar democráticamente las diferencias. Esa exigencia incluye aceptar a la oposición como interlocutora legítima y eventual alternativa de gobierno.

Existe, además, una insuficiencia económica de fondo. La prolongada desaceleración del crecimiento y el estancamiento de la productividad tienen causas que exceden las regulaciones y la tributación. Las deficiencias educativas y las limitaciones de la capacitación laboral restringen las posibilidades de desarrollo. A ello se suman los insuficientes esfuerzos de investigación e innovación, junto con la falta de competencia efectiva en determinados mercados. También pesan las debilidades de las capacidades estatales. Reducir obstáculos injustificados para invertir puede contribuir en el margen al crecimiento, pero difícilmente resolverá por sí solo problemas acumulados durante más de una década.

Defender mercados efectivamente competitivos ofrece un terreno especialmente favorable para construir acuerdos entre distintas tradiciones democráticas. Combatir la colusión y prevenir abusos de posición dominante son objetivos que pueden reunir apoyos liberales, socialdemócratas y socialcristianos. También existen posibilidades de cooperación para mejorar la educación y la salud. Modernizar el Estado y fortalecer las políticas de capacitación e innovación representan otras áreas relevantes. Una propuesta que aspira a convocar a una mayoría nacional debería prestar atención a esos espacios de encuentro, en lugar de concentrarse casi exclusivamente en la reafirmación de las preferencias doctrinarias del oficialismo.

La dimensión distributiva prácticamente desaparece de la propuesta de Arenas. El crecimiento económico resulta indispensable para mejorar las condiciones de vida, pero su contribución al bienestar depende también de cómo se distribuyen sus beneficios y quiénes soportan sus costos. Las desigualdades de ingresos y riqueza continúan condicionando las posibilidades de desarrollo de amplios sectores de la población. También persisten diferencias territoriales y brechas importantes en el acceso a servicios esenciales. Ninguna estrategia económica de largo plazo puede desentenderse de estos problemas.

Superar los umbrales de pobreza no garantiza a numerosas familias condiciones de seguridad económica. Perder el empleo o sufrir una enfermedad grave puede deteriorar rápidamente su situación. El endeudamiento agrava muchas veces esa vulnerabilidad, especialmente cuando los ingresos apenas permiten financiar las necesidades habituales. La protección durante la vejez plantea dificultades adicionales. Esta distribución desigual de los riesgos limita la autonomía personal y condiciona las expectativas de movilidad social.

Las dificultades distributivas y la crisis de representación mantienen relaciones que ayudan a comprender el deterioro del funcionamiento democrático. Cuando los esfuerzos individuales dejan de traducirse en mejores condiciones de vida y las instituciones muestran escasa capacidad para responder a demandas persistentes, aumenta la frustración ciudadana. El debilitamiento de la confianza afecta a los partidos y reduce su capacidad para construir acuerdos. A su vez, la fragmentación política dificulta impulsar políticas sostenibles que permitan enfrentar los problemas sociales. Esta interacción entre crisis distributiva y crisis de representación constituye una de las principales dificultades de la democracia chilena contemporánea.

También merece una revisión crítica la concepción del mérito que inspira el proyecto. Michael Sandel, en La tiranía del mérito, cuestiona las interpretaciones que atribuyen el éxito individual predominantemente al talento y al esfuerzo, minimizando las circunstancias sociales que condicionan las oportunidades. Su crítica alcanza además a la cultura moral que puede acompañar a la meritocracia. Quienes obtienen recompensas elevadas pueden llegar a considerarlas enteramente merecidas, mientras interpretan las dificultades ajenas como consecuencia de una insuficiencia personal. El resultado puede ser una pérdida de reconocimiento hacia quienes realizan trabajos socialmente indispensables, aunque reciban remuneraciones modestas.

Confundir el mérito con las recompensas económicas supone desconocer la contribución de las instituciones colectivas al bienestar. La dignidad de las personas no depende de su posición en el mercado ni puede medirse por sus ingresos. Arenas reconoce la importancia de la solidaridad, pero la concibe principalmente como una ayuda que permite recuperarse después de una caída, evitando lo que denomina paternalismo estatal. Esa perspectiva deja insuficientemente desarrolladas las funciones preventivas y redistributivas de la protección social. Los sistemas de seguridad social permiten compartir riesgos y proporcionan condiciones materiales para el ejercicio de la autonomía. Su contribución a la igualdad de oportunidades excede considerablemente la asistencia frente a situaciones extremas.

Chile dispone de experiencias que muestran la posibilidad de alcanzar acuerdos en estas materias. La Pensión Garantizada Universal y la reforma previsional de 2025 expresan orientaciones destinadas a ampliar la protección social mediante compromisos entre fuerzas políticas diferentes. Las restricciones fiscales obligan, desde luego, a establecer prioridades y examinar cuidadosamente su financiamiento. Precisamente por eso, un proyecto nacional debería explicar cómo pretende compatibilizar sus orientaciones económicas y tributarias con la necesidad de reducir desigualdades y proteger a las familias frente a riesgos que exceden sus capacidades individuales.

Otra omisión significativa afecta la inserción internacional de Chile. Resulta difícil concebir un proyecto nacional hasta 2030 prescindiendo de las transformaciones del orden mundial y de las decisiones adoptadas por el propio gobierno. Kast ha privilegiado sus acercamientos políticos con Donald Trump y Javier Milei, mientras ha buscado referentes en determinadas experiencias de Viktor Orbán y Nayib Bukele. Aunque estos liderazgos presentan orientaciones y políticas diferentes, las afinidades establecidas plantean preguntas sobre los criterios que deben orientar las relaciones exteriores y sobre la compatibilidad de algunas de esas experiencias con nuestra tradición constitucional democrática.

Chile enfrenta un escenario internacional en el que sus intereses económicos no coinciden necesariamente con las prioridades geopolíticas de Washington. Estados Unidos constituye un socio estratégico fundamental, pero China es el principal destino de las exportaciones chilenas. Durante los primeros nueve meses de 2026, el mercado chino recibió aproximadamente un tercio de nuestros envíos, frente al 17 % correspondiente a Estados Unidos. En un escenario de creciente confrontación entre ambas potencias, preservar la autonomía nacional exige evitar que las afinidades políticas determinen compromisos contrarios a los intereses permanentes del país. La diversificación comercial y tecnológica amplía las posibilidades de decisión de Chile frente a presiones externas.

Esa tensión también aparece en la decisión del gobierno de adherir al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Trump. La cooperación internacional contra el crimen organizado es necesaria, pero sus alcances deben evaluarse considerando las consecuencias institucionales y estratégicas para Chile. Los asuntos relacionados con infraestructura digital y minerales críticos requieren decisiones fundadas en evaluaciones nacionales independientes. Compartir orientaciones políticas con una administración extranjera no garantiza que sus prioridades geopolíticas coincidan con las nuestras.

En América Latina, la defensa de los intereses nacionales exige mantener relaciones de cooperación que trasciendan las orientaciones ideológicas de los gobiernos. Argentina constituye un socio fundamental por razones geográficas y económicas. Su importancia para la integración energética merece particular atención. Brasil posee una gravitación decisiva para la integración sudamericana, mientras México representa un actor indispensable por su peso regional y su particular vinculación con Estados Unidos. La cooperación con los gobiernos de Lula y Claudia Sheinbaum resulta tan necesaria como la que pueda desarrollarse con Milei. Una política exterior de Estado debe reconocer esas realidades y preservar la autonomía diplomática del país.

Compartir orientaciones políticas puede facilitar ciertos acercamientos, pero una estrategia internacional necesita horizontes más permanentes. Chile requiere diversificar sus relaciones y fortalecer sus capacidades productivas para enfrentar un escenario mundial crecientemente incierto. Sorprende que estas cuestiones prácticamente desaparezcan de un artículo que pretende definir el futuro político nacional.

Finalmente, la apelación de Arenas a la mayoría del Rechazo de septiembre de 2022 tampoco proporciona el fundamento político que parece atribuirle. Aquella convergencia reunió a ciudadanos y organizaciones de orientaciones muy diferentes, unidos por su oposición a una propuesta constitucional concreta. De ese resultado no puede inferirse una adhesión compartida al liberalismo económico, al conservadurismo político ni al programa gubernamental. Las elecciones posteriores han mostrado la persistencia de diferencias profundas entre quienes participaron en aquella mayoría negativa. Tampoco existe evidencia para considerarla expresión de un clivaje estable que re ordene las dimensiones de la competencia electoral. 

Invocar esa mayoría plebiscitaria como fundamento de una convergencia nacional puede contribuir a legitimar políticamente el proyecto gubernamental, pero difícilmente sustituye los acuerdos que necesita construir en el presente. Arenas reconoce que un propósito nacional puede incorporar incluso a antiguos adversarios. Sin embargo, no explica cómo se traduciría esa apertura en compromisos programáticos con sectores que mantienen posiciones diferentes de las del oficialismo. La representación democrática exige reconocer la legitimidad de esas discrepancias y aceptar que los intereses nacionales admiten interpretaciones diversas.

Reiteramos que promover una orientación conservadora-liberal y procurar su continuidad después de 2030 constituye una aspiración legítima del oficialismo. Pero ninguna corriente política posee una interpretación exclusiva del interés nacional. Arenas presenta las prioridades doctrinarias de un sector como fundamento de una convocatoria que pretende trascenderlo. La distancia entre esa pretensión y las dificultades actuales de conducción, junto con la ausencia de respuestas programáticas convincentes a la cuestión distributiva, revela los límites de su propuesta. Un proyecto nacional requiere demostrar su capacidad para representar intereses mucho más amplios que los de quienes ejercen el poder.