La élite política y económica despertó impactada este domingo al conocer los chats del abogado y lobbysta Luis Hermosilla con Angela Vivanco ya sea en 2018 como candidata a la Corte Suprema y después como ministra del Poder Judicial.

Estas conversaciones revelan una red de favores recíprocos entre Hermosilla -que operaba desde La Moneda como principal asesor del ministro del Interior Andrés Chadwick- con la ministra Angela Vivanco, lo que también ocurrió, según todas las informaciones y conversaciones, con el ministro Jean Pierre Matus y otros jueces y juezas de la Corte Suprema.

Esto no solo daña a La Corte Suprema, sino que pone en entredicho a un pilar de la institucionalidad democrática como es la independencia del Poder Judicial y la completa separación de poderes que queda en entredicho en estas conversaciones y malas prácticas entre el abogado Hermosilla con los ministros de la Corte Suprema.

La función de la justicia queda entonces a merced de las relaciones entre este lobbysta que operaba desde La Moneda y sus peticiones a estos ministros de la Corte Suprema en los distintos casos que se investigaban y se alegaban en la alta magistratura. Además, en el caso de la ministra Vivanco aparece el caso de la empresa bielorusa en disputa con Codelco, donde la Corte Suprema revertió fallos previos con inusitada velocidad.

La sociedad lee estas conversaciones y revelaciones del medio digital CIPER con estupor, molestia y rabia. Se imagina que sus peores sospechas se hacen realidad: hay justicia para algunos y privilegios para otros que zafan gracias a las gestiones de Hermosilla u otro lobbysta bien conectado con el poder.

Esto debilita a nuestro sistema democrático, explica que la ciudadanía tiene una adecuada intuición, ya que en reciente encuesta Cadem el 82% de la población señala “que no le da confianza” y el 49% responsabiliza a los jueces de que la propia  no funcione como se esperara.

El Parlamento en su rol fiscalizador ha reaccionado con diligencia cuestionando esta situación y ya diputados como Eric Aedo, Daniel Manouchehri, Daniel Melo han anunciado que presentarán una Acusación Constitucional por tráfico de influencias contra los ministros Angela Vivanco y Jean Pierre Matus.

Han calificado que las conversaciones con Hermosilla son gravisímas y que en ambos casos se configuran los antecedentes para una acusación constitucional. Los diputados de derecha (UDI, RN) están jaqueados en este caso y no tienen espacio para rechazar las acusaciones constitucionales que se presenten en la Sala de la Cámara.

Este domingo se conoció también la información del presidente de la Corte Suprema Ricardo Blanco que estos temas serán analizados en Pleno del más alto tribunal de este lunes 9 de septiembre. Y se analizarán como “máxima prioridad” y además expresó su “preocupación” por esta situación y “reiteró el compromiso de la Corte Suprema con su trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho para dar garantías  de independencia y probidad a todas las personas.

Esta declaración grafica la molestia en otro sector de la Corte Suprema por estos chats que revelan malas prácticas y comenzaron las especulaciones si este lunes en el Pleno de la Corte Suprema ocurrirá lo que está regulado en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado donde se señala que por “oficio” el Pleno podrá declarar que los jueces que no han tenido buen comportamiento podrá “acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes”.

Esta situación no es descartable, porque estas conversaciones revelan un tráfico de influencia nunca antes conocido y son de un impacto brutal en la convivencia democrática y se requiere de una respuesta drástica de las instituciones para dar confianza a la sociedad de que estas malas prácticas están localizadas y circunscritas a estos ministros que fueron nombrados producto de las influencias de Hermosilla durante el gobierno de Piñera.

La democracia no puede ser carcomida por la corrupción y es importante que la opinión pública y las instituciones democráticas reaccionen cuestionando este deterioro del Poder Judicial, como también de lo que ocurre en el Ministerio Público con las gestiones que hizo Hermosilla en favor de nombramientos de actuales y ex Fiscales que se están conociendo en los medios de comunicación.

Las instituciones deben reaccionar y deben expulsar a quienes desarrolllaron estas malas prácticas que afectan su independencia y su necesaria probidad.