Especial diario El País de España

Hasta 2009, cuando había elecciones la disputa en Honduras giraba en torno a las candidaturas de los dos partidos históricos, el Partido Liberal (PL, 1891) y el Partido Nacional (PN, 1902), listados entre los más longevos del mundo. Los liberales tuvieron su último presidente en 2005: Juan Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro. En las elecciones del 28 de noviembre de 2021, con el 50% de las actas procesadas, Xiomara Castro (Libertad y Refundación, Libre), puede que se convierta en la primera presidenta del país, ya que encabeza el recuento con un 55,61% de los votos frente al 33,8% obtenido por el oficialista Nasry Asfura, del PN.

Hace más de 15 años, Zelaya llegó al Gobierno con la agenda liberal propia de su partido. Rápidamente giró hacia la izquierda, subiéndose a la ola del boom de las commodities y la expansión del socialismo del siglo XXI promovido desde la Venezuela de Hugo Chávez. Zelaya sumó a Honduras en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y buscó impulsar una nueva Constitución que ampliara derechos e incluyera, también, su reelección. Intentó ponerlo en marcha siguiendo los pasos de Chávez y Rafael Correa en Ecuador: mediante una consulta popular. En la madrugada del 28 de junio de 2009, los militares pusieron fin a sus expectativas, llevándoselo en pijama hasta la frontera con Costa Rica. Xiomara Castro saltó entonces a la escena política, desde las calles y encabezando las protestas contra lo que, a todas luces, fue un golpe de estado frente a un líder rechazado por las élites y con amplio apoyo popular. El Gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti –del partido de Zelaya; la defensa del statu quo unificó ambos partidos– intentó sin éxito legitimarse alegando que Zelaya se aprestaba a convertir al país en una dictadura. No lo reconoció ningún Estado y el país se abocó a una transición que ha sido errática.

En noviembre de 2009 se celebrarían las últimas elecciones dominadas por el bipartidismo, pero las ganó uno de los dos partidos tradicionales, con Porfirio Lobo, del Partido Nacional. La gestión de Lobo se orientó a conseguir el reconocimiento de la comunidad internacional. En 2013 Xiomara Castro se presentó por primera vez, pero perdió frente a quien ejerce el cargo en la actualidad, Juan Orlando Hernández Alvarado (PN). Hernández Alvarado, cuyo partido había sido uno de los principales promotores del golpe de 2009 alegando que la reelección conducía a la dictadura, se volvió a postular en 2017 (violando a todas luces la Constitución) y obtuvo un triunfo no sólo ajustado, sino también cuestionado por múltiples evidencias de fraude que dejaron sumamente desprestigiado al organismo electoral. La oposición se había agrupado en la Alianza contra la dictadura, liderada por Salvador Nasralla y que tuvo a Castro como candidata a la vicepresidencia. La gestión de Hernández ha estado plagada de denuncias de corrupción y malversación (incluso se lo ha vinculado con carteles de droga) y desastres (a la pandemia se le ha sumado el efecto devastador de los huracanes). Los sectores de la oposición han criticado el rol de los organismos internacionales minimizando el fraude de 2017, mientras las protestas sociales fueron reprimidas y criminalizadas por el Gobierno.

Los cambios en el sistema de partidos, ahora con tres fuerzas importantes, y la violencia desatada tras las elecciones del 2017, propiciaron una reforma constitucional. El antiguo Tribunal Superior Electoral fue dividido en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Con esta reorganización, el Partido Libre entró a formar parte del ente que organiza las elecciones, lo que ha ampliado sus posibilidades de supervisión frente al tradicional control bipartidista. No obstante, habiendo sido aprobada la reforma constitucional en el 2018, la nueva arquitectura electoral apenas contó con el tiempo necesario para asumir sus funciones y organizar adecuadamente las elecciones del 2021, lo que ha cargado el proceso de expectativas e incertidumbre.

Este domingo, la jornada electoral transcurrió en una relativa paz en un país habituado a la violencia. Hubo aglomeraciones debido a la alta afluencia en horas de la mañana, y también un aumento importante de la participación: del 68%, frente al 57% registrado en 2017. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instó en Twitter a los hondureños a no seguir las recomendaciones del salvadoreño Arena (oposición a Bukele), señalando que “no pensaba decir nada”, pero recomendando a sus “hermanos hondureños hacer exactamente lo CONTRARIO de lo que diga ARENA” (las mayúsculas son del presidente). El reporte del Observatorio de Reformas Políticas fue dando cuenta a lo largo del día de irregularidades, entre las que destaca que algunos actores políticos se declararon como ganadores o violaron la veda electoral, amparándose en datos de encuestas propias a pie de urna. Cerradas las mesas, el escrutinio se abría con varios escenarios posibles. Los menos deseables se basaban en un resultado estrecho que llevaría a que los dos principales partidos en liza se declararan ganadores y el pleno del CNE rompiera su unidad para respaldar a sus partidos. El país pareció moverse hacia ese escenario cuando las campañas de ambos candidatos principales se declararon ganadoras, pero los primeros resultados, anunciados siguiendo la normativa electoral, dieron una muy necesaria señal de normalidad. La hasta ahora amplia ventaja en torno a 20% de la candidata de Libre Xiomara Castro sobre el candidato de gobierno Nasry Asfura ha colocado al país en el mejor escenario poselectoral posible: la imposibilidad de cuestionar el resultado desde las calles, la opinión pública y el mismo CNE.

Estas elecciones han reavivado la ilusión en buena parte de la sociedad hondureña, pero también han agitado tensiones. Honduras tiene, por ejemplo, una de las regulaciones más restrictivas en lo que al aborto se refiere. Castro, que ha ido construyendo su perfil político a partir de las protestas de 2009 y que ahora se presenta como una candidata en sí misma y no una delegada de su marido, ha anunciado que la derogará. Esto ha desatado el rechazo de sectores del neopentecostalismo y el conservadurismo, que crecen en América Central. Por otra parte, para ser sostenible, la reanimación de la política deberá traducirse en una mayor aceptación de la democracia, y para ello tienen que producirse cambios. Se calcula que 800.000 hondureños viven en Estados Unidos, legal o ilegalmente. Las remesas son uno de los motores de la débil economía hondureña. La violencia y la falta de expectativas alimentan esas caravanas que cada año ocupan las portadas de los diarios y las imágenes de las televisiones. De confirmarse el resultado, el primer desafío para el nuevo Gobierno será la gobernabilidad. El Partido Libre es el resultado de la conveniente confluencia entre antiguos sectores del Partido Liberal y organizaciones de izquierda unidos por el rechazo al golpe de Estado del 2009 y al Partido Nacional. La nueva presidenta tendrá que gestionar las expectativas de su esposo Mel Zelaya y la de su vicepresidente, el popular presentador de televisión Salvador Nasralla, candidato de Libre en el 2017 y ahora presidente de su propio partido Salvador de Honduras. Como si eso fuera poco, se espera que producto de estas elecciones ningún partido tenga mayoría en el Congreso.