Por Alfredo Peña R.

Una sala de la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción y ordenó a empresas proveedoras de internet bloquear el acceso a sitios web de empresas de apuestas deportivas online que operan sin autorización legal en el país.

El abogado Carlos Baeza representante de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea en Chile, conversó con Cambio21 y explicó que desde las empresas lamentan el repentino cambio de criterio del Poder Judicial.

 ¿Cuál es su lectura jurídica del fallo?

La Sentencia de la Corte Suprema del pasado 29 de septiembre recae en una acción constitucional que se denomina “Recurso de Protección”, procedimiento judicial en el cual las plataformas de apuestas en línea no somos parte. Por lo tanto, las compañías operadoras no tienen nada que cumplir.
La orden que contiene esta sentencia se limita a 12 direcciones url que las compañías de telecomunicaciones recurridas deben bloquear, y entendemos que ya lo hicieron el mismo día.
Las sentencias judiciales no establecen normas de alcance general. La ley es la única capaz de establecer normas de carácter general y definir una política pública. Esa misión le corresponde exclusivamente al Congreso Nacional, que desde el año 2022 avanza en el proceso de análisis de una ley que esperamos prontamente regula la industria en el país.

La sentencia reafirma que los juegos online están prohibidos salvo autorización por ley. ¿En
qué disposición concreta difiere la Agrupación de Plataformas en Línea?

La sentencia hace afirmaciones totalmente equivocadas y sin fundamento alguno. No existe en Chile ninguna norma ni constitucional, ni penal ni civil que permita sostener esa afirmación y las normas que invoca la sentencia bajo ninguna circunstancia permite llegar a esa conclusión ni formular esas afirmaciones. Es un fallo totalmente equivocado, pero que
por tratarse de un fallo definitivo de la Corte Suprema, las compañías de telecomunicaciones deben igualmente cumplir.

Esta es una sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que fue dictada en voto dividido, tres contra dos y que revoca una sentencia anterior de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó por unanimidad y categóricamente las alegaciones de ilegalidad sostenidas por Lotería de Concepción.
Existen informes en derecho emanados de los más reputados expertos en materia constitucional, penal y civil, que confirman categóricamente que las apuestas en línea no infringen norma legal alguna. Confirmación de aquello es la decisión del Ministerio Público de archivar todas las querellas por alegaciones penales presentadas en contra de los
operadores de plataformas.

El Ministerio Público decidió no perseverar en la causa penal. ¿Cómo dialoga ese antecedente con lo resuelto ahora por la Corte?

El Ministerio Público es una autoridad consagrada a nivel constitucional al mismo nivel que el Poder Judicial, del cual la Corte Suprema es su máximo tribunal. El Ministerio Público tiene por ley el monopolio de la determinación de los criterios de persecución penal y, por lo tanto, y a diferencia de la sentencia de la Corte Suprema, sus decisiones tienen efecto general para todo el país.

El Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en abril de 2025, luego de cerrar una investigación que se extendió por más de 3 años, confirmando lo que hemos sostenido siempre; que el juego en línea no es una actividad que este prohibida ni considerada como delito en Chile.

Impacto inmediato: ¿qué deberían esperar hoy los usuarios y las plataformas, disponibilidad del servicio, migración de dominios, geobloqueos, app stores, pagos?

Los usuarios no deberían experimentar cambio alguno en la operación. En el caso de los dominios que la sentencia ordena bloquear, seguramente serán reemplazados por otros para asegurar su continuidad.

¿Qué riesgos ve para la protección del consumidor si el bloqueo se ejecuta sin un marco regulatorio, juego responsable, AML, integridad deportiva, datos?

Un bloqueo general de la industria implicaría un severo atentado contra los derechos constitucionales de todos los chilenos. Este nivel de afectación solo puede ser determinado por una ley y jamás por los tribunales de justicia.

Si el Congreso no avanza pronto, ¿qué plan de contingencia sugieren para minimizar el daño a usuarios y a la formalidad del mercado?

El Congreso debe concluir el proceso regulatorio el cual hemos apoyado e impulsado desde el primer día. Pero ese proceso debe ser capaz de establecer una regulación que cumpla con los estándares internaciones que la conviertan en una legislación exitosa, que asegure una canalización de esta industria en una proporción que pueda maximizar no sóla recaudación fiscal como beneficio para el país entero, sino que también proteja a la mayor cantidad de usuarios. Para eso, es necesario corregir una serie de normas, y confiamos en que el Congreso y el siguiente gobierno lo harán.