El Partido Socialista (PS) decidió suspender la militancia del actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, debido a una investigación en su contra por denuncias de irregularidades al interior del municipio y “notable abandono de deberes”.

El jefe comunal fue denunciado al Tribunal Electoral de la Región de O’Higgins por concejales de la comuna, luego de que se diera a conocer que Contraloría detectó graves irregularidades en el funcionamiento del municipio, según información consignada por un reportaje de T13.

Las denuncias en su contra se realizaron en septiembre del año pasado, acusando a Godoy de realizar varias compras, vía trato directo, por $316 millones a la empresa del hermano de uno de sus asesores.

“Aportaré todos los antecedentes”

Al respecto, Godoy se refirió a la situación a través de una declaración pública. En esa línea, señaló que respetará la decisión que tomó el Tribunal Supremo “y junto con ello, señalar que aportaré todos los antecedentes que permitan aclarar las situaciones que han llevado a esta instancia del PS a tomar esta decisión, que tiene que ver más con el nivel mediático que ha tomado este tema, que por acciones reñidas con la legalidad, como pretenden hacer ver quienes tratan de sacar pequeñas ventajas políticas de esto”.

Asimismo, agregó que “es importante aclarar que el informe de Contraloría no tiene observaciones a la gestión de la Municipalidad de Rancagua. Las observaciones de dicho informe se refieren a la Corporación Municipal (Cormun), institución donde actúo como presidente del directorio y no tengo injerencia en las decisiones que se toman en dicha institución“.

Sobre lo mismo, señaló que la investigación de Controlaría a la Corporación Municipal (Cormun) de Rancagua fue solicitada por él mismo y que abarcó “el período comprendido entre el 1 de enero 2021 y el 31 de diciembre de 2021”.


“La decisión de solicitar a Contraloría una investigación en Cormun, se realiza luego que la propia Contraloría detectara irregularidades en la administración anterior como, por ejemplo, en el ‘Caso pulseras’. En este caso, la Contraloría inició un juicio de cuentas contra exalcalde Eduardo Soto, que busca que se restituyan dineros de este millonario gasto (más de 400 millones de pesos), que se realizó con dineros de la LEY SEP, por un servicio que no se efectuó de manera correcta y por el cual también se cuestiona un eventual sobreprecio”, concluyó.