Se trata de una querella interpuesta ante el ministro Mario Carroza, que apunta contra varios exagentes de la DINA.

 

Algunos de ellos son Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército; Alejandro Burgos De Beer, mayor del Ejército y mano derecha de Manuel Contreras; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro y segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A.; y Gerardo Godoy García, exagente de la DINA, además del equipo gerencial de la empresa, todos ellos directores de la empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Ltda.

 

Según investigaciones de diversos casos de víctimas de Londres 38, uno de los medios utilizados para los secuestros y desapariciones de personas detenidas durante la dictadura fue el uso de los camiones frigoríficos de dicha pesquera, los cuales salían desde Rinconada de Maipú o desde la oficina de la pesquera en Lo Valledor.

 

Los camiones de la pesquera, aseguran desde la organización de DD.HH., se estacionaban a la entrada de Londres 38 para que las y los detenidos ingresaran a los camiones, quienes subían con la vista vendada y amarrados. Habitualmente las víctimas eran conducidas a los recintos militares de Tejas Verdes, en San Antonio, o a Santo Domingo.

 

Las órdenes de los traslados emanaban del Cuartel General, y el encargado de ejecutarlas era el coronel en retiro Marcelo Moren Brito, encargado del recinto, a través de los jefes de las agrupaciones o de los turnos de guardia, entre ellos, los oficiales de Carabineros y del Ejército, Ricardo Lawrence, Ciro Torré o Miguel Krassnoff.

 

Las empresas Pesquera Arauco S.A. y Pesquera Chile Limitada fueron empresas filiales de CORFO, que luego del golpe militar de 1973, pasaron a ser administradas y dirigidas por Manuel Contreras, por lo que sus directorios fueron asumidos por miembros de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y civiles.

 

Esta es la primera querella en Chile que busca identificar responsables de crímenes de lesa humanidad en contra de una empresa y sus directivos, entre ellos civiles.

 

 

Se tiene la noción de que los “cómplices pasivos”, principalmente civiles, no han sido sancionados por sus responsabilidades y por no haber entregado información relevante para aclarar muertes y desapariciones.

 

Para Magdalena Gálvez, abogada del centro de memoria Londres 38, explica que el objetivo de esta medida judicial es “establecer la responsabilidad penal de los directores de estas empresas. Los antecedentes apuntan a la utilización tanto de recursos como de infraestructura por la Pesquera Arauco como la Pesquera Chile en la desaparición de las víctimas. Son 85 desaparecidos desde Londres 38”, indica.

 

Asimismo, complementa que “nuestra querella tiene que ver con lograr establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, y acortar la brecha de impunidad que existe en Chile, donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que no sepamos hasta el día de hoy dónde están”, asegura.

 

 

Para la abogada de derechos humanos y mujer involucrada hace muchos años en la lucha por la verdad histórica, Carmen Hertz, “la impunidad penal, social y política que han tenido los civiles que fueron directamente cómplices de los crímenes, es un agravio al conjunto de la sociedad, cuando se ha experimentado prácticas genocidas como es el caso de la sociedad chilena. No es un problema solo de las víctimas y de sus familiares, sino que del conjunto de la sociedad”, explica.

 

La abogada comenta un caso de participación de civiles en los procesos represivos: “En el caso de la Sudamericana de Vapores, que el dueño era Ricardo Claro, fallecido en la más absoluta impunidad, al menos dos barcos, el Lebu y el Maipo, fueron cárceles flotantes y se usaron también para el traslado de prisioneros a Pisagua”, añade.