Según los datos incluidos por el Estado de Chile en su último informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las policías ascienden a un total de 802 entre 2010 y 2017.

En detalle, desde ese año hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente.

En 2017, en tanto, se impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución, de acuerdo a lo publicado este miércoles por La Tercera.

Al respecto, la ONU señaló en sus observaciones finales "su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes" y "abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos".

Asimismo, lamentó "no haber recibido información completa" y planteó que "también preocupa que las denuncias por violencia policial se remitan para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución"

La fiscal de la Zona Sur, Paulina Díaz, quien está designada como fiscal preferente para estos delitos, explicó que "las denuncias ingresadas por abusos contra particulares y apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos han aumentado en un 100 por ciento" y que "la mayoría apunta a un accionar abusivo y exceso de violencia al momento de la detención".

En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló por torturas de funcionarios públicos en 91 casos en 2018 y en 79 en 2017.

Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH, dijo que "preocupa que sean tan bajos los porcentajes de sanciones en casos de violencia institucional, ya que la gran mayoría ni siquiera llega a una sentencia".

Desde Carabineros señalaron que tomando en cuenta el total de procedimientos policiales que realiza la institución, es muy menor el número de casos registrados por presuntos abusos, "pero es de nuestro interés que sea lo más cercano a cero".

Explicaron, además, que han implementado mecanismos para conocer de estas eventuales infracciones, entre ellas, "un sistema público de recepción de quejas y denuncias, a través de una plataforma de internet o en forma directa".