La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de masivos sumarios administrativos en 788 instituciones públicas del país, tras detectar que 25.078 funcionarios fiscales viajaron fuera de Chile mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024.
La información, contenida en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo, dio cuenta de 59.575 entradas o salidas del país realizadas durante permisos médicos, generando un fuerte remezón institucional.
Como parte de las medidas, Contraloría también derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público para que se indaguen eventuales delitos o responsabilidades patrimoniales.
De las 35.585 licencias emitidas a los funcionarios involucrados, un 69% corresponde a afiliados a Fonasa y un 31% a isapres. Las regiones con mayor número de desplazamientos durante licencias son la Metropolitana (26.032 salidas o ingresos), Arica y Parinacota (10.043) y Magallanes (5.980).
Entre las instituciones con mayor número de funcionarios involucrados figuran:
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji): 2.280 licencias
Fundación Integra: 1.934
Municipalidad de Arica: 719
Corporaciones municipales de Iquique, Puerto Montt, Punta Arenas y otras: entre 328 y 515 licencias
Desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, que supervisa a Junji e Integra, aseguraron que se están tomando medidas para sancionar a los responsables y mejorar los controles internos.
Irregularidades graves y casos extremos
El informe reveló otros antecedentes llamativos, como 125 funcionarios que registraron entre 16 y 30 entradas o salidas del país durante sus licencias, y 51 trabajadores que superaron las 31 salidas. Incluso se detectó un funcionario del área de salud que se autoemitió una licencia médica y luego viajó.
Un modelo en crisis
El hallazgo se da en medio de una profunda revisión del sistema de licencias médicas. A la espera de la promulgación de una nueva ley que fortalece la fiscalización de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), autoridades y parlamentarios expresaron su indignación.
"Esto es un fraude al Fisco. Si se recuperara ese dinero, no tendríamos problemas para financiar las listas de espera", dijo el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado.
Su par de la Cámara, Helia Molina (PPD), fue aún más dura: "Es una estafa colectiva, un acto vandálico".
Desde el Compin, su directora nacional Valeria Céspedes declaró que el uso abusivo de las licencias es "condenable" y que ya se han iniciado más de 1.200 sumarios en el sector salud durante 2024.
Finalmente, desde la Asociación de Isapres valoraron la acción de Contraloría, señalando que el actual modelo de licencias "está agotado" y que los fraudes han aumentado exponencialmente en los últimos años.
