Foto: Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, oficializando el Humedal Urbano de Talca, rodeada de dirigentes de organizaciones sociales

Por Antonia Paz

El controvertido proyecto del Casino Dreams en Talca vuelve a estar en el centro del debate público, mientras la Corte Suprema —a través de su Tercera Sala— mantiene la causa en estado de acuerdo y se prepara para resolver un asunto que podría marcar un precedente en materia de probidad, licitaciones y resguardo ambiental.

El proyecto, adjudicado originalmente a la cadena Dreams, ha sufrido una serie de modificaciones posteriores destinadas, según sus críticos, a “regularizar” irregularidades advertidas desde el inicio y que incluso habrían sido reconocidas por autoridades del sector: que el terreno no era apto para la construcción, que se ubicaba en zona inundable y que su emplazamiento colinda con el Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, protegido por ley.

Modificaciones que generan nuevas dudas

Uno de los puntos que más llama la atención es el incremento de la inversión comprometida, que pasó de US$ 6 millones a más de US$ 16 millones. Especialistas y actores locales plantean que esta diferencia podría estar siendo financiada, directa o indirectamente, con los excedentes obtenidos por Dreams en otros casinos adjudicados, incluso en aquellos señalados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el requerimiento por colusión contra los principales actores del sector.

“Es legítimo preguntarse si la ampliación de presupuesto está siendo sostenida por utilidades provenientes de procesos licitatorios cuestionados por la FNE”, señalan fuentes conocedoras del proceso. “Permitir que empresas requeridas por colusión sigan participando en nuevas licencias y realizando expansiones sin control es un incentivo perverso”, reiteran diversos actores de la industria de casinos.

Terreno aún inundable y sin mitigaciones efectivas

Pese a los ajustes introducidos por Dreams, el riesgo de inundación del recinto FITAL no ha sido resuelto, y hasta ahora no se han ejecutado obras de mitigación hidráulica permanentes en el río Claro. A ello se suma la inexistencia de un análisis actualizado sobre el impacto que el proyecto podría generar en el Humedal Urbano, protegido desde 2024 por el Ministerio del Medio Ambiente e inaugurado por la propia ministra de esa cartera, Maisa Rojas, como se ve en el foto de la portada.
Organizaciones locales y ONGS acusan que las modificaciones “solo buscan encajar en la norma”, sin abordar los problemas estructurales que motivaron cuestionamientos desde el inicio.

El rol de la Superintendencia de Casinos y los cuestionamientos pendientes

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ha sido duramente criticada por permitir que los operadores requeridos por colusión —Dreams, Enjoy y Marina del Sol— continúen compitiendo y mantengan sus licencias sin restricciones. Esta postura, afirman los expertos, tensiona aún más la discusión: ¿puede el Estado seguir adjudicando permisos a empresas investigadas por acuerdos anticompetitivos?

“El regulador ha actuado más como un escudo que como un fiscalizador”, apuntan abogados del sector. Añaden que, de comprobarse irregularidades en las modificaciones del proyecto Talca o en el cumplimiento de las bases de licitación, se vería comprometido todo el sistema de concesiones de la Ley N° 19.995.

Expectación ante el pronunciamiento de la Corte Suprema

La causa —que se encuentra en acuerdo en la Tercera Sala— ha despertado especial atención por el impacto urbano, ambiental y económico del proyecto, pero también porque la Corte Suprema ha sido en ocasiones cuestionada por fallos percibidos como favorables a grandes grupos empresariales.

En esta oportunidad, diversos actores sociales y jurídicos han pedido al máximo tribunal garantizar el cumplimiento estricto de las bases de licitación y revisar las modificaciones posteriores que podrían alterar los términos originales. Según señalan, la Suprema tiene el deber de velar porque estas concesiones se ejecuten “en buena forma, con probidad y respetando la legalidad ambiental vigente”. Más en momentos donde hay una profunda y diversificada crítica hacia el poder judicial por situaciones de corrupción de algunos ministros.

El fallo que emita el máximo tribunal no solo definirá el futuro del Casino Dreams en Talca, sino que también podría marcar el estándar sobre cómo deben resolverse los procesos licitatorios cuando existen indicios de colusión, irregularidades técnicas o riesgos ambientales no mitigados.