Las incisivas palabras de Carlos Cardoen publicadas por El Mercurio hace algunos días atrás —“Habría que rebautizar a Monumentos Nacionales como Impedimentos Nacionales”— resumen con crudeza una verdad que muchos actores culturales han experimentado en silencio: el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha pasado de ser guardián del patrimonio a convertirse en un mecanismo de parálisis del desarrollo cultural de Chile.

El diagnóstico de Cardoen no proviene de la crítica fácil, sino de la experiencia concreta. A través de su fundación, ha creado y sostenido cinco museos en Chile y proyecta un sexto en Chiloé. En lugar de encontrar en el CMN un aliado, se ha enfrentado a una estructura que actúa como fiscalía patrimonial: incauta piezas, retrasa proyectos, y confunde protección con castigo.

Detrás de esa rigidez hay algo más grave: la ausencia total de evaluación institucional. ¿Dónde están los informes de desempeño del CMN? ¿Qué metas culturales ha cumplido? ¿Cuántos proyectos ha favorecido o bloqueado? La ciudadanía no lo sabe. El Consejo opera sin control externo efectivo, sin transparencia en su gestión y sin una rendición pública que demuestre el beneficio real de su existencia.

Creemos que ha llegado el momento de pasar de la queja a la acción. El Congreso Nacional, en la actual discusión de la Ley de Presupuestos, debería incluir una disposición especial que ordene a la Contraloría General de la República realizar una auditoría integral al Consejo de Monumentos Nacionales. Esa revisión debería, a nuestro juicio, abarcar:

El cumplimiento de sus fines legales conforme a la Ley N° 17.288.
La revisión de sus procesos de autorización, fiscalización e incautación.
La evaluación del aporte cultural real del CMN durante los últimos diez años.
El uso y destino de los recursos públicos que le han sido asignados.

No se trata de debilitar la protección del patrimonio, sino de rescatarla del inmovilismo. Un país que aspira al desarrollo no puede mantener instituciones sin control, capturadas por intereses internos o grupos ideológicos que frenan toda iniciativa ajena a su propio círculo o que (y no se que es peor) impiden o dificultan en extremo el desarrollo de las iniciativas que se les plantean. 

Chile necesita un Consejo moderno, transparente y colaborativo, que promueva alianzas público-privadas y facilite la puesta en valor del patrimonio, no que lo confisque o lo congele. Una auditoría especial por mandato legal no solo es posible: es indispensable para restituir la confianza pública y devolverle sentido a una institución que hoy se percibe como un obstáculo.

Como advirtió Cardoen, el problema no está en nuestros monumentos, sino en los impedimentos que el Estado ha permitido levantar en su nombre, por lo que llegó la hora de remover tales impedimentos con la fuerza de la ley.