Mientras la atención periodística y de los matinales estaba en la presentación de la Fiscalía y los actos de corrupción detectados en el Caso Hermosilla a partir del entramado de facturas falsas detectados en la empresa de factoring Factop y sus efectos en el sistema político institucional; este viernes el INE daba a conocer la encuesta de ingresos del 2023 donde se destacaba que el ingreso mediano en Chile es de $582.000 o sea 50% -si lee bien- 50% de los chilenos/as gana igual o menos que esa cantidad, que el ingreso promedio alcanzó a $826.000 mensuales y que sólo un 2,8% de chilenos/as percibió ingresos mayores o iguales a $3 millones mensuales.
Ese Chile mayoritario -cuyos ingresos no superan el millón de pesos mensuales-, que vive en la absoluta inseguridad en los últimos años, que incluso ha debido cambiar sus rutinas horarias para vivir más seguro; mira en la televisión como una banda de delincuentes (abogados, ingenieros) provenientes de familias poderosas como los Sauer, los Jalaff construyeron un negocio que movió miles de millones de pesos y dólares y además uno de ellos (Luis Hermosilla) lideraba una eficiente trama criminal “de favores, amistades, intercambios” que hacía a muchos “inmunes a la justicia” o creerse que vivían en la impunidad, como destaca un columnista dominical.
Este contubernio es muy grave para la democracia. Hermosilla fue eje del gabinete político de Andrés Chadwick en La Moneda como lo reconoce su sucesor y operaba “desde ahí” haciendo favores y lobbys con miembros del Poder Judicial o futuros miembros, con Fiscales, con línea directa con director PDI, con políticos que en ese momento dirigían Banco Estado y ocupaban lugares claves en gobierno de Piñera y en la tarde asesoraba a los delincuentes de cuello y corbata que son los Sauer y los Jalaff.
Esto genera un tremendo daño institucional porque resulta increíble e incomprensible para la ciudadanía que ni Impuestos Internos, ni la Comisión de Mercado Financiero, ni la Unidad de Análisis Financiero hayan levantado las alarmas ante estas numerosas facturas falsas o cuando por la cuenta corriente de la abogada Leonarda Villalobos pasaban miles de millones de pesos.
Esta trama de facturas falsas se extendió ante la debilidad fiscalizadora de SII, CMF y UAF y sus directivos debieran explicar ante el Parlamento y la opinión pública porque no se encendieron las luces de alarma en estos años o ¿esto fue producto de la trama criminal de protección que generaba Hermosilla?.
Estas instituciones en otros espacios de fiscalización (gastos reservados, personas políticamente expuestas) actúan; por tanto, la duda que surge es porque en la industria del Factoring no hicieron nada.
Otra cuestión muy delicada y relevante es que la defensa del ex ministro Chadwick en la acusación constitucional de los últimos meses del 2019 se financió mediante estas platas negras del factoring Factop, tanto a los abogados Jean Pierre Matus, (hoy ministro de la Corte Supema) que además intermedió con un experto alemán y con Aruro Fermandois que también se le pagó con platas de la empresa delictiva de factoring Factop.
Resulta muy delicado que la defensa jurídica de un ministro de Estado de la época se haya financiado así y prueba que el actual ministro de la Corte Suprema Jean Matus participó activamente en esa operación política, cuestión que negó recientemente.
Es razonable lo planteado por el vice presidente de la Cámara de Diputados Eric Aedo de acusar constitucionalmente a Jean Pierre Matus ya que ser miembro de la Corte Suprema requiere estándares superiores y no esta historia conocida ahora en sus chats con Hermosilla.
En una entrevista dominical, Matus pide que lo juzguemos “como juez actual y no por su pasado como abogado privado”; claramente el ministro Matus no ha entendido nada de lo que pide el Chile actual, además omite peligrosamente que él fue abogado integrante de la Corte Suprema entre 2015 y marzo 2019 , su participación en la defensa de Chadwick ocurrió entre noviembre/diciembre 2019 y fue nominado ministro de la Corte Suprema desde septiembre 2021 donde le pidio gestiones al lobysta todopoderoso Hermosilla y al entonces ministro Chadwick para que el Presidente Piñera lo incluyera en la terna para ser Supremo, cuestión que ocurrió, como hemos sabido en las últimas horas.
Es claro que el ministro Matus desde que fue abogado integrante de Corte Suprema -desde 2015- debio observar estrictamente las normas de probidad, cuestión que no ocurrió con su participación en la defensa del ex ministro Chadwick y el haber negado sus vínculos con Hermosilla.
Una democracia no está funcionando bien, si aceptó y toleró estas bandas criminales de cuello y corbatas de seda que vía favores y lobbys ocultos generaron ese manto de impunidad para un grupo selecto, mientras la mayoría de los chilenos/as nos enteramos ahora y vemos con preocupación que nuestras instituciones democráticas se debilitan y son asaltadas por una minoría inescrupulosa.
Es de esperar que las diversas instituciones impactadas negativamente por este caso, reaccionen con la fuerza del derecho y se sancione drásticamente a quienes idearon y participaron en esta trama criminal que tanto daño hace a nuestra convivencia democrática.
