La balacera en Maipú, antes había ocurrido este año en Peñalolén, La Granja, Quilicura, La Pintana revelan que la fiesta de los delincuentes sigue vigente y que no se cumplió la promesa -otra más- de Piñera de poner a raya a la delincuencia; al contrario, la delincuencia/drogadicción se ha expandido  ya por varias comunas de clase media y populares donde la ausencia del gobierno central, de las municipalidades y de Carabineros han terminado convirtiendo esas comunas en territorios dominados por los narcos y su microtráfico.

 

Las familias de ingresos medios y populares, ya no sólo viven agobiadas por el desempleo o la caída abrupta de ingresos, las largas horas de viajes en el transporte público, por el alto endeudamiento con retail; sino, además, viven temerosas de ser asaltadas en sus propios hogares, producto de bandas de jóvenes delincuentes claramente vinculados a la drogadicción. El miedo es lo que caracteriza la vida en esas comunas.

 

En esos territorios hay escasa presencia policial -no hay intervención estatal vía colegios, CESFAM, no están ya las iglesias-, los carabineros no están en los barrios riesgosos y estos se convierten en terrenos en que mandan los narcos.

 

La distribución de los Carabineros en la Región Metropolitana es mayor en las comunas de la zona oriente y de altos ingresos. En 2019 se conoció un estudio sobre la distribución de Carabineros en la Región Metropolitana que mostraba que habían más carabineros por habitante como Vitacura y Las Condes (1 carabinero por cada 500 y 576 habitantes respectivamente), pero en las comunas de la zona sur y norponiente –en que se conoce están localizados estas bandas de narcos- como Maipú hay 1 carabinero por cada 907 habitantes, en Quilicura hay 1 carabinero por cada 1.018 habitantes, en La Pintana hay 983 habitantes por cada carabinero.

 

O sea, donde crece el narcotráfico y consolida su presencia local hay menos dotación policial. Esto unido al fuerte desprestigio social de Carabineros producto de la corrupción instalada ahí por el Pacogate -que significó un desfalco de $35.000 millones-, las violaciones a los Derechos Humanos post estallido social y la postergada reforma estructural a Carabineros han agudizado la situación de desprotección ciudadana.

 

Es urgente que la élite política impulse una real Reforma estructural a Carabineros que debiera apuntar a una mayor profesionalización y a una real subordinación al poder civil  con el establecimiento de mecanismos de control y de accountability interno y externo rendición de cuentas, limitación de información reservada, transparencia activa y pasiva, etc., y los cambios en la formación policial plan estratégico, cambios en contenidos y profesionalización de docencia, ampliación de formación inicial a lo menos. No es bueno para la sociedad que se dilate esta reforma, que se mantenga esta incapacidad de Carabineros de combatir  la delincuencia y la drogadicción y que a nivel parlamentario sólo predomine el populismo penal.

 

También es clara la ineficiencia de los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito que no están teniendo ningún efecto en los territorios, son $28.000 millones anuales que se dilapidan en programas de intervención comunal poco transparentes, sin concursabilidad, de asignación directa de la Subsecretaría donde se abusa de la inversión en cámaras de seguridad y muy poca prevención, ni menos apoyo a las organizaciones barriales; los Comités Comunales de Seguridad Ciudadana –creados por ley- no tienen financiamiento público.

 

Estas falencias del Gobierno y de Carabineros han abonado el incremento de la influencia de los narcos a nivel local. Estos ante la lentitud del apoyo estatal durante la crisis de la pandemia llegaron antes con cajas de mercadería e implementos médicos en diversos barrios de la zona sur de Santiago; además han ido ganando influencia en la vida local y así lo denuncian diversos dirigentes sociales.

 

Este tema de la creciente influencia de los narcos en los barrios locales, con su poder de fuego, pero también con sus apoyos sociales y políticos locales nos alertan que estamos frente a un actor que está deteriorando la convivencia social y la vida democrática.

 

La clase política debiera ponerle más atención a como los narcos cooptan y corrompen en algunas comunas a las autoridades y a las policías a nivel local.