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El pasado que sigue presente: ¿se debe modificar todo aquello que recuerde la dictadura?

La discusión puede ser retomada siguiendo los eventos ocurridos en Estados Unidos y algunos países europeos. En Chile nunca se ha tomado en serio la memoria como un elemento que forme parte de la historia reciente.

Durante años ha crecido en Estados Unidos el debate acerca de qué hacer con los controvertidos símbolos de la Confederación defensora de la esclavitud que se encuentran repartidos por el país.
 
Esta situación se intensificó tras el derramamiento de sangre del pasado fin de semana, cuando una persona murió en Charlottesville, Virginia, tras una protesta organizada por supremacistas blancos contra el retiro de una estatua del general confederado Robert E. Lee.
 
Manifestantes de la ciudad Durham, Carolina del Norte, derribaron una estatua en memoria a un soldado confederado levantada fuera del viejo juzgado del condado en 1924. En Gainesville, Florida, una estatua confederada conocida como “Old Joe” que desde 1904 estaba afuera de un edificio del condado fue derribada y trasladada a un cementerio privado.
 
Penosa tradición
 
En un informe publicado en abril de 2016, el Southern Poverty Law Center (SPLC), un grupo de defensa de los derechos civiles, reveló que más de 1.500 símbolos de la Confederación se encontraban en tierras públicas, la mayoría en el sur.
 
Incluían más de 700 monumentos y estatuas y unas 100 escuelas públicas llevaban el nombre de figuras políticas o militares de la Confederación.
 
“En muchos casos la verdadera meta de este despliegue no era preservar la historia”, afirma el presidente del SPLC, Richard Cohen. “Muchos eran más bien un intento de glorificar una causa manifiestamente injusta”, dice Cohen en un comunicado que acompaña el informe.
 
 
 
¿Puede ser en Chile?
 
El sociólogo Juan Jiménez considera que la medida podría ser útil, pero se debe considerar que “nuestro país y la sociedad no ha conseguido asimilar aún los daños del pasado dictatorial. Sigue habiendo una mirada dicotómica, y no se han podido aunar los criterios”, indica.
 
“Aunque, siendo lógico, lo que se debe evidenciar es la violencia que se aplicó durante esos años y que todo tipo de rescate, recuerdo o validación es algo que no resulta positivo para el futuro del país y de la sociedad. Se debería seguir el ejemplo que se ha aplicado en otras sociedades que han padecido situaciones semejantes”, dijo el académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
 
“Es un ejercicio republicano que podría ser positivo, pero se requiere de impulso amplio y transversal. No basta con querer, se debe saber que algunos pasos son por el bien de un país y no solamente de un sector político o social”, concluye el sociólogo.
 
Como ejemplo puede servir lo hecho en Argentina durante la administración del presidente Néstor Kirchner cuando se retiraron las imágenes que recordaban la dictadura. Uno de los actos más emblemáticos ocurrió el 24 de marzo de 2003.
 
En esa oportunidad Kirchner, en un acto oficial, ordenó retirar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar de la Nación. El hecho fue de una importancia nacional, reconocieron.
 
En nuestro país, los intentos por fomentar el retiro de monumentos o el cambio de nombre de algunas calles y avenidas ha sido una preocupación de organizaciones y de algunos parlamentarios.
 
El año 2014, durante el primer mandato de Michelle Bachelet, el Movimiento Ciudadanos por la Memoria, entregó 5 mil firmas a la presidenta solicitando la remoción de una estatua de José Toribio Merino emplazada en el Museo Naval en Valparaíso.
 
La estatua es considerada como una parte de los “signos de glorificación de la dictadura”. Incluso todavía, todos los 11 de cada mes, expresos políticos de la dictadura, familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y organizaciones de Derechos Humanos, se dan cita con el fin de recordar que la estatua continúa en ese lugar.
 
Las agrupaciones no solamente piden el retiro de estatuas y el cambio de nombre de las calles que se relacionan con actores directos de la dictadura, sino que también piden instalar una placa que explique el por qué del cambio.
 
Dicen que de esa forma se evita “limpiar” el territorio de las marcas públicas de la dictadura, pero evitando conseguir que su recuerdo se extinga y como si esta nunca hubiese existido.
 
Recordar que el año 2014 la diputada PC Karol Cariola presentó un proyecto de ley que prohíbe todo homenaje y exaltación a la dictadura cívico militar. El proyecto, que no ha sido aprobado, fue un elemento que generó una fuerte discusión.
 
Uno de sus puntos habla de un efecto retroactivo. Es decir, si llega a aprobarse, se deberían derribar monumentos como la estatua a José Toribio Merino en el frontis del Museo Naval y cambiar el nombre a la carretera Austral ‘Augusto Pinochet’.
 

No mucho ha cambiado desde ese día, la discusión se ha olvidado, pero muchos de los elementos que recuerdan la dictadura se mantienen en su mismo lugar.