La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado un giro importante en la investigación que lleva a cabo contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presunto fraude al Fisco, durante su gestión en la comuna.

Según información surgida en enero de este año, la fiscal Constanza Encina ha recibido varias declaraciones de exfuncionarios municipales que colaboraron durante la gestión de Barriga, con el fin de reforzar la hipótesis del Ministerio Público de que la exjefa comunal defraudó al municipio por más de $31 mil millones, durante su gestión.

Uno de los testimonios clave provino de Luis Japaz, exmano derecha de Barriga, quien también fue formalizado por delitos de corrupción.

Según consignó La Tercera, en su declaración, Japaz detalló varios hechos que están siendo investigados, entre ellos un déficit presupuestario y el supuesto uso de fondos públicos para pagar a cuidadoras de su hijo.

Sin embargo, lo más reciente en la investigación es la contratación de la empresa Legalcorp, dedicada al asesoramiento legal en diversas áreas.

La Fiscalía detectó que, entre los casos que Legalcorp tenía en su base de datos, figuraban causas relacionadas con Barriga y su esposo, el diputado Joaquín Lavín León.

Este hallazgo levantó sospechas sobre el uso de fondos municipales para pagar un servicio a beneficio de Lavín Jr., lo que ahora está siendo examinado por las autoridades.

La Fiscalía presentó este nuevo antecedente tras la declaración de la abogada Carolina Paz Hervias, quien trabajó en el área jurídica del municipio entre 2017 y 2018. Hervias explicó que el servicio contratado con Legalcorp consistía en el seguimiento de causas de Corte, pero se sorprendió al encontrar en los informes de la empresa los nombres de Barriga y Lavín, lo que la llevó a cuestionar la relevancia de esos casos para el municipio.

Por otro lado, Felipe Contreras Huckstadt, exdirector de Asesoría Jurídica de Maipú, también prestó declaración sobre este tema, reconociendo que había dado la instrucción para que se incluyeran estas causas personales de Barriga y Lavín, a solicitud de Carlos Fairlie, abogado de confianza del matrimonio.

Fairlie desmintió esta versión, negando conocer la empresa mencionando y responsabilizando, en cambio, a Contreras de haber dado la orden para incluir estas causas, las que están relacionadas con una demanda presentada en 2014 por el exadministrador electoral Patricio Muñoz Campos, quien reclamaba un adeudo de casi $30 millones por servicios prestados durante las campañas electorales de Barriga y Lavín.

Aunque la demanda fue abandonada posteriormente, el hecho de que los servicios legales de Legalcorp fueran pagados con fondos municipales ha encendido las alarmas de la Fiscalía.

La defensa de Barriga ha rechazado la veracidad de estas acusaciones, señalando que las causas mencionadas eran anteriores a su período como alcaldesa y que ya habían sido resueltas en 2016, antes de que la exalcaldesa iniciara su administración en Maipú.