Un total de $ 157 mil millones (unos US$ 240 millones al actual tipo de cambio) ha aportado en los últimos 10 años el Fisco a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) para el pago de desahucios en las Fuerzas Armadas. Se trata de un beneficio a todo evento que reciben los uniformados al retirarse del servicio activo.

De acuerdo con la información obtenida mediante Ley de Transparencia, el gasto del Estado en la última década representa un promedio de 32% del total de los desembolsos que ha hecho Capredena por este beneficio en el período, llegando en algunos años hasta el 86% de montos totales anuales, al sumar aportes fiscales extraordinarios (ver infografía).

El desahucio es un beneficio consistente en el pago de una remuneración por cada año de servicio con tope de 30 mensualidades, al que acceden todos los imponentes del sistema previsional de las FF.AA. que se retiren con derecho a pensión tras 20 años en servicio, excluyendo casos de destitución o expulsión.

Su financiamiento es a través de un fondo especial conformado por las cotizaciones del personal en servicio activo, que aporta el 6% de su remuneración imponible; de los jubilados, por el 5% de sus pensiones de retiro y montepío imponibles, hasta 35 años de imposiciones al fondo; un Aporte Fiscal del 0,2% del total de las remuneraciones imponibles y pensiones de retiro y montepío; Aporte Capredena, que equivale al 0,5% sobre las remuneraciones imponibles del personal activo, pensionados y montepiados que cotizan en el Fondo Desahucio; y aportes extraordinarios.

Así, del total de aportes fiscales informados por Capredena entre 2007 y octubre de este año, unos $ 26 mil millones corresponden a presupuesto Capredena; otros $ 21 mil millones se refieren al aporte fiscal adicional y $ 109 mil millones a cinco aportes fiscales extraordinarios, en 2007, 2011, 2013, 2014 y 2015.

Según explica el vicepresidente ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas, estos son destinados a cubrir el rezago que se genera cada año por desahucios que no se alcanzan a financiar.

En términos de magnitud del gasto fiscal, el gasto acumulado en 10 años es superior al costo de reajustar en 10% las Pensiones Básicas Solidarias que dispuso el gobierno y que se estimó en torno a $ 125 mil millones por año -unos US$ 200 millones-, para beneficiar a 1,4 millones de personas con acceso al pilar solidario.

En promedio, Capredena destinó en la última década poco más de $ 41 mil millones anuales al pago de un promedio de 2 mil desahucios por año, con un beneficio promedio de $ 21 millones. A octubre de 2017 se han pagado 1.108 beneficios por un monto promedio de $ 26 millones.

Beneficiarios

Los beneficiarios de pagos de desahucio son personas que en promedio se retiran a los 31 años de servicios efectivo, según explican desde la Caja. Consultado respecto de cuánto de lo que recibe un beneficiario fue financiado sólo con sus cotizaciones, Rojas afirma que “esta es una proporción que varía en función de los años de servicios computables para el cálculo del desahucio. No obstante eso, la tendencia general es que los aportes de las personas financien en torno al 65-70% del desahucio que reciben al momento de su retiro”.

Rojas enfatiza en que “el gasto fiscal en que se incurre para el pago de los desahucios se encuentra establecido en el decreto con fuerza de Ley de 1968 y que “por ende, su justificación, se encuentra en la ley”.

No obstante, agrega que “siempre existirán espacios y voluntades para introducir mejoras, por parte de todos los actores, lo importante es que la discusión sea llevada a cabo con una visión de Estado, pues las labores de Defensa Nacional, responden a políticas de Estado. Ninguna de las reformas que se puedan introducir, tiene impacto inmediato, por lo que hay que dar la discusión, buscando optimizar los recursos públicos en un horizonte de tiempo mediano y teniendo claridad el rol y funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas hoy”, precisa.