El 5 de junio de 2024, dos cuerpos fueron hallados en un sitio eriazo en Lampa. Ambos cadáveres, que presentaban más de seis heridas de bala en la cabeza y en el torso, eran testigos protegidos del Ministerio Público.

“Fueron como dos ráfagas bien rápidas. Los bajaron, los dejaron correr y ahí les dispararon. Ahí cayeron. Por lo que dicen fue así, porque la sangre no estaba así cómo… les dispararon allí”, compartió una vecina.

El caso corresponde al de Junior y Klivert, dos jóvenes venezolanos que compartían un hecho en particular: colaboraban con la fiscalía como testigos protegidos en una investigación vinculada al crimen organizado.

La jefa de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Alicia Díaz, explicó que, debido a la naturaleza reservada de estos testigos, no se pueden divulgar detalles sobre las medidas de protección y el proceso que llevó a la vulneración de su seguridad. “No nos estamos pronunciando sobre eso porque podemos atentar a la reserva de la misma”, afirmó.

A pesar de un caso similar en Ovalle, donde una joven fue asesinada por colaborar con la justicia, el Ministerio Público asegura que no hay datos oficiales sobre la cantidad de testigos protegidos asesinados, estimando que es una proporción menor. Alicia Díaz señaló que, el año pasado, más de 13 mil testigos recibieron protección y ninguno falleció en el proceso penal.

En ese sentido, el presupuesto anual del Ministerio Público destina cerca de 5.500 millones de pesos a la protección de víctimas y testigos. En 2023, 13.000 testigos recibieron protección del Estado, con una media de 420.000 pesos por persona, monto que podría ser insuficiente para aplicar medidas como la reubicación de los testigos y sus familias.