Para ello, en virtud del decreto 1.040, se creó una Comisión presidida por el Obispo Sergio Valech e integrada por destacadas personalidades del mundo de los derechos humanos. A la vez, el decreto estableció claramente en su inciso 5° que “todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán carácter de reservados, para todos los efectos legales”.

Es en virtud del gran objetivo de establecer la verdad de lo ocurrido en los campos de reclusión de la dictadura y bajo el carácter reservado del testimonio que se entregara establecido ya en el Decreto de creación de la Comisión, es que fuimos convocados  miles de chilenos que habíamos padecido la detención y los apremios en la dictadura.

El carácter reservado del testimonio, como garantía del Estado, se hizo por diversas razones. La primera era lograr que las personas tuvieran confianza absoluta para entregar la información a una Comisión que resguardaba la privacidad de ella. Esto porque aún en aquellos días, trece años después del regreso a la democracia, se denunciaba que estaban operativos grupos de la Ex DINA CNI, y ello generaba temor en muchas personas. Pero además para muchos detenidos políticos esta era la primera vez que entregaban su testimonio de lo padecido y ello significaba revivir momentos muy dolorosos que no se quería traspasar a sus familiares, la autocensura como mecanismo para proteger a su familia del sufrimiento experimentado. Otros, por pudor, habían mantenido en secreto las vejaciones vividas y no deseaban que ellas fueran conocidas por sus parejas, sus hijos o en sus lugares de trabajo. Finalmente, para muchos, entregar el testimonio era un momento íntimo de sanación personal, era develar un sufrimiento reprimido y quienes tomaron los testimonios pueden dar fe de las emociones que se producían en cada relato.

No se trataba de que en esta Comisión pudiéramos declarar solo dirigentes políticos o quienes ya con antelación habíamos entregado nuestro testimonio a organismos internacionales o ya lo habíamos publicado en Chile. Se trataba, y esa la idea del Presidente Lagos y de la Comisión, que declararan todos los chilenos que había sufrido detención y torturas, la mayor parte anónimos, de lugares lejanos del país y para ello había que crear las condiciones de accesibilidad, confianza, anonimato, reserva, que para muchos era esencial.

La reserva, establecida desde el primer día en el Decreto respectivo y ampliamente difundido por los medios de comunicación y la información entregada por la Comisión, y el posterior secreto establecido en la ley 19.992 que incluyó modestos beneficios de reparación para las víctimas, constituyeron una obligación para el Estado, pero de ninguna manera ha sido vinculante respecto de la víctima que ha podido siempre, si así lo decidía, recurrir a los Tribunales o hacer público su testimonio como efectivamente ha ocurrido en muchos casos.Es decir, las víctimas que prestaron declaración lo hicieron en pleno conocimiento de que los testimonios eran reservados porque así lo estableció el Decreto que creó la Comisión Valech.

Por ello, resultan incomprensibles las acusaciones que en estos días se han formulado contra el Presidente Ricardo Lagos,por tanto también contra la propia Presidenta Bachelet que en aquel momento era la Ministra de Defensa de su gobierno e incluso hacia los miembros de la Comisión, de que detrás de la reserva o del secreto había la intención de establecer la impunidad respecto de la verdad establecida en el Informe de la Comisión Valech o un pacto de silencio con las Fuerzas Armadas. Ello constituye una verdadera infamia política, un abandono de una mínima ética de la responsabilidad y del respeto, hecha por quienes intentan apropiarse indebidamente de la memoria de la represión de la dictadura, obtener ventajas electorales o simplemente, imbuidos de un ideologismo extremo, buscan sentar una superioridad moral única yreemplazar la decisión individual de cada una de las víctimas, al prestar su declaración, por sus propios objetivos personales o de partido.

Como bien lo señala la sicóloga y hoy Premio Nacional de Humanidades Elizabeth Lira, integrante de la Comisión Valech“. Se han dicho cosas terribles, hasta se habla de pacto de silencio o impunidad … Yo me pregunto ¿ pacto de silencio de qué ? El informe de la Comisión describió los recintos, las formas de tortura, hizo un listado público de las personas que lo sufrieron ¿qué pacto de silencio sería ese ?”.

La tortura y las vejaciones sufridas se viven de manera distinta en cada ser humano, es algo íntimo que deja cicatrices no solo físicas sino sobre todo sicológicas. La mayor parte de quienes estuvimos detenidos y sufrimos apremios no recibimos, al salir de las prisiones, asistencia sicológica o siquiátrica y cada cual tuvo que arreglar su mochila del dolor como pudo y esta probablemente lo acompañará durante toda la vida. Hay muchos casos de suicidios de quienes no resistieron la angustia vivida en aquellos años. Por tanto, hay que actuar con mesura, respetando la voluntad de cada víctima, teniendo presente que cualquier cambio a lo establecido debe tener presente que el Estado hizo una promesa en la cual se confió y que ella puede ser levantada no solo con una ley que generalice todos los casos  sino con un mecanismos que permita establecer el consentimiento de la víctima.

Hoy, 14 años después del inicio del trabajo de la Comisión, cuando los temores de aquellos años se han disipado y hay mayor fortaleza institucional de la democracia es pertinente y a mi juicio necesario que se levante el secreto y que los tribunales de justicia puedan acceder a toda la información recogida por la Comisión Valech garantizando el anonimato y recibiendo en cualquier caso el consentimiento de la víctima. Ello no es difícil de concretar dado que el INP tiene todos los antecedentesde quienes reciben la pensión de reparación y por tanto es perfectamente posible consultar a cada una de las víctimas si permiten que sus testimonios sean públicos o si quieren mantenerlos en el anonimato. De esta forma no se vulnera la confianza depositada por ellas en las instituciones y los documentos tienen el carácter de públicos y privados y pueden ser utilizados por los tribunales para lograr más justicia que la sociedad chilena requiere para superar el pasado. Se actúa, además, con un espíritu democrático en un tema tan íntimo y de tanto dolor y no recurriendo a una imposición, casi autoritaria, que puede vulnerar los derechos de las víctimas sea a la privacidad que a la justicia. Ambos principios pueden convivir y deben ser respetados por el Estado.