Sergio Rodríguez Oro, abogado defensor del desaforado senador Jaime Orpis (exUDI), pidió que el jefe nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott, sea citado a declarar en la causa en calidad de testigo. 

 

Rodríguez envió un escrito al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo -informó El Mercurio-, pidiéndole que tome declaración a Abbott, a la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, y a dos abogados penalistas que intervinieron en la Comisión de Constitución del Senado el pasado 10 de enero, en medio de la discusión de un proyecto que busca modificar la legislación sobre el delito de cohecho y soborno.

 

De acuerdo con el matutino, los antes mencionados tomaron la palabra cuando se discutía una indicación (finalmente rechazada) que proponía eliminar la frase "para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo" en la tipificación del delito de cohecho.

 

Conforme consta en el acta de esa sesión, Abbott sostuvo que tal cambio era "fundamental" para poder perseguir penalmente a empleados públicos, "aunque nunca ejecuten un acto de su cargo que se puede vincular a un pago" sospechoso de ser un soborno.

 

Marta Herrera, en tanto, planteó que la ley debía "sancionar al funcionario público que está permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica".

 

En el escrito enviado al fiscal Contardo, el abogado Rodríguez Oro planteó que Abbott y Herrera coincidieron en que "estar a disposición de un particular no es constitutivo de delito de cohecho" en la actualidad, y que esta actitud fue la que describió la Fiscalía a propósito de la conducta de Orpis en los alegatos de desafuero.

 

"No basta el simple financiamiento político y el estar a disposición, como lo hemos sostenido reiteradamente. Debe existir un pago a cambio de un acto del cargo", planteó el defensor.

 

Cabe recordar que durante los últimos meses ha sido objeto de polémica la estrategia de la defensa de los controladores del grupo Penta de pedir que declaren como testigos en esa causa los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, acción visada por la Corte de Apelaciones de Santiago y respecto a la cual el Ministerio Público ha planteado una "preocupación institucional" por el riesgo de que se siente este procedimiento como una manera de inhabilitar a persecutores en sus propias investigaciones.