Una imagen es mucho más elocuente que cientos de palabras y discursos. Y lo que se vio hace un par de días en Temuco, tanto en el discurso ante la Enela, (Encuentro Empresarial de la Araucanía) como fundamentalmente con la presentación de las nuevas unidades policiales que operarán en la región (carros blindados tipo Mowag, tecnología de punta, drones, carabineros fuertemente equipados y entrenados en ¿Colombia?), era una presentación para la guerra. Así de claro. El “no nos temblará la mano” y “combatiremos el terrorismo con todo el rigor”, más parecía una arenga a los soldados para ir a combatir a los “infieles” o a los talibanes, que a una descripción acerca de los esfuerzos del gobierno para enfrentar los desafíos de la región.
Estos discursos e imágenes, disminuyen las posibilidades para generar espacios de resolución política. En efecto, es cierto que el discurso (sus matices, énfasis, semánticas y significados) estaba orientado al auditorio de Enela y particularmente a la “multigremial”, la organización empresarial que aboga (es su deseo) por la militarización del territorio o en su defecto por una fuerte presencia policial material en la región (cosa que sí logró). Ellos son hoy los ganadores inmediatos; ellos son los que creen que el problema de la región es de orden y seguridad; que el estado ha demostrado flaqueza (asociando por supuesto esta característica a la administración anterior). Por eso el discurso del presidente apelando al terrorismo y finalmente fortaleciendo el rol del estado desde la perspectiva de uso de la fuerza.
Afirmábamos fehacientemente, sin ambages, el problema de la Araucanía es político, no es de seguridad pública. Se trata de resolver tensiones que han estado en el trasfondo de la relación entre el estado y el pueblo mapuche y que, más allá de las buenas intenciones, sobre todo una vez recuperada la democracia, se han intentado resolver, pero sólo de una manera superficial, sin llegar al fondo del tema.
La primera tensión a resolver, es Autonomía /integración. Históricamente, el estado luego de la mal llamada “pacificación de la Araucanía”, donde el pueblo mapuche es virtualmente “reducido” a vivir no solo en escasa tierra, sino que también de mala calidad y sin apoyos del estado (de ahí el concepto de “deuda histórica” del estado para con el pueblo mapuche), ha confundido integración con asimilación. Así, el estado usó todo su aparato y recursos (educación y fuerza) o razón y derecho, o dicho de manera coloquial: “por las buenas o por las malas”, más las malas que las buenas, para que el pueblo mapuche, perdiera su individualidad y diferencia y pasara a comportarse como un chileno más. Esta lógica de la asimilación acompaña la relación estado-mapuches, prácticamente toda la segunda parte del siglo XIX y casi todo el siglo XX. Es la expresión más clara de un estado que uniformiza, que chileniza, sin importar historia, lengua y cultura.
Al respecto, desde la lógica política, no hay dos lecturas, es integración, con identidad, cultura y diferencia; y es también autonomía. ¿Cuánta? cuanto sea posible. Esto significa desde ya trabajar las diferentes propuestas para la inclusión del mundo indígena en la geografía política del país. En todos sus niveles: municipal (alcaldes y concejales), distritales (diputados) y circunscripciones (senadores). De manera paralela el reconocimiento constitucional. No es posible, que de los cuatro proyectos de ley que el Presidente Aylwin envió al Congreso el año 1990, a saber: Ley indígena 19.253; creación de la Conadi, ratificación del decreto 169 de la OIT y reconocimiento constitucional de pueblos indígenas, se hayan solo aprobado los dos primeros. Después de18 años (el año 2008) se aprobó el decreto 169 de la OIT y aún no se reconoce constitucionalmente al mundo indígena, como pueblos, con sus historias, lenguaje y cultura. Una vergüenza.
Una segunda tensión sin resolver es la relacionada con la tierra. La dimensión subjetiva/ dimensión objetiva. Al respecto, luego de la implementación de la ley indígena 19.252, la creación de la Conadi y dentro de ella, del fondo de tierras y aguas, la tierra restituida, adquirida y saneada a las comunidades indígenas, desde el año 1994 a la fecha, alcanza una cifra cercana a las 925.000 hectáreas. Sin embargo, la burocracia y normativa estatal, cuando se trata de proyectos colectivos, es muy lenta.
Por lo tanto, cuando existe la factibilidad de compra y la “carpeta” de la comunidad ha sido admisible; es decir, cumple con todos los requerimientos jurídicos y administrativos que la Conadi tiene para el proceso de compra, el tiempo transcurrido muchas veces es a lo menos de un par de años. En este sentido, el sistema colapsa ya que nuestro estado funciona con arreglo a procedimientos y no resultados. Y existe una institución muy poderosa que recuerda que los presupuestos sectoriales deben ser gastados en el año calendario. De lo contrario deben devolverse a DIPRES.
Esta situación hace que a veces las listas de espera duren entre 4 y 6 años, teniendo incluso la resolución de compra. Es en parte por la demora y en parte por la necesidad de ir “a su tierra”, que una vez que se realiza la compra, la comunidad privilegiando esta dimensión subjetiva de la tierra, ocupa el predio sin más. Y la realidad objetiva con la que se encuentra, dista bastante de la imagen esperada: no hay infraestructura rural mínima: luz, agua, cercos, viviendas, caminos internos ni externos, etc. Tampoco hay planes de desarrollo y proyectos productivos.
Es decir, se entrega la tierra y luego las demás instituciones pertinentes del estado entran, pero siempre ex post, no ex ante. En el intertanto, después de algunos años de estar en “su tierra” parte importante de esta tierra restituida y entregada a las comunidades, queda en estado de subproducción o definitivamente arrendada a terceros (incluso los antiguos dueños) través de tratos y contratos espurios.
Esta situación, que afecta al 50 o 60% de la tierra adquirida y restituida, se ha tratado de corregir, con diversos proyectos, ya sea a través de la Conadi misma, como a través de ministerios sectoriales (Agricultura y particularmente Indap a través del PDTI (Programa de desarrollo territorial indígena) y el MOP, a través de su dirección de vialidad para la implementación de caminos rurales y Vivienda que comenzó a implementar un plan piloto de vivienda indígena).
Para resolver esta tensión no bastan los presupuestos sectoriales. Se requieren recursos y servicios realmente descentralizados que dependan del Intendente. Hablamos entre otros de Corfo, Indap, Sercotec, Sernatur, Vialidad, Sence, Serviu, etc. Pero también se debe incorpora el sector privado. Todos ellos deben ser parte de un esfuerzo de inversión pública-privada coordinada, en atención a estrategias pertinentes y coherentes de desarrollo productivo, con un sistema de gobernanza integrado por el gobierno regional, el sector privado y los directores de los servicios involucrados más la Conadi, quienes velarán por la pertinencia de los proyectos productivos, su lógica territorial, por la incorporación de los actores involucrados y por el seguimiento y efectividad de las inversiones y el desarrollo esperado.
Relacionado con la concepción de “territorio indígena”, y a las concepciones subjetivas y objetivas, subyace otro elemento que genera tensión y es que para los pueblos originarios la tierra no es un simple medio de producción. Se trata de una especie de subtensión que se genera entre mercado/subsistencia. En este sentido, concepciones clásicas de la propiedad asociadas solo a una mirada liberal e individual de la propiedad sobre la tierra, no responden necesariamente a la cosmovisión indígena. Por lo tanto, será fundamental, en conjunto con las comunidades indígenas, y con apoyos concretos y pertinentes, incorporar también las dimensiones productivas y comerciales de la tierra. Producir para la subsistencia es perpetuar subsistencia. Elementos como el acceso al financiamiento es uno de los aspectos fundamentales a este respecto.
Dos aspectos colaterales, pero de profunda significancia, están asociados a esta subtensión. En primer lugar, será fundamental generar discusiones con los actores involucrados a objeto de determinar periodo u horizonte (tiempo) y cantidad de tierra que falta por comprar. ¿Cuánta tierra más se debería comprar? En la respuesta a esta pregunta, no sólo deben estar presentes los técnicos del ministerio de hacienda y de presupuesto; también las organizaciones y el liderazgo indígena, social y político; los distintos gobiernos regionales involucrados, el mundo político (ejecutivo y legislativo), etc. El horizonte de tiempo no debería exceder del 2024. Es decir, en los próximos 6 años se debería terminar con “la deuda histórica del estado para con los pueblos originarios”.
Y, en segundo lugar, respecto al sentido de la ley que es eminentemente ruralista, obviando la realidad en relación a que un porcentaje cercano al 70% de la población indígena del país vive en sectores urbanos. Estos dos aspectos deberán ser enfrentados por las autoridades de gobierno, al menos respecto de la tierra. Ya que persiste aún una deuda mucho más grande cuyo deberá ser labor permanente del estado.
Nos referimos a la deuda cultural. Por esa razón es que le ponemos término u horizonte al tema de la compra de tierras. Los códigos, semánticas, cosmovisiones e identidades indígenas no han estado presentes, en su real expresión en la agenda política, comunicacional y económica del país. Es decir, el rostro indígena ha estado prácticamente invisibilizado y su presencia en la agenda pública ha sido casi un tema de folclore o de terroristas.
Por lo tanto, a manera de síntesis, la resolución del tema Araucanía no es sólo un tema técnico, ni menos univariable (orden y seguridad). Ha quedado claro que hay diversos elementos y variables que están presentes y que tienen que ver con la participación de los involucrados y los aspectos que se deberían considerar en un fortalecimiento de sus organizaciones, en cualquier política de intervención. En segundo lugar, tampoco es un problema sólo de pobreza, siendo ésta doblemente más grave en las comunidades indígenas mapuches; en tercer lugar, tampoco sólo es un tema de estado, siendo por supuesto, el actor más relevante.
La cuestión indígena y particularmente mapuche, es un tema de sociedad y de dignidad. Por eso, su resolución en eminentemente de índole política. Incluso desde la lógica del fomento productivo indígena, se requiere un liderazgo (no una autoridad) que convenza, que seduzca y que no imponga ni modelos ni imágenes ni formas de actuar. Se requiere, a diferencia de las imágenes y discursos de guerra recientemente expuestos por la autoridad, de escuchar e implementar políticas de carácter adaptativas, en donde los mapuches, su mirada, cosmovisión e historia, estén incorporadas como otro igual, legitimado por ser quien es: Mapuche, ni más ni menos.
