Hasta el Congreso de Santiago llegaron los ex presidentes de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Milton Juica para entregar sus apreciaciones sobre la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados contra los ministros Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, y cuyo mérito está siendo revisado por una comisión de parlamentarios.
Lo anterior luego que los tres miembros de la Sala Penal de la Suprema otorgaran libertades condicionales a ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad, causando la molestia de algunos legisladores, quienes acusaron "notable abandono de deberes".
A raíz de esto, Muñoz, quien aún integra la Suprema, expuso algunas modificaciones realizadas en la Constitución sobre esta materia a lo largo de los años, sosteniendo que "cualquier ciudadano en el país puede criticar, objetar, observar y tener un comentario por su libertad de opinión respecto de las sentencias judiciales, lo que no se puede ni por el Presidente de la República ni por el Congreso en el ejercicio de sus funciones, cualquier de ellas sea, determinar el sentido y alcance de las resoluciones judiciales".
El abogado también destacó una exigencia para todos quienes ejercen jurisdicción, incluso en un juicio político, la cual refiere a que solo se pueden tratar hechos imputados, pero no aquellos que no forman parte del libelo acusador: "No se puede traer a consideración otros fallos de los mismos magistrados o contrastarlo con motivaciones o acusaciones en otros aspectos, para ellos tendrían que haber sido oídos y entiendo que no lo han sido".
Tras esto, el magistrado que ya se ha mostrado crítico ante la intervención en las resoluciones de los magistrados, añadió: "Creo que no pueden ser pasibles de ser requeridos por una acusación constitucional los ministros de la Corte Suprema, por la forma en que hayan dictado su sentencia. Por cualquier otro motivo, sí", concluyó.
"Jueces totalmente afines de la dictadura"
En tanto, el ex integrante de la Sala Penal Milton Juica partió su exposición aludiendo a la situación en que estaba el país a fines de la década de los ´80.
"La política del Gobierno de esa época era establecer jueces totalmente afines de la dictadura, que aseguraran que esta no iba a tener ninguna dificultad en el tiempo de la democracia o de la transición, y por lo tanto era muy difícil pensar siquiera en democracia de que pudiera haber una posibilidad de poder atender las demandas de la sociedad chilena respecto de la investigación y condena de los delitos de lesa humanidad", comentó.
Ante esto, sostuvo: "Eso es responsabilidad no de esta Corte Suprema, no de este Poder Judicial, sino de esa Corte Suprema y de ese Poder Judicial", y cuestionó: "¿Por qué ahora, cuando ya el Poder Judicial asumió el compromiso de investigar y reprimir todos los sucesos que ocurrieron en la dictadura se hace una acusación constitucional y no se hizo cuando correspondía, cuando estaban todavía vigentes aquellos actores del Poder Judicial que tanto daño hicieron a nuestra jurisdicción?".
"¿Por qué ahora, cuando ya el Poder Judicial asumió el compromiso de investigar y reprimir todos los sucesos que ocurrieron en la dictadura se hace una acusación constitucional y no se hizo cuando correspondía, cuando estaban todavía vigentes aquellos actores del Poder Judicial que tanto daño hicieron a nuestra jurisdicción?", se preguntó Milton Juica
Y ya con una defensa más marcada que Muñoz, Juica indicó que en los últimos tres años, la Sala Penal, a la cual se le "tacha de procurar la impunidad de delitos de lesa humanidad", emitió decenas de fallos en esta materia, los cuales implicaron 344 condenados respecto 318 víctimas.
"Quiero que me digan qué otra institución del Estado chileno ha hecho algo así. Hemos luchado hasta incluso contra el Consejo de Defensa del Estado, que postula por la aplicación de los tratados internacionales respecto de la defensa de los DD.HH, pero no postula, por cuestiones de prescripción, respecto de las indemnizaciones de las víctimas", sostuvo.
Ya al fin de su presentación, el abogado también interpeló al Congreso, asegurando que este "no se atrevió a legislar" sobre libertades condicionales y que la Suprema advirtió de la necesidad de contar con tribunales especializados para estos temas, pero que solo han habido "reformas de parche".
"Hago presente la injusticia que representa esta acusación constitucional respecto la situación de nuestros colegas, la mía propia, porque yo soy partícipe de esto, en atribuirle un notable abandono de deberes en relación a los DD.HH. cuando son los únicos que se la han jugado en este país para ello, con resultados positivos", concluyó.
