El ministro de Justicia, Luis Cordero y la vocera de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se manifestaron respecto a la instrucción emitida por el fiscal nacional Ángel Valencia en el Caso Audios, ya que la máxima autoridad de la Fiscalía ordenó resguardar los chats privados de Luis Hermosilla, tras una presunta vulneración a su "vida íntima" en el expediente del caso.

Dicha medida habría sido adoptada luego de que el abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, evaluara denunciar la incorporación del contenido íntimo en el expediente.

Frente a esta situación, el ministro Cordero señaló que "aun sin esa instrucción, no existe ningún fundamento para que en el contexto de una investigación penal, y aun cuando terceros hubiesen accedido a la información que está vinculada a la carpeta investigativa, se puedan revelar aspectos que están protegidos, que forman parte de la intimidad de las personas, y que no tienen relevancia desde el punto de vista de la investigación penal".

"El fiscal nacional, si no lo que ha hecho, es dictar una instrucción con el propósito de reforzar una cuestión que es bastante obvia para el derecho, pero que en situaciones como esta es indispensable tenerlo más presente que nunca", agregó.

Por su parte, la ministra Vallejo sostuvo que "nosotros respetamos aquí las decisiones que adopte tanto la Fiscalía como los tribunales, el sistema de justicia, porque al final lo que debemos resguardar es que aquellos elementos que den paso a configurar delitos, o sea, el problema no es el chat en sí mismo, las amistades o las comunicaciones, sino que cuánto de ello puede ser usado para cometer delitos y por eso la Fiscalía ha abierto tanto líneas investigativas".

Además, aseguró que "cuando se ha enterado a través de reportajes o cuando salió a la luz elementos en el plano mediático, ha abierto líneas investigativas nuevas, porque ha detectado que esas filtraciones o esas cosas que aparecen a la luz pública pueden eventualmente constituir un delito, y además, obviamente, resguardando lo que pueden ser los derechos y las limitaciones que la ley pone frente a estos casos de investigación".

Por último, la vocera de Gobierno finalizó manifestando que "una cosa es la vida privada y otra cosa es cuánto de eso puede haber que pueda configurar un delito. Ahí yo creo que las instituciones simplemente están haciendo su trabajo y tienen que seguir funcionando con la rigurosidad que la sociedad demanda, porque tenemos además, una percepción ciudadana bien crítica de nuestro sistema de justicia".