Este viernes, la Asociación de Isapres de Chile anunció que congelará su participación de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud (Minsal).

“A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo, constatamos con alerta y preocupación que el Gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las Isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia”, señalaron.

En esta línea, señalaron que faltan 120 días para “definir un mecanismo que evite el colapso de las Isapres, afectando a la red de salud completa. Sin embargo, la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa“.

La asociación señaló que la iniciativa no evitaría la quiebra de las Isapres, sino que “traspasa a los afiliados al Fonasa una vez que se haya desencadenado la caída del sector”. “Tampoco previene el término de las coberturas de más de tres millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente”.

“Por esto, creemos que se debe aclarar si la intención del Gobierno es dejar caer el sistema privado de salud, lo cual creemos que es un profundo error del que no queremos ser parte, pues pone en riesgo la vida de personas y genera un daño inestimable a la red de prestadores de salud”, agregaron.

En esta línea, señalaron que la Corte Suprema ratificó que la Superintendencia de Salud debe cumplir el fallo sobre la tabla de factores de riesgo “sin desbaratar el sistema privado de salud ni ponerlo en jaque, pero las acciones del Gobierno no solo han sido extemporáneas, sino que también han dilatado la respuesta que se requiere para mantener las operaciones y responder a la incertidumbre que hoy afecta a los afiliados, prestadores, proveedores y trabajadores del área”.

“La delicada situación que atraviesa el sistema Isapres es consecuencia de un vacío legislativo y de una judicialización desmedida, amparada en la demora de una reforma integral al sistema de salud. Las Isapres cumplen con la norma vigente y las acuciosas fiscalizaciones (200 anuales, por institución), además de las instrucciones y solicitudes de información emanadas a través de circulares definidas por la autoridad regulatoria, en todos los aspectos de la operación”, cerraron.