Fueron diez tomos los que tramitó en 2017 el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el denominado caso Exalmar, antes de decidir, el 3 de agosto de ese año, solicitar a la justicia el sobreseimiento definitivo del entonces candidato a La Moneda, Sebastián Piñera.

Éste había sido querellado meses antes por el diputado comunista Hugo Gutiérrez por presuntamente haber accedido a información privilegiada de los resultados del litigio de Perú con Chile en La Haya, la que habría utilizado para favorecer sus negocios en la vecina nación, según se desprendía en un reportaje de Radio Biobío. Asimismo, el persecutor exculpó ese día al hoy Presidente de la República de una arista que se abrió y en el que se indagó su rol para bajar el proyecto Barrancones y favorecer, supuestamente, su inversión en el proyecto de la Minera Dominga.

Pese al cierre y sobreseimiento definitivo decretado por el juez Guillermo Rodríguez, y confirmado luego por la Corte de Santiago y la Corte Suprema (con condena en costas al querellante por no haber motivo plausible para litigar), hoy el expediente judicial que estaba en las bodegas del Ministerio Público vuelve a ser objeto de análisis.

Esto, luego que el domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelara los denominados Pandora Papers -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot- donde se dio cuenta de que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

La investigación revela que en diciembre de 2010, el controlador de empresas Penta compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato de pago en tres cuotas. Según el reportaje, había una tercera cláusula que establecía que el último pago estaba condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Y se aseguró, además, que los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

Conocidas estas revelaciones, el fiscal nacional Jorge Abbott encargó a sus asesores el estudio de las antecedentes para saber si procedía o no la apertura de oficio (sin denuncia ni querella) de una indagatoria penal. El equipo de abogados revisó las pesquisas desarrolladas por Guerra hace cuatro años atrás, enfocados en si tuvo a la vista o no el documento que fue revelado por los Pandora Papers y en específico la cláusula que hoy complica a Piñera pues condicionaba el último pago a no decretar el sector del proyecto Dominga como una zona protegida, facultad que tuvo como Mandatario durante su primer y segundo periodo.