La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que llevará el caso de Martina Vera Rojas, una menor de Arica que sufre el síndrome de Leigh, una enfermedad neurológica progresiva, cuya familia está desde 2011 en litigio con su isapre por denegación de tratamiento domiciliario, donde se responsabiliza al Estado de Chile

Lo particular de este caso es que es la primera vez que un Estado tendrá que responder internacionalmente por falta de fiscalización a una empresa privada como es una isapre, por lo que se abre un margen para litigar fuera de Chile contra las aseguradoras de salud, publicó La Tercera PM.

Los antecedentes del caso se remontan a 2006 cuando la menor comenzó a sufrir los efectos del síndrome de Leigh, ocho meses después que fuera adoptada por el matrimonio de Renato Vera y Carolina Rojas. Producto de la enfermedad y una intoxicación en el hospital con un suplemento mal etiquetado, la familia activó en 2007 un seguro catastrófico contratado previamente con la isapre MasVida el cual incluía un régimen especial de hospitalización domiciliaria (RHD).

Luego que se estableciera un régimen especial de cuidados domiciliarios para la niña, con ventilador mecánico, una cama especial y monitores, en octubre de 2010 la isapre notificó a la familia el fin del servicio domiciliario, argumentando que debido a que la condición crónica de la niña la excluía del RHD.

A partir de allí se inició un largo camino judicial, donde la Corte de Apelaciones de Concepción le dio la razón a la familia de la niña, no obstante la Corte Suprema falló a favor de la aseguradora en 2011. Así, tras varias idas y venidas judiciales, el caso llegó a la CIDH que en un informe emitido hace nueve meses apuntó a la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos vulnerados.

Lo anterior debido a que estimó que Chile no cumplió las recomendaciones entregadas respecto a adoptar medidas de compensación económica; atención física y mental para los padres de la menor y asegurar el régimen de hospitalización domicialiaria para Martina.

Con este proceso iniciado por la CIDH en la Corte Interamericana obligará al Gobierno a acudir dentro de un año a Costa Rica para defender al Estado en la audiencia donde declararán las víctimas.