La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca cerrar temporalmente el ingreso de ciudadanos venezolanos al país.

El proyecto fue presentado luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmara el triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio.

La iniciativa fue presentada como una medida de precaución ante la posible intensificación de la ola migratoria causada por crisis política y económica de Venezuela.

No afectará a quienes ingresen con el fin de continuar su viaje a otro país, a tripulantes de naves y aeronaves y a padres o hijos venezolanos de un chileno o extranjero residente regular en Chile que ingresen en calidad de turistas, en otras excepciones.

El proyecto también contempla disposiciones respecto al reconocimiento de la calidad de refugiado, además de sanciones, incluidas penas de cárcel y multas, para aquellos ciudadanos venezolanos que hagan ingreso al país de manera clandestina.

La jefa de la bancada RN, la diputada Ximena Ossandón, señaló que para ellos es “fundamental prepararnos para la ola migratoria que causará la crisis política en Venezuela, y en ese sentido es vital contrarrestar el efecto llamado de las medidas y políticas impulsadas por este gobierno”.

Hugo Rey, subjefe de la bancada, afirmó que con este proyecto no quieren imponer de manera permanente un estatuto, aclarando que con este simplemente buscn “hacerse cargo de los flujos migratorios que pueden agravar aún más la crisis que atraviesa nuestro país”.

“Lamentablemente, algunos aún no maduran y siguen con ese infantilismo del derecho a la migración como una garantía absoluta, boicoteando todas las definiciones de la ley de migraciones que impulsó Sebastián Piñera”, agregó el parlamentario

Este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que fue catalogado de fraudulento tanto dentro como fuera del país.

Chile y una decena de países lanzaron una declaración conjunta en la que rechazan la decisión del TSJ. “Reiteramos que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, señalaron en la misiva.