El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta resolvió acoger el requerimiento de remoción presentado por 6 concejales de la comuna en contra del exalcalde Jonathan Velásquez Ramírez, dictaminando que este incurrió en notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa. La sentencia implica la inhabilidad del edil para ejercer cualquier cargo público durante 5 años.

Velásquez había renunciado anticipadamente a seguir como alcalde en noviembre del año pasado. Había señalado que iba a presentarse como candidato a diputado para las elecciones de noviembre. Con este fallo, no podrá hacerlo.

La resolución judicial, de más de 150 páginas, acoge los argumentos expuestos por los concejales Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama, Ignacio Pozo, Norma Leiva y Karina Guzmán, quienes formularon un total de 15 cargos contra la exautoridad comunal. Entre los hechos más relevantes se incluyen:

– Irregularidades en la gestión del exvertedero “La Chimba”, cuya falta de cierre y remediación ambiental generó sentencias adversas de la Corte Suprema y múltiples sumarios sanitarios.

– Contrataciones vía trato directo sin fundamentación adecuada, como los contratos con Demarco S.A. para recolección de basura y barrido de calles, donde además no se cobraron multas por infracciones detectadas.
Uso indebido de abogados municipales en defensa de causas personales del alcalde.

– Manejo irregular de inmuebles municipales, incluyendo la ocupación sin contrato vigente por parte de locales comerciales y la cadena McDonald’s en concesiones marítimas.

– Presiones indebidas reveladas por filtraciones de WhatsApp, donde se instruyen “favores personales” y se evidencia la delegación informal de funciones directivas a funcionarios de confianza.

La sentencia también toma en cuenta la sanción del Consejo para la Transparencia contra Velásquez por incumplimiento reiterado de solicitudes de acceso a la información pública, lo que motivó incluso una multa del 40% de su remuneración.

En su defensa, el alcalde negó todos los cargos, atribuyendo parte de los problemas a la herencia de administraciones anteriores y a las dificultades burocráticas propias de la gestión pública. Sin embargo, el tribunal concluyó que los antecedentes presentados y los informes de organismos como la Contraloría, la Superintendencia del Medio Ambiente y diversas sentencias judiciales sustentan la decisión.