La irrupción del movimiento político y social, con la amplitud y firmeza mostrada, ha logrado el reconocimiento generalizado sobre la legitimidad y justeza de sus planteamientos, y ha abierto,  un nuevo ciclo histórico y político.

 

La fuerza del movimiento ha puesto al gobierno en la obligación de cambiar aspectos claves de su programa, como la cuestión  tributaria, entre otras; y ha sido el factor determinante para el acuerdo de dotar a Chile de una nueva Constitución.

 

Aun cuando  falta camino por recorrer en ambas dimensiones,  la económico-social y la institucional, es posible advertir algunos aspectos relevantes.

 

El primero de ellos es que el pueblo organizado, la ciudadanía activa,  con altos grados de conciencia política y social, es la condición fundamental para el avance y transformación de la sociedad. Esto  representa, para las fuerzas políticas y sociales, el desafío de consolidar y  elevar  los niveles de organización y movilización popular. Del mismo modo, debe ser un estímulo para la comprensión de que nuestra  nueva Constitución requiere, que la democracia representativa sea reforzada con mecanismos de participación ciudadana, de carácter vinculante, en aspectos que correspondientemente se definan.

 

En segundo lugar, se ha observado un intenso proceso de ciudadanización de la política. Dicho proceso,  implica un gran salto en el esfuerzo por recomponer la enorme fractura producida en la relación entre sociedad y política,  así como entre las dimensiones de lo individual y lo comunitario. Ello constituye un  avance cualitativo en la superación de los sentidos comunes y marcos valóricos que promueven la teología del libre mercado, el consumismo alienante, el individualismo y competitividad extremas que reducen las relaciones sociales a un economicismo antisocial. 

 

Un tercer elemento a considerar es que, una vez más, queda en evidencia, que en el plano tanto del  Derecho Político como del  Derecho Constitucional, no es posible desenvolverse con enfoques exclusivos y exageradamente legalistas  y formalistas. El régimen político institucional carece de legitimidad si se atrinchera en los estrictos marcos jurídicos. No pueden ser ajenos y desvinculados de los antecedentes históricos, sociológicos y de poder. En otras palabras debe  ser síntesis y expresión de la vida real de las sociedades,  de sus anhelos, carencias, y del reconocimiento de derechos fundamentales efectivamente consagrados.

 

La política es la gran forja de las normas jurídicas y es, a su vez,  el espacio concentrado de la economía, de las relaciones sociales entre las clases, comunidades y grupos de intereses diversos. El orden jurídico y el sistema político institucional, no se bastan asimismo, deben necesariamente estar en correspondencia con los dinamismos y complejidades de la realidad de la vida de las sociedades. El actual régimen político institucional chileno, no lo está.

Por estas mismas razones, la futura nueva Constitución no es materia reservada para juristas, politólogos o asunto de academia y parlamentarios.

 

La Constitución es tarea y obra de todo el pueblo, del conjunto de la ciudadanía. El Poder Constituyente lo ejerce quien posee la soberanía, desde la definición del mecanismo, participando intensamente en sus procesos de elaboración, hasta la aprobación o rechazo de la propuesta de la nueva Ley Fundamental como reflejo efectivo de un pacto social y de la voluntad popular.  

 

Todo esto es una gran ocasión para dejar atrás la fragmentación de la sociedad, la nefasta elitización de la política y la cuestión pública, para elevar cualitativamente la calidad del sistema institucional y de la necesaria mediación política,  y en definitiva, para que la ciudadanía asuma y ejerza la función central que le corresponde, en tanto sujeto de derechos y obligaciones.

 

El nuevo ciclo político  nos exige incorporar visiones que desbordan los límites de los términos predominantes del debate actual, de los sentidos comunes normalizados por los poderes mediáticos de las clases dominantes. Ello es clave para entender y asumir la relevancia de los desafíos tanto en materia institucional como respecto de la naturaleza de las demandas económicas, sociales y culturales  puestas en escena por la movilización popular.

 

El movimiento y las reivindicaciones planteadas son políticas, económicas y socio culturales. A modo de ejemplo, los sueldos y salarios no se pueden restringir a la lógica de subsidios estatales.  Una respuesta, de tal naturaleza, representa una subvaloración del concepto y centralidad del trabajo. La cuestión de fondo, a este respecto, tiene que ver con el reforzamiento de la sindicalización, con el derecho y posibilidad efectiva de negociación por rama de actividad. No se puede mantener una legislación laboral fundada entre otros aspectos, en la negación absoluta de toda posibilidad de afectar las tasas de utilidades y en la desconfianza respecto de la responsabilidad de los trabajadores, sus dirigentes y organizaciones.

 

En este movimiento social y político los conceptos, de igualdad y dignidad, encierran significados más trascendentes que la reducida lógica materialista de los neoliberales y de algunos tecnócratas que, aún sin querer, les hacen el juego. La dignidad, la igualdad, el bienestar espiritual están más allá del mero costo económico, pero tampoco soportan concentraciones irritantes de privilegios ni de las riquezas producto del trabajo de las mayorías, porque ello es manifestación de valores reñidos con la ética y la decencia, y son un obstáculo para una más plena humanización de las sociedades. 

 

Falta mucho camino por recorrer, Habrá que hacerlo desenmascarando la politiquería de sectores de la derecha, el integrismo de los conservadores y clasistas, y aislando los negativismos estériles. Se trata de profundizar la democracia, asumiendo y respetando  la pluralidad de ideas, con entera confianza en la fuerza de los fundamentos de las ideas que inspiran el formidable despliegue popular desencadenado.  

 

Los anhelos de la sociedad chilena han conquistado el lugar central del debate público de los problemas esenciales, que nos son comunes. Su legitimidad es reconocida a toda prueba. La movilización, organizada y consciente, es la condición y garantía para avanzar. Se ha escuchado y sentido con fuerza lo que el pueblo reclama y Chile necesita.