Desde el triunfo pírrico del plebiscito de diciembre donde el gobierno “ganó perdiendo”, pareciera que hay un nuevo “envalentonamiento” que busca evitar la intrascendencia política de un pésimo gobierno por donde se le mire.

La propuesta de pensiones presentada por el gobierno es el equivalente al desastre constitucional de la izquierda rechazado en septiembre de 2022: Sin evidencia ni rigor alguno, desde el punto de vista técnico (vgr. Joseph Ramos y David Bravo), con una serie de eslóganes vacíos, que bajo una premisa de “buenismos” con fondos ajenos, buscan convencer a la ciudadanía apostando por la estatización encubierta de fondos privados. 

Pretenden, con lo anterior, la eliminación de la administración de los fondos de pensiones, suprimiendo la libertad de cambiar de fondo, impidiendo la competencia de actores privados al dar posición dominante al administrador público e impedir la publicidad de los actores privados, no recogiendo la original propuesta de cooperativas de algunos diputados Demócratas donde transformas en dueños de la empresa administradora a los cotizantes, lo que aumenta su ahorro al acceder a las rentabilidades propias y cooperativas, pretendiendo reducir la discusión al falso guarismo de 3% y 3% que no garantiza ni mejores pensiones ni mejores tasas de reemplazo, sino todo lo contrario, fomentando la informalidad y dejando a la clase media con un verdadero impuesto al trabajo. Por ahora se trata de desvestir un santo para vestir otro y patear el problema para la jubilación de quienes se pensionen a futuro.

Frente a ello se observan dos propuestas: la de elevar la PGU a $250.000 que podría llevar las tasas de reemplazo de los segmentos de menores ingresos a superar el 100%, mientras que en los segmentos medios seguirían estando lejos de esos niveles. Esto plantea la urgente necesidad de reevaluar la distribución de los esfuerzos adicionales y proteger la propiedad individual de los seis puntos adicionales de cotización que contempla la reforma. 

Se trata, en suma, de una reforma ideológica, donde lo que se busca, como confesó de manera muy directa y clara el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, es ganar la disputa del poder por el control de los fondos de pensiones, ergo en esa disputa un sector ideológico busca el control de fondos privados para reemplazar y estatizar fondos privados, lo que sería a todas luces inconstitucional. 

Por ello, muchos hemos propuesto alternativas distintas, como el seguro intergeneracional y el corte de tablas de mortalidad obligatoria y universal que incrementa de manera considerable y automática las pensiones.

Pero, al parecer, nada de esto importa. Con tal de salir de la irrelevancia y buscar un triunfo pírrico se pretende aprobar en general el proyecto -asunto que el electorado observará como un triunfo del gobierno-, mientras algunos en el centro político -votos decisorios- piensan que “avanzando” esto “se arreglará en el Senado”, sin coraje o excesiva ingenuidad para vetar una peligrosa reforma que sólo sirve a una ideología estatista y fatua, pero no la país. 

No por andar más rápido haremos las cosas bien. El deber de la buena política es ofrecer alternativas realistas y pragmáticas que consigan lo que se busca: Mejorar las pensiones. El resto, como dice el viejo adagio y con respeto a la actividad, “es música”.