Foto de arriba: Uno de los Whatsapp para firmar por el 5 veces candidato presidencial

En solo 11 semanas, Marco Enríquez-Ominami reunió más de 37 mil patrocinios, superando el mínimo legal exigido por el Servel y asegurando así su quinta candidatura presidencial, la que planea inscribir el lunes.

Sin embargo, una investigación del medio digital V240 (Vergara 240, donde está la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales) reveló que parte de esos apoyos habrían sido pagados: captadores ofrecían a través de Facebook y Whatsapp entre $2.000 y $4.000 por firma.

El equipo del precandidato negó cualquier vínculo con el hecho y responsabilizó a “referentes de derecha” de estar detrás de lo que calificó como un “acto de infamia en nuestra contra”.

La investigación periodística incluso muestra WhatsApps donde se indica algunas frases como “Hola, busco gente que quiera ganarse unas luquitas extras! pago mil por firma”. Varios mensajes de este tipo se repitieron en los últimos meses en diferentes redes sociales como Instagram, Facebook y grupos de WhatsApp.

La oferta era dinero a cambio de patrocinar la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami.

“Apoyo a candidato Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio. Se paga $2.000 por cada persona que me envíe firmas de patrocinio, no es para elegir Presidente, es para que pueda entrar a la candidatura en noviembre. Usted me envía pantallazos de las firmas y yo le cancelo el día martes o antes. Es confiable, no es estafa”, escribía el 9 de julio una usuaria en Facebook.

En algunas publicaciones se compartían link o números telefónicos para dar las instrucciones por privado: entrar a los patrocinios del Servicio Electoral, buscar a Enríquez-Ominami, firmar con Clave Única, ingresar un código que llega al correo, para luego enviar un pantallazo a modo de comprobación.

Se ofrecía entre $1.000 y $4.000 por firma, también se podía participar como “recolector”de firmas. Sin embargo, varios testimonios que firmaron y enviaron sus comprobantes señalan que era una estafa y nunca se concretaron los pagos.

Según esta investigación periodística de V240, durante cinco semanas periodistas contactaron a captadores —repartidos por todo el país— que ofrecían dinero por conseguir patrocinadores para la candidatura de Marcos Enríquez-Ominami (MEO). Publicaban avisos en grupos de compra y venta en Facebook. En ese momento, el exdiputado aún no reunía las firmas necesarias para convertirse en candidato presidencial.

Pagos por firmar directamente o reclutar a otros

Según determinó V240, el sistema se coordinaba de manera remota mediante grupos de Facebook y Whatsapp. Allí, la dinámica funcionaba con dos tipos de avisos: uno para personas que quisieran firmar directamente —al que se le pagaba por hacerlo— y otro para quienes quisieran trabajar como captadores de firmas; es decir, encargados de reclutar patrocinantes.

Uno de los captadores, quien prefirió mantener su identidad en anonimato, relató a V240 cómo llegó a involucrarse en esta labor: “Yo vi la publicación en Facebook y le hablé al número que habían publicado, donde ofrecían esta pega por buscar gente para patrocinar a Marco Enríquez-Ominami. El administrador del grupo me explicó cómo funcionaba: tenía que mandar los pantallazos al WhatsApp y que los días martes y viernes me hacían los pagos”.

Cuando lograba que alguien completara la firma en la página del Servicio Electoral (Servel), tomaba un pantallazo de la confirmación y lo enviaba a un grupo de WhatsApp llamado “Patrocinios”, donde participaban cerca de 600 captadores. Allí, una administradora del grupo registraba cuántos pantallazos enviaba cada uno, equivalentes al número de firmas conseguidas. Con ese conteo, realizaba los pagos correspondientes a cada participante.

Por cada firma validada, la “administradora” entregaba al captador un monto fijo de $6.000. Este decidía cuánto pagar a la persona que firmó y se quedaba con la diferencia. Normalmente, a los firmantes se les ofrecía entre $2.000 y $4.000.

El medio dependiente de la Universidad Diego Portales consultó a diversos captadores para saber en qué campañas específicas trabajaban al momento de reclutar nuevos patrocinios. En todos los casos la respuesta fue la misma: para Marco Enríquez-Ominami. Ninguno sabía si algún otro precandidato independiente utilizaba el mismo método para conseguir firmas.

También fueron contactadas personas que firmaron por el candidato y recibieron un pago. Una de ellas señaló: “Me contacté por Facebook. Ahí patrociné y me pagaron $2.000 el mismo día”.

Acto de infamia

Desde el equipo de campaña de ME-O, negaron a través de un comunicado de cuatro puntos estar vinculados al pago por patrocinio.

1) Nuestro equipo niega rotundamente haber pagado a personas por firmar por nuestra candidatura.

2) La campaña de firmas de nuestra candidatura independiente se ha concentrado en redes sociales. Es ese medio el que hemos utilizado para informar a la comunidad sobre el proceso de recolección de patrocinios.

3) No nos hacemos responsables por acciones ejecutadas por terceros que atentan contra la imagen de nuestra candidatura. Y nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra quienes resulten responsables. Ha sido comentado públicamente cómo referentes de derecha han hecho llamados en redes sociales a patrocinar nuestra candidatura. No somos un instrumento electoral de ningún sector político y condenamos cualquier manipulación que dañe nuestra campaña.

4) Rechazamos cualquier acto de infamia en nuestra contra. No lo aceptaremos y nos reservamos el derecho de actuar en sede judicial, en caso de ser necesario.

Eduardo Artés, quien aún se encuentra recolectando firmas para convertirse en candidato presidencial, afirmó a V240 que toda su campaña se ha financiado de manera voluntaria y con esfuerzo propio: “No tenemos ningún peso para pagar, ni aunque lo tuviéramos pagaríamos por eso”, aseguró. Sobre el pago por patrocinios, señaló que, a su juicio, sería inmoral.

El expresidente del fútbol chileno Harold Mayne-Nicholls, alcanzó las firmas que exige el Servel este viernes y lo anunció oficialmente. Era común ver a Maynne Nichols en plazas y calles concurridas del país recolectando personalmente esos patrocinios. Varias veces estuvo en el Paseo Ahumada de Santiago y desde su grupo cercano señalan que lo hicieron todo "a pulso", con el apoyo de las personas directamente.

Vacío Legal

Según el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), “la ley tiene tipificados los delitos electorales” y dentro de este margen, la sanción por remunerar las firmas no está contemplada de manera específica. V240 le entregó los antecedentes recopilados en esta investigación al organismo, pero éste declinó pronunciarse.

Por su parte, Juan Pablo Bravo, director del Instituto Chileno de Derecho Electoral, explicó que, bajo el principio de legalidad consagrado en la Constitución, “pagar a personas para que patrocinen una candidatura no constituye un delito penal, ya que ni la ley penal ni la ley electoral tipifican esta conducta”.

Aun así, Bravo advierte que esta práctica no está exenta de riesgos. “Abre una grieta para la democracia al favorecer postulaciones impulsadas por el dinero más que por la convicción ciudadana”. Explica que, en sede electoral, puede ser sancionada mediante “el rechazo de la candidatura, el rechazo de la cuenta de ingresos y gastos electorales y la aplicación de multas”. Además, en la esfera civil, podría generar responsabilidades a través de “acciones indemnizatorias por el daño provocado”.

Para el politólogo y maestro de investigación en Política Comparada, Gastón Alvear, “los políticos, al momento de generar leyes, saben dónde va a estar el punto ciego que pueden utilizar y por eso ocupan terceros o figuras intermedias (…). Ven al ciudadano como un producto mercantil”.

Frente a la posibilidad de que se repitan escenarios similares, sostiene que sería necesario impulsar una reforma a la Ley 21.311 enfocada específicamente a la regulación de procesos de patrocinio. “De esta forma se podría tipificar o normar. Hay dinero entremedio y de alguna forma se emplea a la gente. Sin duda se debe crear una normativa de transparencia”, dice.