Foto: Senadora Yasna Provoste (DC)

Piñera estaba muy contento, muy dicharachero haciendo su discurso sobre su sistema de educación en La Moneda. Hasta que se refirió al proyecto de Admisión Justa, que repone la selección en algunos establecimientos educacionales.

En medios de los cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, Piñera defendió el proyecto, asegurando que da “da más libertad y flexibilidad para los que están en la industria de la educación de y nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos”.

Y ahí se encendieron las alarmas no sólo en la oposición sino que también en algunos políticos del oficialismo.

Varios recordaron la desafortunada frase al final de su gobierno anterior donde señaló tajante que "la educación es un bien de consumo"

Una de las primeras en reaccionar fue la ex ministro de Educación y actual senadora Yasna Provoste que dijo que "esa es la diferencia entre ustedes y nosotros presidente Piñera. Concebir la educación como una industria es concebirla como un negocio".

Proviste remató diciendo que "para nosotros la educación es un derecho y un instrumento de justicia social, no un bien de consumo".

Y toda la oposición se fue en picada contra el sistema ideado por Piñera y su Gobierno. 

Los presidentes del Partido Socialista, PPD y el Partido Radical -reunidos en el bloque Convergencia Progresista- junto a la Democracia Cristiana emitieron una declaración pública criticando el proyecto de Admisión Justa con el que el Gobierno busca modificar la Ley de Inclusión aprobada durante la administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

En el documento firmado por los timoneles de las colectividades que fueron parte de la Nueva Mayoría, dicen reconocer "el mérito y el esfuerzo personal" por lo que cuestionaron la intención de La Moneda con esta iniciativa y anunciaron una nueva propuesta.

A juicio de los representantes de la oposición "deben ser las familias las que escojan las escuelas para los estudiantes, y no las escuelas las que seleccionen a sus alumnos", pues según ellos "la selección le otorga poder a los colegios, no a los padres".

En ese sentido, agregan en el documento que con este proyecto el Gobierno busca que los colegios puedan "elegir a los ya privilegiados por herencia". "La propuesta de modificación de la actual Ley de Inclusión Escolar pone en riesgo el principio de igualdad de oportunidades y libre elección de las familias", subrayan.

En la declaración pública afirman que la normativa vigente "se aplica exitosamente" en 14 regiones del país, donde el 60% de los escolares quedó en el colegio que fue seleccionado en primera opción por sus padres, mientras que el 85% quedó en alguna de las preferencias de la familia.

Y destacan que de los 120 establecimientos catalogados como "emblemáticos" que pudieron hacer uso del 30% de selección, solo 20 lo han hecho.

En el comunicado impulsado por los timoneles de los partidos, senador Álvaro Elizalde (PS), Heraldo Muñoz (PPD), Carlos Maldonado (PR) y Fuad Chahín (DC) señalan que están "abiertos" a discutir ajustes de la implementación de la ley vigente "siempre y cuando no contemplen mecanismos de selección que permitan la discriminación arbitraria hacia los estudiantes".

Anunciaron a su vez que propondrán que se establezcan "mecanismos legales" para que los colegios particulares pagados contribuyan recibiendo a un porcentaje de alumnos meritorios vulnerables.