El 19° Juzgado Civil de Santiago emitió una sentencia que reabre el caso de la exclínica Sierra Bella, ordenando la inscripción de la compraventa entre la Municipalidad de Santiago y la inmobiliaria San Valentino SpA.

El fallo representa un nuevo giro en el proceso que tensionó la administración de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), quien no logró la reelección y ahora busca competir como diputada por el distrito 10.

La disputa civil comenzó en abril de 2023, cuando el abogado Felipe Sánchez -representante de San Valentino- presentó un reclamo contra el Conservador de Bienes Raíces por negarse a inscribir la escritura pública de compraventa, fechada el 20 de enero de ese año.

Tras un extenso proceso, el tribunal acogió la solicitud: “Se acoge la solicitud de fecha 25 de abril de 2023 y, en consecuencia, se ordena al Conservador de Bienes Raíces de Santiago inscribir la escritura de compraventa de fecha 20 de enero de 2023 (…) mediante la cual la I. Municipalidad de Santiago, debidamente representada por su alcaldesa Irací Hassler Jacob, compra a la sociedad Inmobiliaria San Valentino SpA los inmuebles de calle Ventura Lavalle n° 431 y Sierra Bella n°1.181”, dictó el juez suplente Álvaro Cayuqueo.

El Conservador había rechazado la inscripción por omitir la cédula de identidad de Hassler, pero el magistrado descartó que ese error formal invalidara el acto: “La falta de anotación de la cédula de identidad (…) mal podría derivar en la nulidad absoluta, ya que claramente denota un defecto formal que inclusive puede ser salvado con la misma escritura”, agregó.

EXCLUSIONES DEL PROCESO

La Municipalidad de Santiago, ahora liderada por Mario Desbordes (RN), intentó oponerse a la acción civil, al igual que diputados del Partido Republicano que fueron querellantes en la causa penal. Sin embargo, ambos fueron excluidos del proceso por decisión de la Corte de Apelaciones en agosto.

El fallo deja pendiente el futuro del vale vista por más de $8 mil millones, que permanece en la notaría sin ser cobrado. Un tercio de ese monto ya fue cursado, mientras que el resto deberá ser solicitado por Sánchez mediante cobro ejecutivo.

Desbordes anunció que el municipio presentará acciones legales para revertir una sentencia judicial.

"El fantasma de la desastrosa gestión de Irací Hassler sigue rondando en la finanza del municipio y en el dinero de todos los vecinos de Santiago. Son miles de millones de pesos los que están en juego producto de su pésima gestión y de las acciones que realizó cuando era alcaldesa, de las que no se hace responsable. Celebró con champaña porque había sido sobreseída temporalmente”, recordó el jefe comunal.

“Esta cuestión podría reabrirse, sobreseída en materia penal, pero al mismo tiempo, nada dice respecto de lo que sigue sucediendo, como lo que acaba de pasar hoy, en donde un tribunal, un juzgado civil, estaría acogiendo la solicitud de inscribir la compraventa”, agregó.

"¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el municipio, si no lo frenamos, debería pagar 8 mil millones por algo que vale 2 mil millones de pesos", indicó.

Desbordes afirmó que la municipalidad apelará contra esta sentencia. "Vamos a recurrir a este fallo y vamos a impulsar con fuerza el juicio civil paralelo en donde se está discutiendo la lesión enorme, porque, vuelvo a insistir, se intenta vender en ocho mil algo que vale dos mil millones de pesos. Vamos a buscar todas las fórmulas penales para que se sancione esto y a todos los responsables”.

“Vamos también a insistir en todas las fórmulas civiles que anulen esto que lamentablemente sigue generando problemas al municipio de Santiago. Espero que la señorita Hassler tenga una explicación para esto. Espero que se haga responsable del tremendo daño que le ha hecho el municipio con casi 8 mil millones de pesos empozados hace ya tres años", concluyó el jefe comunal.

A comienzos de 2023, Hassler impulsó la compra de Sierra Bella para instalar la primera clínica municipal de Santiago. Aunque el contrato estaba firmado y parte del pago ejecutado, la operación se detuvo tras duros cuestionamientos de Contraloría y acusaciones políticas de sobreprecio y eventual fraude al Fisco.

Se alegaba que las autoridades comunales habrían coordinado con tasadores para justificar el precio pactado con San Valentino. Sin embargo, ninguna de las acusaciones fue comprobada. La investigación penal iniciada en febrero de 2023 fue cerrada en julio por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper: “He decidido no perseverar en el procedimiento porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal”, afirmó en el escrito que cerró la indagatoria.