Cuando la Corte Suprema ordenó al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería la obligación de tener que implementar mecanismos para que las personas que están privadas de libertad en distintos recintos del país puedan ejercer su voto en las próximas elecciones muy pocos realmente entendieron el mensaje.

 

La medida emanó de dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) y que el organismo acogió. La Corte calificó de “ilegal” el actuar del Servel y Gendarmería, ordenando que se habilite el voto para aquellas personas privadas de libertad que sí deberían poder sufragar.

 

 

Los mayores de 18 años que tienen nacionalidad chilena y no han sido condenados por pena aflictiva (condena mayor a tres años y un día) o delitos de índole terrorista.

 

El fallo de la Corte Suprema indica que Gendarmería debe velar porque se respete la condición de ciudadano de las personas que están privadas de libertad bajo su custodia y que el Servicio Electoral tiene las facultades para instalar locales de votación en un recinto penitenciario.

 

 

Para el analista político de la Universidad Mayor, Germán Silva, la relevancia electoral que podría llegar a tener es muy poca.

 

“Se trata de una población muy acotada. Es muy poco probable que influyeran en un distrito o en una circunscripción”, comenta Silva.

 

“Que alguien salga a buscar esos votos yo te diría que es muy poco probable, porque es muy impopular. A lo mejor podría ser uno u otro gesto. Algún operador político ir a un centro carcelario de mucha población, un perfil muy acotado”, proyecta Silva.

 

Respecto a una posible tendencia en los votos de las personas privadas de libertad, el especialista también descarta alguna sorpresa, esto porque “el acceso a la información en dichos recintos dificulta que tengan el programa de un candidato, por ejemplo. Tengo la impresión de que se repetirían los mismos patrones que tiene la población, del ciudadano común y corriente”, elabora el analista.

 

A la fecha, la Corte Suprema determinó que la posibilidad de sufragar de los internos se aplicará en 5 ciudades: Arica, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas, instancia que verá su implementación en estas presidenciales.

 

Esta cifra de ciudades se entregó ya que el Servel no puede crear más mesas de las que ya están establecidas, y los reos beneficiados con este dictamen van a tener que ser trasladados por Gendarmería a los locales de votación que les sean asignados.

 

 

Ante esta situación, Joe González, presidente de los suboficiales de Gendarmería, sostuvo que “desde el punto de vista operativo, esto trae algunos problemas que van a dificultar ejecutar lo que está ordenando la Corte Suprema. No hay que olvidar que Gendarmería carece permanentemente de recursos humanos, carece de algunos medios como vehículos fiscales adecuados”.

 

“Yo creo que es un riesgo evidente trasladar personas imputadas a lugares de votación: va a haber mucha gente y es susceptible de que ocurra alguna descoordinación, puede haber algún tipo de rescate o intento de fuga, entonces es compleja la situación”, añadió.

 

Ante los dichos de los gendarmes, el senador Felipe Harboe, miembro de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, afirmó que el derecho a voto “no se puede conculcar, está establecido en la Constitución, pero creo que hay que tratar de ejercerlo sin aumentar los riesgos, porque la posibilidad de que se produzcan algunas fugas puede ser un tema muy complicado”.

 

Sobre las modificaciones legales que plantea el Servel, el parlamentario apuntó que “yo no escuché nada en la comisión de Constitución, nunca el Servel nos planteó eso, así que yo haría un llamado a ser ingeniosos y buscar la posibilidad de que ellos voten sin poner en riesgo a la ciudadanía”.