El medio digital CIPER realizó una investigación periodística y revisó las rendiciones de los candidatos a la gobernación metropolitana en la elección de mayo pasado.

Karina Oliva (Frente Amplio), quien ahora postula al Senado, contó con el equipo mejor pagado. Siete de sus asesores -militantes del partido Comunes, entre ellos su presidente y padre de una pequeña que tienen en común, Jorge Ramírez- presentaron boletas por un total de $137 millones.

Para establecer si esos valores están dentro de los precios de mercado, se compararon con otras candidaturas. Los registros históricos del Servel indican que cuatro asesores de Oliva están entre los mejor pagados en una campaña en la historia de esta entidad. Mejor remunerados que las campañas presidenciales, incluso.

Solo en las candidaturas presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares.

Y el centro de estudios vinculado al Partido Comunes ligado al Frente Amplio facturó otros $120 millones asociados a la campaña de gobernadores.

De acuerdo con el reportaje, elaborado con base en el registro del Servicio Electoral sobre gastos de campaña, siete asesores de la fallida candidatura del Frente Amplio -todos militantes de Comunes- presentaron boletas por un total de 137 millones de pesos.

La nómina está encabezada por Martín Miranda, ex jefe de campaña de Oliva, que cobró 8 millones mensuales (considerando cinco meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta): en total, 40 millones de pesos. 

Otro asesor, Luis Romero, encargado territorial del Distrito 14, cobró 10 millones de pesos solo por trabajar en la segunda vuelta (un mes), mientras que Jorge Ramírez, presidente de Comunes, recibió 15 millones de pesos en la primera ronda y 1,2 millones en el balotaje por "la preparación comunicacional de la candidata, generación de minutas de contenido temático y preparación de debates", dice el artículo de Ciper.

Les siguen Camila Ríos (25,5 millones totales, 5,1 millones mensuales), José Robredo (20,9 millones totales, 4,1 millones mensuales), Jean Flores (15 millones totales, 3,7 millones mensuales) y Diego Corvalán (10 millones totales, 2,5 millones mensuales).

Según el reportaje, los cuatro primeros recibieron un pago superior al de los asistentes mejor pagados de anteriores campañas presidenciales y sólo en las candidaturas de 2017 de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares.

Se comparó estos gastos con otras campañas anteriores de gran magnitud y las únicas que tienen montos similares son las de la presidencial de 2017. En la primera vuelta de esa campaña, la vocera del candidato Sebastián Piñera, la actual ministra Cecilia Pérez, aparece con cuatro boletas por un total de $18 millones ($4,5 millones mensuales); y su administrador electoral, el actual subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, recibió $17 millones ($4,25 millones mensuales). El colaborador mejor pagado de esa candidatura fue Jorge Espinoza Navarro, asesor publicitario con boletas por $20 millones ($5 millones mensuales).

Entre los aspirantes a la gobernación metropolitana que compitieron con Oliva, solo hay una campaña en las que se registró un colaborador con pagos de alrededor de 4 millones de pesos mensuales: Julio Feres Rebolledo, asesor de Rojo Edwards (Partido Republicano), por su trabajo en febrero y marzo de 2021.

El ex jefe de campaña de Oliva, Martín Miranda, aseguró a Ciper qué los siete colaboradores mejor pagados son todos militantes de Comunes porque, ante la falta de financiamiento y la tardanza en la aprobación del crédito bancario, fue difícil encontrar personas dispuestas a esperar entre seis a ocho meses para recibir su pago "y sin certeza de que eso fuese posible".

"No había gente disponible, por lo que solicitamos a compañeras y compañeros militantes del partido", afirmó.

Por otra parte, en la declaración de gastos de Oliva se establece que, además de los trabajos realizados por su equipo más cercano, hubo otras dos fuentes principales de insumos: encuestas y estudios realizados por Criteria Research, que facturó un total de 128 millones de pesos por su trabajo en las dos rondas electorales, y análisis electorales hechos por la Fundación Chile Movilizado, centro de estudios vinculado a Comunes que cobró 120 millones de pesos.