La defensa del ex alcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera (ex PS), actualmente en prisión preventiva por delitos de corrupción durante su gestión en el municipio, desistió del recurso de apelación presentado para que se anularan las elecciones en que el DC Gustavo Toro lo venció, y reconoció su derrota.

"Por este acto, en consideración a nuestra calidad de abogados patrocinantes del apelante Sr. Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, y a las facultades que nos fueron conferidas a través de Mandato Judicial que obra en autos, otorgado con fecha 20 de mayo de 2021, ante la Notaría Pública de San Miguel, venimos en desistirnos expresamente del recurso de apelación objeto de los presentes autos de segunda instancia", indica el escrito presentado al Tricel por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos el viernes pasado.

Sin embargo, a través del propio Lagos, Aguilera manifestó que "me siento violentado" por la ofensiva judicial que encabezó el ex concejal DC, y aseguró que "estoy en una situación de mucha impotencia y siento que se me arrebató una victoria electoral sin tener ningún fundamento".

"Toro presentó testigos falsos, logró anular la elección y después hizo una campaña de desprestigio con mentiras en los medios de comunicación, como mi vinculación con los narcotraficantes de la comuna", acusó el ex alcalde, que en 2017 se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la "narcopolítica" en Chile, según consigna La Tercera.

A pesar de aquello, insistió en que "nunca se ha logrado acreditar ningún tipo de vínculo de algún sujeto que participe en el narcotráfico. No quería desistirme de esta apelación. Sólo espero que las imputaciones que se me hacen puedan ser vistas por jueces que estén desprejuiciados", aunque los cargos que lo tienen en prisión preventiva hoy son cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
 
En paralelo, los abogados de Aguilera solicitaron al 15º Juzgado de Garantía de Santiago autorizar el ingreso al penal Santiago 1 -donde se encuentra recluido- del psiquiatra Rodrigo Paz, uno de los médicos tratantes del ex jefe comunal, pues en sus visitas a ese recinto, este "ha manifestado que padece de una serie de trastornos de orden psicológico que lo tienen muy afectado", según el escrito de la defensa.

Aquel cuadro se vería "agravado en esta circunstancia de privación de libertad, puesto que como cuadro preexistente ya estaba diagnosticado con crisis de pánico, entre otras afecciones, como fue referido y respaldado en audiencias anteriores en la presente causa".

La magistrada Mónica Vergara solicitó a los abogados presentar "los antecedentes que acreditan la idoneidad del médico psiquiatra", y luego acogió su petición.