Foto: Dos que serían favorecidos por proyecto de ley. Brigadier (R) Miguel Krassnnoff condenado a mil 50 años y mayor (R) Alvaro Corbalán condenado a cerca de 350 años por distintos crímenes

La Sala del Senado inició la discusión del proyecto de ley que permite el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad mediante reclusión domiciliaria total, es decir, en sus casas, para personas privadas de libertad con enfermedades terminales o de avanzada edad, instancia marcada por un intenso debate político y por las cifras entregadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.

Según destaca la web del Senado y que consigna Biobío, durante su intervención, el secretario de Estado manifestó el rechazo del Ejecutivo a la iniciativa y advirtió que, de aprobarse en los términos actuales, podría beneficiar a un total de 735 personas condenadas, incluyendo 370 sentenciadas por crímenes de lesa humanidad.

Según detalló Gajardo ante la Sala, otros 365 potenciales beneficiarios corresponden a condenados por delitos comunes, de los cuales 192 cumplen penas por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio. A juicio del ministro, estas cifras evidencian el impacto que tendría el proyecto, permitiendo que personas condenadas por graves delitos cumplan el resto de sus penas en sus domicilios.

El proyecto, que se originó en una moción de senadores de Chile Vamos encabezados por Francisco Chahuán (RN), busca establecer un régimen excepcional para que internos con enfermedades graves o que hayan alcanzado cierta edad puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total. En el caso de los adultos mayores, la propuesta considera a hombres desde los 70 años y mujeres desde los 65, siempre que la suma de su edad y los años efectivamente cumplidos en prisión alcance los 80 años.

Gajardo sostuvo que la iniciativa presenta “falencias técnicas y jurídicas”, además de una “tensión evidente” con los compromisos internacionales de Chile, señalando que podría contravenir el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a sanciones por crímenes de lesa humanidad.

Pese a los reparos del Ejecutivo y de un grupo mayoritario de senadores que se manifestaron en contra, la Sala dio curso al primer debate de la iniciativa.

Una solicitud para que el proyecto fuera revisado por la Comisión de Constitución fue rechazada por 24 votos en contra y 21 a favor, mientras que una segunda discusión quedó supeditada a lo que definan los comités parlamentarios, dado que la propuesta no cuenta con urgencia legislativa.

La discusión se extendió por más de dos horas y dejó en evidencia la profunda división en torno a una iniciativa que, según sus impulsores, busca humanizar el cumplimiento de las penas, pero que para sus detractores abre la puerta a beneficios para condenados por los delitos más graves contemplados en la legislación chilena.