El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda por fraude al fisco contra quienes resulten responables de un sobrecosto por casi 2.043 millones de pesos en arriendo de equipos de radiocomunicaciones entre Gendarmería y la empresa Comsa Industrial.

En la acción judicial, presentada este martes, el CDE acusó que "funcionarios de Gendarmería encargados del resguardo del patrimonio fiscal por razón de su cargo, dolosamente infringieron sus deberes efectuando pagos por una prestación sin justificación alguna".

De todas maneras, por ahora no hay una acusación directa contra alguna persona natural o jurídica en este caso.

La situación fue analizada por el presidente del CDE, Juan Peribonio, quien señaló al medio La Segunda que el Consejo tiene "el deber de presentar una querella criminal cuando estamos en presencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos y que acrediten una evidente falta del deber de un funcionario público, lo que se produce con acciones dolosas, tendientes a administrar de forma desleal el patrimonio público y que ocasionen un perjuicio fiscal".

La querella indicó que el fraude se dio entre 2011 y 2019, cuando, a través de cuatro contratos sucesivos y por vía directa, se ejecutó la malversación en estos contratos, en los que se arrendaba un sistema de radiocomunicaciones troncalizado y digital para los recintos penales de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Talcahuano.

A esto se sumaban la Dirección Nacional de Gendarmería, el "Palacio de Tribunales" en Santiago y el Penal Punta Peuco, entre otros.

Según consignó el medio antes citado, la malversación se dio cuando, en primera instancia, se arrendó de manera mensual la infraestructura de radiocomunicaciones que pasó a dominio fiscal al vencimiento del primer contrato en 2017, algo que también incluyó un pago mensual -hasta 2019- por supuestas "obras civiles para la adecuada instalación" de la infraestructura, algo que sólo se realizó una vez en 2011.

"Por una parte, no es procedente el arrendamiento de bienes propios y, por otro lado, tampoco procedía pagar dentro de la renta de arrendamiento altas sumas de dinero por obras que lógicamente fueron ejecutadas y pagadas al comienzo, durante la vigencia del primer contrato", acusó el CDE.

Además de los equipos antes mencionados, el contrato incluyó la instalación en cada uno de los recintos de torres de transmisión, contenedores panelizados y cercos perimetrales, todo avaluado por la empresa a cargo en marzo de 2016 en 16.467,35 UF, lo que se traduce en unos 425 millones de pesos de la época.

Finalmente, la acción judicial del CDE indicó que "el sobreprecio pagado asciende a la suma neta de 2.042,792.631 pesos, actualizado a valor UF de 26 de mayo de 2021 y que se explica únicamente por el hecho de haberse pactado, cobrado y pagado rentas de arrendamiento por bienes de propiedad fiscal".