Un edificio de 15 pisos destinado a albergar 85 departamentos para viviendas sociales. Esa fue la obra ícono del proyecto de integración social de la Rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes, impulsado bajo el mandato del exalcalde Joaquín Lavín. En el primer piso del edificio, cafetería, gimnasio, salas de uso común, conserjería, oficina administrativa, servicios higiénicos, acceso a escaleras y ascensores. En el último, paneles solares y una terraza con quinchos. Además, en el subterráneo, estacionamientos, bodegas y salas de equipo.

Ese fue el encargo que hizo la Municipalidad de Las Condes en diciembre de 2019, cuando adjudicó la licitación del proyecto a la Constructora Sudamericana Chile S.A (COSUD), una empresa que ya se había adjudicado en 2016 la construcción del Centro Deportivo Municipal de Las Condes, en el cerro Apoquindo, por casi $7 mil millones.

La licitación del proyecto de integración incluía también la construcción de un centro comunitario municipal de cinco pisos y una sala multiuso de cuatro pisos. Todo debía estar listo en poco más de un año. Pero la pandemia cambió los planes y las cuarentenas en la comuna obligaron a detener las obras por casi cuatro meses.

En noviembre de 2020, el entonces alcalde Joaquín Lavín sometió a votación en el Concejo comunal una propuesta para este proyecto, que implicaba desembolsar más de $202 millones extras al contrato original con la constructora, que ya llegaba a casi $11 mil millones, y que se le adjudicaría sin ninguna competencia. Este se planteó como “servicios conexos”, en los que se incluían labores de gestión administrativa, reuniones de obra y coordinación.

Una decisión cuestionada por Contraloría ya que, al revisar los contratos, constató que dentro del contrato original ya estaban incluidas las labores que se describieron en el nuevo acuerdo, por lo que no habría ninguna justificación para desembolsar más dinero para la constructora.

Los millones que se presentaron como compensación
Las actas de sesión del concejo de noviembre de 2020, muestran que el director de Infraestructura y Servicios Públicos, Carlos Huidobro, dijo que había llegado una carta de la constructora anunciando que la Municipalidad debía pagar los gastos de los meses de cuarentena que tuvieron a equipos y grúas sin poder utilizarse, pidiendo $223 millones por ello.

El concejal Julio Dittborn (UDI), opinó en la sesión que “el monto negociado es absolutamente razonable” y que “se compara muy bien con aquello que el sector privado está logrando con las constructoras que se encontraban en una situación similar en el país”. Además, advirtió al resto de los concejales que “si no se compensa a la empresa constructora, el tema tendría que ser resuelto en los tribunales”.

Luego de esta intervención, Felipe de Pujadas (DC), entonces concejal, preguntó “si la propuesta es que la municipalidad pague una especie de compensación a la empresa constructora (...) producto de la inactividad económica que tuvo durante la cuarentena”.

Huidobro fue claro en su respuesta: “Efectivamente, la propuesta es pagar esa especie de compensación a la empresa constructora. No obstante, es importante mencionar que, durante la pandemia, se continuó avanzando en trabajos profesionales, por ejemplo, en la revisión de proyectos, que buscaban no generar gastos adicionales, los que, en general, son bastante recurrentes en las obras de construcción”.

Joaquín Lavin pidió que se votara la aprobación del contrato. Los concejales la apoyaron de forma casi unánime. Pero hubo un voto disidente: el de la entonces concejal Carolina Cotapos (UDI). “Es que no correspondía. Imaginate que teníamos gente sufriendo por efecto de la pandemia, adultos mayores sufriendo problemas de salud, de cero conectividad. Y nosotros le pasamos $200 millones a la constructora. Yo lo encontré una locura. Encuentro, de verdad, que no es justo”, dice hoy Cotapos según consigna el canal Mega.

En los descargos hechos a la auditoría de Contraloría, la municipalidad, ahora dirigida por la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) , aseguró que “el contrato en comento no es a título compensatorio ni indemnizatorio y que se produjo en circunstancias de la paralización del contrato”. También argumentó que ese nuevo acuerdo permitiría retomar con mayor celeridad las obras una vez acabadas las cuarentenas.

Sin embargo, el informe es claro al señalar que no correspondía negociar ningún dinero adicional, ya que el contrato original con la constructora establecía que “en caso de caso fortuito o fuerza mayor, las obras se podrán suspender o aumentar el plazo, sin hacer mención alguna a indemnizaciones o compensaciones”.

Deberá devolver $30 millones a las arcas municipales

A esto se suman otros dos contratos aprobados por obras extraordinarias, con las que se incorporaron equipos, grúas y andamios para la construcción de las viviendas sociales. Estos acuerdos costaron al municipio casi $43 millones.

Contraloría constató que estos gastos ya estaban considerados en el contrato original con la constructora: “No se considerarán obras extraordinarias todas aquéllas que el contratista no haya considerado en su oferta y que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitación”.

Con estos antecedentes, la municipalidad va a tener que restituir $30 millones. Para esto, tiene un plazo de 30 días hábiles que terminan el próximo martes 21 de febrero.