La opinión pública se ha “sorprendido” al conocer los altos niveles salariales en instituciones que cumplen funciones públicas y creadas por ley, como el FAPP Fondo Autónomo de Protección Previsional donde los máximos ejecutivos tienen sueldos altísimos entre $16,0 millones y $20,0 millones mensuales brutos; en el caso de otras instituciones públicas producto de los bonos variables de la asignación de modernización que se paga trimestralmente, los altos directivos públicos recibieron bonos “trimestralizado” entre $8,0 a $11,0 millones.

También se han conocido los cuestionamientos de la CNE a algunos gastos del Coordinador Eléctrico como primas de seguros, entrenadores personales, equipamiento para gimnasios etc que se financian con el cargo “por servicio público” que pagamos los consumidores; además, tanto en el FAPP como Coordinador Eléctrico se conoce que han aumentado las contrataciones vía “Tratos Directos” y no por Licitaciones Públicas.

Estos casos revelan una preocupante cultura en muchas instituciones de servicios de una fuerte cultura del despilfarro, donde no se está cuidando un buen uso de los recursos públicos.

 Se requiere más austeridad pública, más transparencia en el uso de los recursos públicas, limitar las contrataciones que signifiquen altos niveles salariales (superiores a $10,0 millones mensuales) en las instituciones que cumplen funciones de servicio público, excesivos gastos en asesorías de poca pertinencia institucional y revisar “desfocalizaciones” del gasto en beneficios sociales que optimicen la inversión en protección social.

También es relevante revisar la calidad del gasto público en prestaciones de protección social y que no existan fuga de recursos o desfocalizaciones que deben remediarse, como revisar la pertinencia del gasto público en instituciones como INJUV, Direcciones Provinciales de Educación en MINEDUC estando los SLEPS.

La ley de Presupuesto 2026 debe mantener el gasto en mayor seguridad en los barrios, ir disminuyendo las listas de espera, incentivar las exportaciones y diversificación productiva de las regiones, fomentar la disminución del déficit habitacional y mejorar calidad educativa, pero también debe tener una línea de austeridad fiscal que signifique reducir el gasto fiscal en directivos con salarios desproporcionados a la realidad chilena como lo vimos en el FAPP, controlar el gasto operacional en asesorías, tratos directos y fomentar más las licitaciones públicas competitivas que aseguren una gestión pública transparente, eficiente y eficaz, temas que plantearemos vía indicaciones y nuevas glosas a la ley de Presupuestos 2026 en el mes de octubre.