La Fiscalía Oriente, a cargo de las diligencias contra Luis Hermosilla en el marco del caso Audio, abrió una nueva arista investigativa a raíz de los chats del abogado con Felipe Ward, militante de la UDI. El ente persecutor determinará si Ward –quien se encuentra en calidad de imputado– cometió irregularidades mientras se desempeñaba como ministro de Vivienda y Urbanismo durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.

Según una publicación de Ciper, Hermosilla habría gestionado con Ward permisos de construcción para agilizar el proyecto Parque Capital en la comuna de Lampa, a cargo de la empresa Grupo Patio, perteneciente a la familia Jalaff, quienes están en el ojo púbico por la formalización de Álvaro Jalaff, imputado por delitos tributarios bajo el caso Factop, que también se destapó tras las conversaciones de Hermosilla.

En específico, entre 2019 y 2022, cuando la cartera era liderada por Felipe Ward, Hermosilla consiguió que tres informes de Factibilidad para Construcciones (IFC) –que se requieren para construir en terrenos rurales– fueran entregados en dos meses y medio, cuando normalmente uno de estos permisos pueden tardar hasta dos años.

Estas presuntas irregularidades fueron desmentidas por el exministro mediante un video, en el que señaló: “Creo que se ha dicho que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos. Y en esa lista estaba este proyecto”, según consigna La Tercera.

Versión que va en línea con lo que sostuvo el actual ministro de la cartera, Carlos Montes, cuando anunció un sumario para determinar responsabilidades en el caso de que se hayan cometido delitos.

“En el tiempo en que todo el mundo habla de la permisología es lo frecuente, que se planteen las necesidades en distintos proyectos. En sí mismo eso no constituye una irregularidad. O sea, hay que ver si eso altera o no el orden de las cosas, si influyen ciertos intereses o no, pero eso es otra discusión”, indicó Montes.

Y recalcó: “Es muy frecuente que distintas empresas presenten solicitudes de audiencias por lobby, presenten sus proyectos y planteen la necesidad de ver ciertos obstáculos que puedan tener. Eso es parte de la actividad normal del Ministerio. En mi gestión habré recibido unos seis o siete proyectos grandes que piden audiencias por lobby para ver los problemas. Por lo tanto, eso en sí mismo, no tiene anormalidad”.