El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, no descartó una acusación constitucional (juicio político) contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (Partido Socialista).

Esto, en medio del escándalo por delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco que impactan al Gobierno, tras el traspaso de 426 millones de pesos desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, entidad ligada a militantes de Revolución Democrática (RD), la principal fuerza del conjunto de partidos y movimientos del Frente Amplio (FA).

El estallido del entramado provocó la salida de Carlos Contreras, el seremi que suscribió los convenios, mientras que la diputada y expresidenta de RD Catalina Pérez, pareja de Daniel Andrade, representante legal de la fundación, tuvo que suspender sus funciones como vicepresidenta de la Cámara Baja.

El pasado fin de semana, el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia a la número dos del ministerio de Vivienda, la subsecretaria Tatiana Rojas, también militante de RD.

"Estamos en presencia de una figura que está siendo muy compleja y creo que al ministro Montes también se le está acabando el tiempo para tomar acciones más concretas. Acá no basta con la simple renuncia de una subsecretaria o el despido -la subsecretaria fue removida-, pero creo que hay responsabilidades políticas más importantes que en el Parlamento no tengo ninguna duda de que van a ir avanzando", dijo Macaya en radio Cooperativa. 

Consultado por un eventual juicio político al ministro de Vivienda en el Congreso, el dirigente opositor señaló: "No descarto acciones constitucionales que puedan interponerse contra personas que aparezcan involucradas por acción o por omisión".

"A mi juicio, cuando estás en un cargo tan importante como el de ministro de Estado, hacer o generar un convenio o, incluso, si no tuviste la precaución de fiscalizar que esas entidades con las se firmaban estos convenios no tuvieran una mínima experiencia en la materia, obviamente hay una responsabilidad política que puede (derivar en una acusación constitucional), en caso de ser así el camino", sostuvo Macaya. 

"No descarto que eso pueda ocurrir en las próximas semanas", agregó. 

Según el parlamentario, "lo que el ministro Montes y el Gobierno tienen que hacer es entender quiénes son los que defraudaron la confianza del país, empleando recursos públicos que tenían un fin muy específico, que era justamente la solución del problema de los campamentos, para hacer acción política". 

Macaya también rechazó la férrea defensa que ayer entregó el Presidente Boric a su delegada del Biobío, Daniela Dresdner, y al seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, ambos militantes de RD, por sus vínculos con fundaciones investigadas por presuntas faltas a la probidad.

El líder UDI cuestionó los dichos del jefe de Estado, quien aseguró que no va a "decir que sí" a cualquier cosa, "ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición".

"Hubo una especie de cambio de tono del discurso del Presidente Boric de 'no pongo las manos al fuego por nadie' y ayer salir, de alguna manera, a blindar a algunos personeros. Yo tampoco tengo la absoluta claridad de cuáles son sus responsabilidades individuales, pero ya han pasado demasiadas cosas e irregularidades que son necesarias de investigar para poder avanzar en todas las otras agendas", apuntó el senador.

En tal sentido, Macaya instó a La Moneda a "que trate de no hacer defensas corporativas. Es burda la operación que uno empieza a vislumbrar en el Gobierno, donde se disfraza de fiscalizador, recorre Chile buscando papeles. Eso no los va a liberar".

"Quien traspasó estos fondos fue el Gobierno y a fundaciones que están ligadas al Frente Amplio. Hay evidencia que ustedes mismos, la prensa, la opinión pública, se han encargado de ir dilucidando. Yo creo que esto tiene por un rato, sobre todo si queremos recuperar las confianzas en agendas sociales y políticas que son importantes en el Congreso", enfatizó. 

Asimismo, Macaya criticó el último golpe del contralor Jorge Bermúdez, quien tomó la decisión de paralizar la toma de razón de los contratos entre el Estado y fundaciones tras el caso que involucra a RD.

En opinión del senador, en las ONG "están pagando justos por pecadores". 

"Se ha tratado de pasar gato por liebre en este escándalo. Ayer la Contraloría tomó una decisión que, para mí, es bien inentendible, dando a entender que el problema son las transferencias a las fundaciones. El problema no es ese; el problema es el uso que personas ligadas al Frente Amplio han hecho de una figura que no corresponde, disfrazando de sociedad civil una maquinaria para defraudar al fisco", reprochó el timonel gremialista. 

"Es muy importante hacer la distinción: acá el problema no son las fundaciones, sino el mal uso que personas ligadas al Frente Amplio, del oficialismo, han hecho de esta figura (...) Es la entrega de recursos millonarios a entidades con cero experiencia, que no tenían la capacidad de sacar adelante tareas en materia de vivienda y tenían otros fines que no eran servir al país", remarcó.