El senador Matías Walker endureció sus cuestionamientos contra la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno y acusó al Ejecutivo de recurrir a una “pirotecnia constitucional” con el objetivo de obtener réditos en las encuestas.

En distintas entrevistas el parlamentario reiteró que La Moneda no contará con su voto para aprobar la iniciativa y sostuvo que el Gobierno privilegió una estrategia comunicacional en lugar de avanzar en proyectos que, a su juicio, entregarían herramientas más efectivas contra el crimen organizado.

“Probablemente se busca, en un momento de dificultad económica (…) generar un alza de un par de puntos en las encuestas, pero sabiendo que esto no ayuda a la agenda de seguridad más sustantiva”, afirmó.

El senador apuntó directamente al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Comunicaciones (Secom que depende del ministro vocero Alvarado) y aseguró que detrás de la reforma existe una estrategia destinada a dividir políticamente al Congreso entre quienes respalden o rechacen la propuesta.

“Esta es una operación político-comunicacional del Ministerio de Seguridad junto con la Secom que, en vez de resguardar herramientas efectivas para perseguir al crimen organizado, ha optado por la pirotecnia constitucional”, sostuvo en el Diario Financiero.

El parlamentario planteó que la estrategia buscaría construir un relato que divida a los senadores “entre buenos y malos” en materia de seguridad.

La propuesta incluye ocho cambios constitucionales y requiere cuatro séptimos para ser aprobada: 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sus principales dudas están en el nuevo estado de excepción contemplado en la reforma y  las facultades que entregaría durante su vigencia, que, para el senador, establece «una suerte de estado de asamblea por ocho meses sin pronunciamiento del Congreso, afectando la libertad individual de todos los ciudadanos», es decir,  “afectando el derecho de reunión, afectando las interceptaciones telefónicas, no del crimen organizado, no del terrorismo, de todos los ciudadanos, sin control del Congreso”.

También objetó la facultad contemplada para que el Presidente de la República pueda determinar qué organizaciones son terroristas con acuerdo del Senado en sesión secreta, «cuando lo propio de esa determinación es de los tribunales de justicia”, sostuvo.

“Es un proyecto de reforma constitucional que nos sorprendió a todos, que afecta a los derechos y libertades más básicos. Yo lo dije y lo reitero: así comienzan a morir las democracias, lo hemos visto en América Latina”, afirmó en canal 13.