El régimen del izquierdista Daniel Ortega ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia católica, dejando a Nicaragua sin religiosas. Según recoge la agencia de información AICA, las pocas monjas que permanecían en el país recibieron un ultimátum para abandonar el territorio antes de que finalice diciembre.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina ha denunciado en su cuenta de X que en las próximas semanas se observará «gran presencia de religiosas en los puestos migratorios, porque la dictadura les ha dado el ultimátum: 'Tienen hasta diciembre para abandonar el país'». Las religiosas buscarán refugio en países donde ya se encuentren sus congregaciones, la mayoría de ellos en Hispanoamérica. Además de forzarlas al exilio, el régimen ha cancelado las organizaciones sin fines de lucro vinculadas a las religiosas, confiscando todas sus propiedades.

En paralelo, la dictadura ha intensificado la expulsión de sacerdotes. El pasado 29 de noviembre, Molina denunció el destierro del padre Asdrúbal Zeledón Ruiz, de la diócesis de Jinotega, y la prohibición de ingreso a otro sacerdote nicaragüense. Según los informes, al menos tres sacerdotes han sido afectados solo en el último mes.

Uno de los casos más recientes es el del padre Floriano Ceferino Vargas, quien, tras ser detenido el pasado domingo en la iglesia de San Martín (diócesis de Bluefields, Nicaragua), fue expulsado a Panamá. Según el agricultor Medardo Mairena, quien ha confirmado el hecho, esta acción refleja la estrategia del régimen: expulsar rápidamente a los sacerdotes arrestados sin procesos judiciales prolongados.

Desde abril de 2018, según los registros de Molina que recoge AICA, más de 250 religiosos han sido expulsados, desterrados o forzados al exilio. Esta ola represiva contra la Iglesia no solo evidencia la sistemática violación de derechos humanos en el país, sino también la creciente hostilidad del régimen hacia las instituciones eclesiásticas.