Las empresas eléctricas -sean generadoras, transmisoras o distribuidoras- funcionan en un mercado altamente regulado, especialmente el proceso tarifario y el sistema de distribución a los clientes regulados y libres, pero han logrado transformarse en las empresas que según la ciudadanía tienen las conductas más abusivas.

Probablemente es producto del alto valor de las tarifas eléctricas y el descongelamiento ocurrido en 2024 que significó un alza promedio del 60%.

Según la información técnica disponible, Chile tiene tarifas eléctricas residenciales que son significativamente más caras que en países como Perú, Panamá, México, Ecuador, Brasil, Argentina y Paraguay y también superan a los de Francia (13% más), Alemania (8% más) y España (5% más).

Hay un mix que incide en las tarifas que están presionando al alza como son los altos costos de transmisión y distribución, el tipo de cambio, la alta inflación y los cargos por servicio público que “se traspasan” a las tarifas, como los costos del Coordinador Eléctrico. Además, el congelamiento tarifario de los años 2019 a 2024 generó una deuda con las empresas de US$ 800,0 millones que pagaremos todos los clientes.

Hoy cuando se detecta un doble error en el cobro del descongelamiento, uno ligado a Transelec que calculó mal unos inventarios de capital y el otro por “un doble IPC” que afectó a los 7,0 millones de clientes regulados y que obliga a devolver a los clientes esos US$ 210 millones mal cobrados mediante un descuento de $2.100 mensuales por 6 meses en el próximo decreto tarifario aparece el vocero de las generadoras eléctricas poniendo dudas al anuncio gubernamental señalando “que no hay acuerdo con ellos”.

Otra vez las generadoras bloquean acuerdos en favor de los consumidores, ellos junto al gremio de los PMGD se han opuesto a financiar de manera mixta el subsidio para 2,0 millones de familias del 40% más vulnerable que permitiría atenuar el alza “del descongelamiento”. Este lobby empresarial tiene “congelado” este proyecto de ley en la Comisión de Hacienda del Senado hace meses impidiendo concretar ese beneficio junto a otros que favorecen a clientes con familiares electrodependientes, a clientes de los sistemas medianos de Aysén y Magallanes y a familias de las comunas donde se instalan proyectos fotovoltaicos.

Tiene razón la ciudadanía al considerar a las empresas eléctricas como las más abusivas porque su actuar en los últimos meses está impidiendo avanzar en mayor equidad tarifaria en un sistema eléctrico muy caro para la mayoría de las familias.

Urgente el sistema eléctrico debe avanzar en reformas que apunten a una mayor equidad tarifaria a pesar del lobby de las eléctricas.