El gobierno ha presentado su Reforma Tributaria progresiva es decir centrada en el 3% de contribuyentes de mayores ingresos para que paguen más impuestos personales y los de mayor patrimonio -7.000 personas con patrimonio superior a US$ 5,0 millones- paguen un impuesto especial; un royalty para la minería del cobre que captura las mayores rentas cuando hay mejores precios, nuevas herramientas para combatir la elusión tributaria como la creación de un Registro de beneficiarios directos y finales; cuya mayor recaudación fiscal -estimada en 4% del PIB- será destinada a financiar mayores bienes sociales inclusivos como pensión básica en $250.000 mensuales, mejor salud pública, educación pública de calidad, mayores recursos para regiones.

 Pero la derecha conservadora como ha ocurrido en todas las reformas tributarias que elevan impuestos sale a señalar que esto “daña la inversión o la paga la clase media”, que no recauda lo que dice, que no es oportuna por la situación económica. Como siempre la derecha se opone a esta nueva reforma tributaria y hace poco creíble su discurso ante el 4 de septiembre de “rechazar para reformar”, actúa como lo ha hecho siempre oponiéndose a cualquier cambio que signifique que las personas que más tienen -el 3% más rico- paguen más impuestos, eso ha sido constante la derecha y esta vez lo reitera.

 Cuando la derecha dice que la reforma tributaria “daña la inversión” nada dice que las empresas que pagan 27% de impuesto corporativo podrán pagar sólo 25% de tasa, si la diferencia la destinan a inversión en productividad como “financiar proyectos relacionados a innovación y desarrollo (I+D), adquisición de manufactura y servicios de alta tecnología a proveedores locales entre otros”. Nada dice de las medidas “pro pyme” como mantener su actual sistema integrado, que se le incorporan a los beneficios en inversión en I+D privada, que se incentivará el desarrollo de la inversión pública y privada en capital de riesgo, que habrá un crédito especial IVA para nuevos emprendimientos que permitirá acompañar a los emprendedores en su primer año de operación entre otras medidas.

 Se aumentan los impuestos personales al 3% de los contribuyentes de mayores ingresos y no a la real clase media. Quién propuso aumentar la tasa de impuestos personales a la clase media empobrecida -la que gana $750.000 mensuales- fue la derecha vía Evopolis con el argumento de que se debe “ampliar la base” de las personas que pagan impuesto a la renta, eso quiere decir que propone que esas personas que hoy están exentos del impuesto a la renta -desde $750.000 hacia abajo- debieran empezar a pagar impuestos. O sea la derecha propone que los 8,0 millones de personas que están exentos de pagar impuesto a la renta empiecen a pagar porque eso si aumentaría la recaudación fiscal.

O sea la derecha a una reforma tributaria progresiva se opone proponiendo medidas regresivas, como ha ocurrido en las últimas décadas donde en el año 2003 con los senadores designados de su lado impuso el aumento de IVA para financiar el Plan Auge.

Esa oposición permanente a legislar para subir la carga impositiva nos sitúa como uno de los países con las cargas tributarias más bajas en la OCDE, con una carga como porcentaje del PIB de solo 20,7% en 2019 lejos de la mediana OCDE que se ubica en el 34,7%.

Si Chile quiere ser un país con más inclusión social, menos desigualdades debe aumentar su recaudación fiscal -de manera progresiva y transparente- y destinarla a financiar nuevos “bienes sociales”. El mundo progresista de centroizquierda e izquierda en la última campaña presidencial promovió un Pacto Tributario con cambios progresivos y graduales que permitieran aumentar la recaudación fiscal y así poder financiar con responsabilidad fiscal más “bienes sociales” que nos conduzcan a un Chile más equitativo con mejores pensiones, seguro único de salud, mejor calidad en la educación pública, más recursos para regiones.

Este 2022 de nuevo los partidarios de una reforma tributaria progresiva deben unirse y actuar políticamente coordinados para ganar la batalla política y comunicacional que instalara la derecha conservadora que se opone a estos cambios tributarios.

El Ministro de Hacienda deberá ejercer un liderazgo integrador, flexible y dialogante para sacar adelante en un Parlamento -en que el gobierno no es mayoría- una Reforma Tributaria que efectivamente sea progresiva (o sea haga pagar más impuestos a los que más tienen), avance en Transparencia tributaria para disminuir elusión y evasión tributaria y permita financiar de manera responsable más “bienes de inclusión social”.

Las anteriores reformas tributarias estuvieron centradas en las tasas a las empresas, hoy -recogiendo el consenso progresista- se apunta más en instalar progresividad y transparencia. El techo de la tasa de impuestos personales en Chile hoy es inferior a España, Nueva Zelanda por ej que tiene tope entre 33% y 39%, por tanto hay espacio para aumentarlo como lo propone Mario Marcel.

Es relevante tener un Registro de Dueños finales de las empresas porque eso ayudará a combatir la elusión y la evasión tributaria y es una cuestión que desde 2020 planteó la centroizquierda en las leyes de presupuesto tomando como base las recomendaciones de mayor transparencia que hace OCDE.

Esta reforma tributaria debiera reforzar la descentralización dando pasos relevantes para que las regiones tengan más ingresos propios. Parte relevante de lo recaudado por royalty a la gran minería de cobre debe quedar en regiones, también debe darse ya la señal de la renovación de los recursos a las regiones que genera el subsidio espejo al Transantiago que se terminan este 2022. Los $700.000 millones a las regiones deben renovarse ahora de manera permanente para mejorar el transporte público regional y el desarrollo regional.

Es la hora de la unidad para avanzar de verdad en mejorar la calidad de vida de las familias chilenas.